El gobierno provincial de Neuquen planea grandes negocios con nuestro derecho al agua potable. Una obra que se vende como agua potable para la población pero que en realidad es el negocio del agua de riego para 30000 has. de Expofrut, Kleppe y cía. Todos monopolios agroindustriales que nos hacen pagar las obras de infraestructura al pueblo trabajador.
La obra hídrica que se hace en el lago Marí Menuco se financia con el aporte de todos los neuquinos, con la facturación del agua y con sus impuestos, porque es una obra financiada por el estado provincial. El costo total del emprendimiento es de 300 millones de pesos para su construcción. Una vez puesto en funcionamiento, prácticamente no requiere más inversiones que las del mantenimiento y los salarios.
En toda esta región, privilegiada por sus numerosos cursos y espejos de agua cristalina, el costo de la potabilización del agua para consumo humano es casi inexistente. Muchos neuquinos conocen por experiencia propia que el agua de nuestros ríos, especialmente aguas arriba de los centros urbanos, puede beberse sin temor, aunque su contaminación avanza y cada vez se hace necesario tener más precaución.
Los costos principales del sistema de agua son los derivados del mantenimiento y operación de las redes, un sector ampliamente tercerizado, como los trabajadores del Epas denuncian hace varios años. Del costo total de la obra, el sistema de captación demanda nada más que 19 millones de pesos, y la planta de potabilización 54 millones. El resto, más de 200 millones de pesos, se gasta en el entubamiento y el canal a cielo abierto. Este es el que transporta el agua potabilizada, el canal a cielo abierto transporta agua para riego. Se planea irrigar 30.000 hectáreas para ponerlas en producción con el agua de Marí Menuco.
Ahora bien, el eje de la campaña de difusión de la obra fue declarar que se trataba de la solución al problema de la escasez de agua en Neuquén Capital. Pero sólo el 15% del agua producida por Marí Menuco es filtrada, potabilizada y entubada. El grueso de los costos de la obra son los del sistema de riego, que se lleva el 85% del agua producida.
Surge la pregunta inevitable ¿qué se pretende ocultar al omitir esta información?
La realidad es que, al igual que con las bodegas del Chañar, lo que hay detrás de estos proyectos son negociados con empresarios cercanos al ejecutivo. Esas 30 mil hectáreas que se pondrán bajo riego no pertenecen a ningún trabajador ni su explotación beneficiará a los ciudadanos comunes que, sin saberlo, financian la obra de irrigación.
Pero además, existe un impacto importante en la planta de empleados del EPAS. El acueducto y la planta requieren de apenas 25 personas para su operación, pero ningún empleado del EPAS ha recibido todavía capacitación para hacerlo, mientras que el gobierno no dice con claridad quién se hará cargo de ello.
Los trabajadores del EPAS ya conocen los manejos que se estilan hacer, y temen que no se trate de otra cosa que de una tercerización encubierta. Pero más grave resulta si se considera que, con el acueducto funcionando a pleno, toda una línea de bombeos que actualmente provee la capital pasaría a reserva, sin que haya certezas respecto del futuro de los 50 puestos de trabajo asociados a ella.
Es importante difundir estos datos, las empresas privadas lucran con las necesidades del pueblo. No a la entrega del EPAS que ejecutan estos funcionarios, no al negocio de tierras sobre los fondos públicos, SI al agua potable como un bien vital al alcance de todos.