¿Cómo llegan a tomar la decisión de matar a sangre fría a un campesino por sicarios? La respuesta es casi una obviedad: la impunidad de los poderosos en un Estado al servicio de los monopolios, en el que sus instituciones cumplen la función de defender a sangre y fuego a la burguesía de este país.
El asesinato a un campesino que luchaba contra el despojo de sus tierras, por decisión del empresario Jorge Ciccioli, es una muestra más de la impunidad del sistema capitalista. Tan burda es la protección, que hasta en el principal diario local de Santiago del Estero, El Liberal, en el día de ayer, sólo se hizo un anuncio poco significativo de la detención del asesino, Javier Francisco Juárez, dándole una mínima importancia al aberrante hecho. Es que se trata de los empresarios que intentan acaparar las tierras, los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud, los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indígenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática. Unos ejemplos son la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos de la CCCOPAL.
Como reiteradas veces, y en forma muy clara, las organizaciones sociales e indígenas de Santiago, como el MOCASE VC y otras, denunciaron la estrecha relación entre empresarios, poder judicial, poder político y los medios de comunicación con el interés de millonarios negocios proyectados. Esas tierras ancestrales pertenecientes a familias rurales y originarias, que han sido habitadas durante generaciones, comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria, principalmente para plantaciones de soja, comenzó a expandirse. Así es como el gobierno Kirchnerista de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, también es responsable de este asesinato, ya que a través de la dirección general del bosque son quienes autorizan el desmonte en lugares donde viven familias campesinas indígenas.
“Esto es el lejano oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales”, denunció Marilena Santillán, compañera de militancia de Ferreyra. En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes que luchaban por la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles, la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.
Una vez más los trabajadores y el pueblo volvemos a sufrir la injusticia del Estado capitalista. Una vez más el odio vuelve a destilarse desde las entrañas de nuestro pueblo contra los atropellos criminales del poder burgués. Esta es la verdadera cara del “gobierno de los derechos humanos” donde la impunidad y la complicidad entre empresarios y el Estado, a la hora de cometer actos criminales contra el pueblo, sigue tan viva como en la época de la dictadura.