La firma Prestolite, de origen norteamericano, abandonó literalmente las dos plantas que explotaba en La Matanza, provincia de Buenos Aires, y en la provincia de San Luis. En su huída, dejaron sin trabajo y con deudas salariales a más de 600 obreros de ambas plantas. El gobierno nacional y el gremio metalúrgico conocían esta situación, ya que hubo reuniones durante el año pasado entre la Secretaría de Industria, la UOM y los directivos de la firma, por lo que este “abandono” era conocido por los de arriba desde hace tiempo.
La situación se debe enmarcar en la concentración que se viene dando en la industria autopartista, como ya pasara en Paraná Metal en la provincia de Santa Fe, ya que los planes de la industria automotriz para 2012 son los de fabricar más de un millón de autos y, en ese proceso, las empresas autopartistas son esenciales para tales proyectos.
Hay en danza versiones de todo tipo, pero una cosa es clara: los inversionistas que decidan seguir produciendo en Indiel lo harán si el Estado se hace cargo de las deudas, si se les garantizan subsidios y poniendo condiciones para la contratación de los obreros de aquí en adelante, por lo que los trabajadores se encuentran firmes en la defensa de su fuente laboral y, fundamentalmente, de los derechos adquiridos durante años de trabajo en la empresa.