En la madrugada de ayer, en la ciudad de Rosario, otro taxista perdió la vida asesinado por un delincuente, en un hecho de robo.
Inmediatamente, los choferes decidieron realizar una medida de fuerza dejando sin servicio a toda la ciudad y bloqueando dos avenidas estratégicas que constituyen el paso obligado al centro comercial y bancario urbano. Tanto los sindicatos de choferes (regulados por el Estado) como las asociaciones de propietarios de taxis, debieron dar su apoyo a la acción.
Son decenas de taxistas los que murieron por la misma causa y éstos se suman a otros crímenes que ocurren a diario en la ciudad.
Todos los reclamos por estos casos caen en el embudo de las promesas que no cumplen los funcionarios del Estado (políticos y policías). Y tanto unos como otros dan argumentos remanidos para justificar su inacción. Los políticos a cargo del gobierno y la oposición parlamentaria hablan de “problemas sociales complejos que tienen solución a largo plazo” y se acusan mutuamente sin ofrecer una solución. Los policías argumentan que “no tienen móviles”, “faltan elementos de represión”, “no hay personal suficiente” y hasta dicen que “carecen de combustible para los rodados”.
Los funcionarios y opositores parlamentarios que dicen semejantes cosas son los mismos que resuelven la complejidad de problemas que les presenta la concreción de los negocios cuando se trata de ganar millones de la mano de alguna empresa monopolista, aunque éstos impliquen complicados mecanismos de mentiras hacia la sociedad, intrincadas complicidades con medios masivos de desinformación, sobornos, contrabando, coimas, tráfico de personas o drogas, etc. Para ello sortean todas las dificultades y se vencen todas las “complejidades”.
Por su parte, los policías que manifiestan carencias de todo tipo, son los mismos que a la hora de reprimir una protesta social (siempre que la situación de bronca de la gente y/o la masividad de su lucha no se los impida, como en este caso), se desplazan en decenas de móviles, cuentan con armas, balas de goma y de las otras, gases, cachiporras, combustible para los rodados, etc. Gobierno y policía disponen de 800 ó 900 efectivos cuando el negocio del fútbol, por ejemplo, o el Dakar, lo requieren. En esos casos sobran recursos.
Tal como queda claramente reflejado, el Estado toma el problema de la seguridad para el pueblo de la misma forma que toma los demás problemas que atañen a los trabajadores y las grandes mayorías.
Así como en periodos de alto consumo de la electricidad o de agua se corta el servicio a los usuarios domiciliarios, pero a la vez se garantiza el fluido para los grandes negocios a fin de que no se detenga la producción, cuando se trata de la seguridad para el pueblo “no hay medios”, “es un problema complejo”, “la solución es a largo plazo”, etc.
Es que todo obedece al mismo patrón. El Estado (todas sus instituciones) está a la orden de los negocios, y en el caso de la seguridad, es desde el Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) desde donde se alienta y administra el delito.
Este Estado no está al servicio de las necesidades del pueblo. Sólo atiende los intereses de los dueños de los monopolios: la oligarquía financiera. Y ese servir a una minoría que dispone de todo el capital, en desmedro de las amplias mayorías laboriosas de la población, es lo que determina su esencia corrupta desde la superficie a la médula.
Todo lo que está en la órbita del Estado está irremediablemente corrompido. Las órdenes que bajan a cada dependencia contienen el veneno de la corrupción. Todo lo impregna ese tufo maloliente de su carácter de clase al servicio de los monopolios. Y esto lo saben, a ciencia cierta, cada uno de los trabajadores estatales que son los primeros que sufren el hedor de la putrefacción en carne propia.
Como pueblo deberemos ir tomando en nuestras propias manos una serie de funciones y tareas que garantizarán nuestra seguridad y nuestras vidas. De la misma manera que nos movilizamos, nos unimos y luchamos demandando mejores salarios, educación, salud, viviendas, etc., deberemos ir organizando desde abajo, en forma independiente, ejerciendo la democracia directa, nuestra propia seguridad contra el delito que aparece como marginal y aquel que se intuye como organizado desde las propias instituciones estatales contra la población.
No debemos cifrar expectativas en el Estado al servicio de la corrupta burguesía monopolista.
Como en ostros aspectos, se trata de arrancarles lo que no están dispuestos a ceder graciosamente. Es una cuestión de fuerza contra fuerza. Al tiempo que les exigimos que cumplan con lo que prometen tratando de hacerles imposible el “normal” desarrollo de sus negocios a costa de nuestras vidas, hay que transitar el camino de la organización independiente de nuestras propias fuerzas populares contra este Estado y la clase que lo sostiene.
El Llamamiento 17 de agosto es una herramienta de unidad política revolucionaria capaz de hacer nacional esa tarea, tal como se hizo, semanas atrás, en el combate del pueblo contra las fuerzas de seguridad en la localidad de Pampa del Indio, Chaco: Exigir y arrancar lo que queremos al tiempo que nos cuidamos nuestras espaldas como pueblo.