Este es el encabezado de un comunicado distribuido por Claudio Salazar y Paula Sánchez, máximos referentes de SEJUN (Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén), el 19 de junio pasado en una conferencia de prensa realizada en dicho sindicato. Nos permitimos utilizarlo como título de esta nota porque acordamos con la consigna, aunque tenemos profundas diferencias con el contenido del comunicado, por estar plagado de falacias y tergiversaciones y porque pretende encubrir con sofismas la complicidad de los dirigentes del sindicato con el Poder Judicial de la provincia y con el monopolio petrolero Apache.
Hagamos un poco de memoria. A fines de 2014, los miembros de la comunidad Winkul Newen hicieron pública una nota dirigida a SEJUN y otras organizaciones sindicales y políticas de Neuquén, en la que aclaraban los hechos sucedidos y solicitaban solidaridad con sus justos reclamos (A quienes alguna vez fueron compañeros de lucha, nota en esta página del 5/12/14). Pocos días después, dejamos sentada nuestra posición al respecto (Neuquén: se lucha por los territorios de las comunidades, en fecha 12/12/14).
Recordemos que el 28 de diciembre de 2012, la comunidad sufrió un intento de desalojo del territorio que ocupa, ordenado por una jueza de Zapala y ejecutado por la oficial de justicia Verónica Pelayes. En ese momento, la entrada al yacimiento estaba bloqueada por la comunidad para impedir que la petrolera continuara degradando su hábitat. Durante los diez años precedentes, como consecuencia de la contaminación, habían muerto animales y seres humanos, lo que dio origen a la resistencia de estos compañeros mapuche. La respuesta de la empresa fue enviar patotas, propias y del sindicato petrolero, para amedrentarlos.
En forma muy resumida, estos son los hechos sucedidos en Portezuelo Chico.
A poco de iniciar la lectura del comunicado, encontramos la primera mentira; allí podemos leer “intimación a despejar un camino de acceso al yacimiento”, cuando lo que se pretendía era derribar la vivienda que ocupan Martin Maliqueo, Relmú Ñanku y sus hijos.
Más adelante, admite que “dicha diligencia fue ordenada a pedido de la petrolera Apache”. Aquí queda en evidencia una de las falsedades en que se sustenta la república parlamentaria, es decir, la supuesta independencia del Poder Judicial. Recordemos que, poco tiempo antes, un hijo de Relmú y Martin, en ese entonces de dieciséis años, había sido baleado en una pierna por una patota de la empresa, y que, en esa oportunidad, ni el Poder Judicial ordenó que se realizara diligencia alguna para esclarecer el hecho, ni los dirigentes de SEJUN repudiaron la agresión.
En el mismo párrafo se denuncia que Verónica Pelayes fue obligada a realizar el procedimiento “bajo amenazas de sumario” “el último día laboral del año” y “fuera del horario de trabajo”. Y nosotros nos preguntamos ¿Qué hicieron entonces los dirigentes de SEJUN ante esta arbitrariedad? ¿Acaso no están facultados para impedir que se realizara? ¿O es que había algún acuerdo previo entre el Poder Judicial, Apache y los dirigentes de SEJUN?
En otra parte del comunicado se afirma que “la medida se llevó adelante con sólo dos agentes policiales y el abogado de la empresa”, aunque no aclara por qué el abogado de la empresa participaba de una diligencia cuya incumbencia correspondía al Poder Judicial que, se supone, es un poder independiente del Estado.
También dice que la comunidad Winkul Newen, aparentemente sin ningún motivo, agredió a la oficial de justicia, y que, producto de esa agresión, sufrió heridas que le desfiguraron el rostro y le causaron un trauma psicológico.
Respecto de la gravedad de las lesiones, recordemos que, inmediatamente luego de ser atendida en un centro de salud, Verónica Pelayes concurrió por sus propios medios a realizar la denuncia policial, además, en las imágenes mostradas en los medios de comunicación, no se observa más que un hematoma en el lado izquierdo del rostro y un corte en la nariz.
Sin pretender hacer un diagnóstico profundo por carecer de todos los datos necesarios, a simple vista, las heridas físicas no parecen haber tenido la gravedad que pretenden darle en el comunicado; en cuanto a los daños psicológicos, los dirigentes de SEJUN obvian mencionar la responsabilidad del Estado al enviar a una funcionaria a su servicio, a ejercer violencia contra una comunidad mapuche para favorecer los intereses de un monopolio.
También es contradictoria esta versión con la ofrecida por la comunidad en lo que se refiere al intento de desalojo propiamente dicho. De acuerdo a la misma, Verónica Pelayes fue acompañada por policías y guardias privados de la empresa Prosegur, ambos contratados por Apache, además de camionetas y topadoras, también propiedad de la petrolera.
En el juicio en el que son acusados Relmú Ñanku, Martin Maliqueo y Mauricio Rain, se presentó como prueba un video realizado por personal de la empresa. Si en la diligencia, además de la oficial de justicia, participaron sólo dos policías y un abogado ¿Quién hizo la filmación? ¿Qué interés tenía en llevar una cámara a un paraje ubicado en medio del desierto?
Tampoco es fácil creer en un ataque artero de la comunidad contra un grupo reducido de personas que fueron sólo a entregar una orden de desalojo. Si, de acuerdo con la versión oficial, no contaban con los medios suficientes, es obvio suponer que no tenían la intención de hacerlo efectivo.
Los monopolios y el Estado a su servicio, tienen como principal táctica para explotar los territorios ocupados por las comunidades indígenas, el soborno; si este no da resultado, hacen uso de la violencia, que va desde simples aprietes hasta el asesinato.
En el caso de la comunidad Winkul Newen, su resistencia hizo fracasar el intento, por eso tomaron la decisión política de neutralizarlos y, para ello, armaron una causa judicial.
Los dirigentes de SEJUN intentan justificar esta decisión por medio de sofismas. Por un lado manifiestan haber defendido siempre los derechos de los pueblos originarios, en particular de los mapuche, pero ocultan que, como tales, se refieren sólo a los que integran la Confederación Mapuche, es decir, los que poseen personería otorgada por el Estado, el mismo Estado que persigue a los mapuche “ilegales”, que son los que se resisten a venderle su dignidad a los monopolios y luchan por conservar su forma de vida y sus creencias.
Tal es así que, aunque en el comunicado hacen referencia a la comunidad Winkul Newen, en la conferencia de prensa niegan que sus miembros tengan ascendencia mapuche. Más aún, el desprecio de Verónica Pelayes por los pueblos originarios es de tal magnitud, que a través de las redes sociales hizo pública su admiración por el genocida Gral. Roca y lamenta que no haya asesinado a la totalidad de los indígenas.
Una vez más, repudiamos la actitud cómplice de los dirigentes de SEJUN con el Poder Judicial de la burguesía y con los monopolios para atacar a los que luchan por el derecho a una vida digna para sí y para sus hijos, e incluimos en ese repudio, a las organizaciones políticas y sindicales, en su mayoría socios electorales de Paula Sánchez en la CTA local, que avalan con su silencio esta posición abyecta y miserable.
Hechos como los relatados, confirman la irrepresentatividad de todas las instituciones del sistema, en particular de los sindicatos; y la necesidad imperiosa de la clase obrera y el pueblo, de auto organizarse democráticamente por fuera de dichas instituciones, para construir las herramientas de lucha para la defensa de los derechos que nos otorga ser los productores de todos los bienes y servicios que goza la sociedad.