Este grito histórico del pueblo mapuche, que significa “diez veces venceremos”, retumbó en la carpa que se había montado en la ciudad de Zapala para enjuiciar a miembros de comunidades mapuche, al conocerse la sentencia del jurado absolutoria de los cargos que se les imputaba.
Es una paradoja que el juicio se haya desarrollado en una carpa, ya que el mismo no fue más que un circo montado por el Poder Judicial de la burguesía con el fin de dictar una condena ejemplificadora para todos aquellos que a diario luchan contra las injusticias de este sistema de opresión y miseria, intentando disciplinar al pueblo; y al mismo tiempo, dejar sentado el precedente de que a cualquier persona que se defienda cuando son vulnerados sus derechos, se la puede condenar aplicando la ley anti terrorista.
Relmú Ñanku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain fueron acusados, de intento de homicidio en el caso de Relmú y de daños agravados en el de Martín y Mauricio, por un hecho ocurrido a fines de diciembre de 2012 en el paraje Portezuelo Chico, lugar donde habitan las comunidades Winkul Newen y Wiñoy Folil.
El último día hábil de ese año, previo al inicio de la feria judicial, llegó hasta el territorio de la comunidad una oficial de justicia acompañada por el abogado de la petrolera Apache y por guardias de seguridad contratados por la empresa y policías, además de, una caravana de camionetas y una retroexcavadora, propiedad de la petrolera. El argumento falaz del monopolio Apache y de representantes del estado, es que el objetivo de tal despliegue era sólo entregar una orden de desalojo emitida por la jueza Ivonne de San Martin, pero el operativo tenía en realidad, la finalidad de hacer efectivo el desalojo.
Cuando la funcionaria judicial Verónica Pelayes, presionada por el abogado de la empresa y, a través del celular, también por su superior, ordenó que la retroexcavadora avanzara para permitir el acceso de los equipos petroleros al territorio mapuche, los integrantes de la comunidad, compuesta de hombres, mujeres y niños, resistió arrojando piedras, una de las cuales le pegó en el rostro a Pelayes, produciéndole una lesión de escasa gravedad. Por estos hechos fueron acusados Relmú, Martin y Mauricio.
Esta causa no es la primera que se le hace a estas comunidades, antes hubo otras diez, que no llegaron a juicio porque el monopolio y el estado a su servicio carecían de pruebas, lo que demuestra que el recurso judicial es utilizado por éstos para amedrentar y perseguir al pueblo que lucha.
El conflicto entre la comunidad Winkul Newen y Apache (hoy YSur, cuya propiedad pertenece a YPF), lleva casi quince años, durante los cuales, los mapuche sufrieron infinidad de ataques por parte de patotas petroleras (de la empresa y el sindicato petrolero), entre ellos, una golpiza a una mujer de mas de setenta años y a otra embarazada, y un adolescente de dieciséis años fue baleado en una pierna. Cada atropello fue denunciado por la comunidad, pero los fiscales Sandra González Taboada y Marcelo Jofré, los mismos que hoy actúan como acusadores, desestimaron las denuncias cumpliendo fielmente su papel de representantes de los intereses de los monopolios en las instituciones del estado.
Tanto el desarrollo del juicio como las acciones realizadas en los últimos tres años dejaron una enseñanza que deberían tener presente todos aquellos que luchan por una vida digna para el pueblo, por un lado, que no hay enemigos invencibles, por muy poderosos que aparenten ser y, además que, cuando no se anteponen intereses personales o sectoriales ante los intereses del conjunto del pueblo y se actúa en unidad, respetando las diferencias de cada sector u organización, las posibilidades de vencer son infinitas.
Una vez concluido el juicio, Relmú Ñanku dijo que “es un triunfo del pueblo pobre que lucha, estamos fortalecidos el pueblo mapuche y las organizaciones sociales. Más que nunca defenderemos cada metro de territorio. Ni un paso atrás”. Esta frase sencilla es un resumen del sentimiento por una batalla ganada contra el enemigo de clase.
La lucha continúa.