Según datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), Argentina recibió 260.000 millones de dólares a través de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el período comprendido entre 1990-2016.
Esa es la cifra que determina la tan mentada “llegada de capitales” a nuestro país en los últimos veintiséis años, que representa casi la mitad de un PBI anual. En el mismo período, la salida de capitales que informa el citado organismo fue de 150.000 millones de dólares.
Los capitales invertidos contaron con la garantía de todos los gobiernos para recibir subsidios, baja de impuestos, “incentivos” productivos y cualquier otro eufemismo que se utiliza para denominar lo que en la práctica significa, lisa y llanamente, que esas llegadas de capitales fueron posibles porque el Estado al servicio de los monopolios financia la llegada de los mismos a través de esos mecanismos compensatorios. El capital que decidió invertir lo hizo porque tenía garantizado que esa inversión sería subsidiada con el aporte de los recursos generados por la clase obrera y el pueblo argentinos.
Durante ese lapso de tiempo analizado la pobreza estructural en nuestro país rondó entre 30/32% promedio, con picos de más del 50% luego de la crisis de 2001.
Estructuralmente, la pobreza no sólo que se mantuvo en niveles altísimos para un país como Argentina sino que, además, la misma es producto de que la llegada del capital no viene con la intención de combatir la pobreza y la miseria sino, por el contrario, viene a succionar los recursos naturales y materiales que les deja disponible el Estado a su servicio.
La llegada del gobierno de Macri volvió a instalar el gastado discurso de que la llegada de inversiones es la condición para achicar la pobreza, utilizando incluso altisonantes y falsas consignas como la de “pobreza cero”. Las medidas y proyectos anunciados las últimas semanas referidos a las reformas laboral, previsional y fiscal ratifican que lo que el gobierno busca garantizar son condiciones beneficiosas para la llegada de capitales que imponen, como condición, barrer con conquistas y derechos adquiridos. Ello implica una situación a la baja de las condiciones de vida de la población. Una síntesis de ello sería trabajo más precario y peor pago, continuidad y profundidad de la presión impositiva sobre los sectores populares y jubilaciones que ya son miserables y que con las reformas lo serán aun más.
Que la inversión recibida haya sido multimillonaria y la pobreza no haya sido reducida no es un problema de una mala gestión de tal o cual gobierno. Fueron y son políticas de la clase dominante en su conjunto. La burguesía monopolista en la Argentina ha sostenido políticas de explotación y saqueo permanentes que significaron la apropiación de inmensas masas de plusvalía a la par que las condiciones de vida del pueblo sufrieron un deterioro constante.
Estamos ante una clase que no ha tenido la más mínima idea de proyecto estratégico en las últimas décadas. Su única estrategia ha sido y es la ganancia rápida; en ese camino destruyeron la salud, la educación, acrecentaron la marginalidad, aumentaron la explotación, redoblaron el saqueo de nuestros recursos naturales, condenaron a ingresos miserables a nuestros mayores, mantuvieron la explotación del trabajo infantil, dejaron que la infraestructura del país se volviera obsoleta. En síntesis, su única mirada estratégica ha sido y es mantener la dominación y el sistema de explotación capitalista.
No hay por qué creer que el gobierno de Macri hará algo diferente de lo que hasta aquí ha hecho la burguesía en nuestro país. Por el contrario, sus iniciativas dejan a las claras que apuntan a profundizar la súper explotación y el despojo de nuestra clase obrera y nuestro pueblo, en nombre del “progreso” y de la llegada de capitales que vienen para llevarse los beneficios y dejarnos la miseria.