El Gobierno enviará el proyecto de reforma al Código Penal en las próximas semanas al Senado y el oficialismo buscará iniciar el debate.
No ha habido gobierno que no reformara el código penal endureciendo las políticas en contra de las masas populares.
El endurecimiento de la represión es fundamental para el Estado y los gobiernos de turno, ya que las políticas que va llevando la burguesía monopolista basada en el achicamiento del salario y la disminución abrupta de las condiciones de vida de las grandes masas laboriosas de la población, con el único objetivo de aumentar sus ganancias, hacen de la contienda entre las clases sociales un hervidero con perspectivas de grandes explosiones.
Defendiendo el proyecto, el ministro de Educación Alejandro Finochiario, dijo: “Nuestro gobierno no va por el endurecimiento sino por el cumplimiento de la ley. Y la Constitución es la ley suprema de la República, entonces hay que llegar a ese equilibrio. No endurecemos, pero queremos que se aplique la ley y que todos puedan disfrutar de sus libertades”.
Mentira artera y cinismo del más abyecto.
Ninguno de estos puntos que incluye el Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional que dicen respetar, cumple el gobierno:
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
Alguien podría decir que esto es utópico, pero sin embargo está escrito como ley fundamental del Estado que, claro está, ningún gobierno cumple aunque se llenen la boca de respeto a la legalidad.
No sólo los gobiernos no cumplen sino que, además, todos los funcionarios del Estado y la oposición política parlamentaria, hacen la vista gorda en complicidad.
Pero la ilegalidad no se limita al no cumplimiento del Art. 14 Bis, sólo como uno de tantos ejemplos, la deuda contraída con el FMI tampoco se aprobó en el Congreso y la Cámara de Diputados votó el presupuesto que contenía dicha deuda. Podríamos también citar el veto al 82% móvil de los jubilados, la destrucción del medio ambiente con la minería, las represas que se están construyendo en el Río Santa Cruz que amenazan con derretir el glaciar Perito Moreno y otros, los intereses usurarios de los bancos y entidades financieras, el vaciamiento de hospitales, centros de salud y de fondos jubilatorios, las prebendas de la obra pública y, en general, todas las políticas y decisiones en contra de quienes todo lo producimos.
El gobierno, y los funcionarios e instituciones del Estado no sólo no respetan la legalidad que ellos mismos escribieron, sino que son ilegítimos ante las necesidades de la población. Lo único que buscan es subordinar a las grandes mayorías proletarias y populares a sus ambiciones de ganancias.
La Constitución no les sirve, la legalidad que ellos dictaron tampoco, las instituciones no son respetadas por los propios funcionarios que las integran y para los trabajadores y el pueblo no existe ninguna ley que nos proteja. Todas son letra muerta.
La lucha de clases no se funda en ninguna legalidad sino en una correlación de fuerzas entre la burguesía monopolista por un lado, y el proletariado y sectores populares por el otro.
Es por esa razón que es fundamental para poder llevar adelante un proyecto de país basado en la satisfacción de nuestras necesidades y aspiraciones de desarrollo, que debemos trabajar en la profundización y generalización de la unidad en la lucha, la organización de una fuerza nacional que nos permita enfrentar la voracidad de los monopolios y el Estado a su servicio, enfrentarlos cotidianamente, no dejándolos gobernar en sus pretensiones de superexplotación, ir acumulando fuerzas hacia el torrente que nos conduzca a la liberación, hasta destruir este Estado ilegal, ilegítimo y oprobioso, para construir sobre sus ruinas el socialismo.