Con el decreto de necesidad y urgencia (DNU), que aumentó las retenciones para la exportación de granos y subproductos, de las carnes bovina, ovina, aviar y pescados, y de productos lácteos, al populismo se le comenzó a caer la careta a escasos días de haber asumido el nuevo presidente.
Claramente, el aumento de dichas retenciones es una vuelta más de tuerca en el proceso de concentración y centralización monopolista a favor de las exportadoras que acaparan todo el mercado internacional de granos, aceites y harinas, de los grandes frigoríficos que se aprestan a duplicar el comercio de carnes hacia los mercados internacionales y de los productos lácteos que cada vez son más difíciles de adquirir para la población.
Con ello, el precio de estos últimos y de la carne va a tender a aumentar para emparejarse al precio de venta hacia el exterior. Además, beneficiará a los monopolios que manejan el 80% de las exportaciones del sector que agrupa a 10 enormes empresas transnacionales.
Pues el cobro del impuesto se hace a los llamados “productores” y no a los exportadores. Estos, a la vez, son agentes de retención que liquidan el impuesto recaudado al Estado luego de un considerable tiempo después de retenido. Es decir, que toda esa suma de dinero la pueden poner a interés para luego quedarse con el porcentaje de ganancia que ello les implica.
Esta maniobra es un flagrante beneficio a estos monopolios. Por ejemplo, en el caso de Vicentín, empresa asociada al gigante Glencore International, que en las últimas semanas acusó un virtual “stress financiero” que la llevó a una cesación de pagos, con este decreto puede cancelar su deuda de 300 millones de dólares sin gastar un peso. El mecanismo sería el siguiente: dado que Vicentín exporta 6,3 millones de toneladas de subproductos y soja en granos, estaría recaudando, una cantidad equivalente a 1,89 millones de tns. que es el 30% de retenciones. Tomando en cuenta que hoy el precio de la tn. de soja es de $ 14.900, tendría en sus manos el manejo de $ 28.161 millones que equivalen a 447 millones de dólares. Si ese dinero lo pone a un interés de 60%, en poco más de un año y un mes tendría todo el dinero para cancelar lo que les debe, entre otros, a los propios “productores”, al Banco Nación y otros acreedores.
No es motivo de esta nota profundizar sobre la característica fraudulenta de tamaña deuda cuando dicha empresa acopia, produce y vende productos elaborados y un porcentaje menor de granos, por un valor anual mínimo de US$ 1.490.000.000.
Tampoco vamos a extendernos sobre la falsedad de la promesa en campaña que hizo Alberto Fernández prometiendo que todas las resoluciones iban a ser consensuadas, porque éste es el “gobierno de todos”, y el descontento que, en las propias filas del resto de los monopolios, ha generado este decreto “unilateral”. Sólo diremos que con esta medida se profundiza la crisis política de la burguesía entre sí y con el pueblo al que se enfrenta tempranamente. El sacarse la careta tan rápido es una consecuencia directa de la crisis estructural del sistema, pues al tapar un agujero se destapan varios y ello no tiene retorno, lo cual pronostica una profundización de todas las contradicciones políticas, económicas y sociales.
Se grafica negro sobre blanco el beneficio que, mediante este decreto, el gobierno les otorgó a estos pulpos financieros y que, además, redunda en una nueva vuelta de tuerca en la concentración y centralización de la producción industrial agropecuaria perjudicando en forma directa a los trabajadores rurales y a pequeños empresarios del sector.
Todo lo descrito hace prever que la tormenta que se prepara en la lucha de clases, está más próxima que lo que desearía la burguesía en el poder y será más espesa e intensa.
Alguien podría pensar que el dinero recaudado, neto de los intereses que se embolsan los monopolios, luego irá a las arcas del Estado para ser destinado a “combatir el hambre”. Estas expectativas, se diluyen ante la contundencia del beneficio inmediato a los monopolios que representa esta medida.
Además, la experiencia nos ha mostrado el destino de la recaudación será, sin duda (salvo alguna migaja), para beneficio del capital financiero del que son parte estas empresas, salvo que la lucha de clases, en medio del convulsionado marco regional y mundial, obligue a lo contrario.