COVID19: tercerización e higiene en los hospitales

19/03/2020
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Desde hace décadas en nuestro país se implementó la modalidad del trabajo tercerizado. Al principio se hizo a través de agencias de empleo temporario, las cuales contrataban a los trabajadores y trabajadoras que realizaban tareas en las empresas que solicitaban el servicio. Si bien según las leyes laborales el plazo máximo de contratación era de noventa días, luego de lo cual el trabajador debía ser efectivizado, esto muchas veces no se cumplía, y el contrato era renovado a veces por varios años.

Posteriormente, se fueron creando empresas dedicadas a un rubro en particular, como mantenimiento, vigilancia, administración, limpieza, etc., y la relación laboral de los trabajadores era con dichas empresas aunque trabajaran en las que contrataban el servicio.

Hasta la década del ‘90 del siglo pasado, las empresas contratantes, debían asumir las mismas obligaciones que las contratistas respecto a los empleados, y en caso de existir un conflicto, por ejemplo por un accidente o un despido injustificado, el trabajador tenía la posibilidad de hacerle juicio a ambas empresas, y para evitar ese tipo de situaciones, a las contratistas se les exigía que cumplieran con sus obligaciones: el pago de salarios en tiempo y forma, de la obra social, de los aportes jubilatorios, la entrega de ropa cuando correspondiera, etc.

Condiciones de contratación como las mencionadas, que eran de por sí malas, porque los empleados podían ser despedidos cuando se terminase la necesidad del servicio por parte de la empresa que lo solicitaba, empeoraron aún más con las sucesivas reformas laborales que se hicieron desde entonces. En principio, las empresas contratantes dejaron de tener la obligación de ser solidarias con las contratistas, por lo cual, dejaron de exigirles a las mismas, que cumplieran con sus obligaciones, es más, si no las cumplían, el servicio era más barato, y todos ganaban, menos los trabajadores.

En Neuquén y, en particular en las empresas del Estado, se dan todas estas condiciones pero agravadas en forma exponencial, ya que las empresas que prestan servicios para el Estado provincial, son propiedad de los funcionarios públicos, legisladores o empresarios amigos de éstos, quienes se enriquecen cobrando cifras siderales por el trabajo realizado, pagando salarios misérrimos e incumpliendo todas las leyes, con la impunidad que les da el ser juez y parte. Para que no quede ningún lugar en el cual los trabajadores puedan realizar reclamos, no existe  ente alguno que regule la actividad de estas empresas y, por ende, son sus propietarios los que imponen las condiciones de contratación de acuerdo a su conveniencia y libre albedrío. Más aún, la mayoría declara domicilios en Buenos Aires, con los cual ni siquiera le queda a los trabajadores, la posibilidad de realizar un escrache cuando sus derechos son vulnerados.

Un caso paradigmático de esta forma de explotación, es el de los veintitrés trabajadores y trabajadoras de higiene que eran empleados de una de estas empresas contratistas y cumplían sus funciones en el Hospital de Plottier.

Los mismos fueron despedidos a fines de noviembre de 2019 por el solo hecho de denunciar las malas condiciones de salubridad en las que tenían que realizar su trabajo, con el consiguiente riesgo para su salud, la del resto del personal y la de los pacientes. En su denuncia, entre otras cosas, manifestaban que el hospital no cuenta con una morgue, y que para tal fin, se utiliza una habitación precaria, con piso de cemento y sin refrigeración.

Por eso fueron castigados por todo el aparato del Estado y sus cómplices, primero con el despido y posteriormente, negándoles la reincorporación a pesar que en la Secretaría de Trabajo se había firmado un acta acuerdo que obligaba a la empresa a hacerlo, de que hace pocos días, la Legislatura provincial emitió una resolución en el mismo sentido y, si eso fuera poco, el propio gobernador Gutiérrez en mas de una oportunidad se comprometió públicamente a solucionar el conflicto.

En estos días en que los gobiernos nacional y provincial declararon la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia desatada por el COVID19, es inexplicable que personas que fueron capacitadas durante años en tareas de higiene en centros de salud, no sean tenidas en cuenta a la hora de luchar contra dicho flagelo.

Y el motivo de tal decisión, no es otro  que el de castigarlos por haber tenido la dignidad de denunciar lo que estaba mal, y que eso sirva de ejemplo para que en el futuro, otros trabajadores no se atrevan a enfrentar a quienes los oprimen.

Queda así en evidencia que para el Estado, para el gobernador Gutiérrez y toda la manga de alcahuetes que lo rodean, lo prioritario es mantener las condiciones que les permitan hacer negocios, aún en detrimento de la salud de la población.

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