La burguesía monopolista en Argentina ha demostrado con creces su falta de rumbo; o mejor dicho, que su único rumbo es la ganancia más inmediata posible a costa del sacrificio de las masas populares.
Muchas veces sus voceros reclaman por la falta de una política de Estado, cuando en realidad la continuidad de sus políticas ha sido y es ir adecuando permanentemente la estructura productiva del país a la medida de los intereses de la oligarquía financiera, produciendo en el camino el desamparo y demostrando el desprecio por la vida humana y la naturaleza.
Por estos días son noticia las villas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires ante el avance del coronavirus. Infectados y muertes que se tiran unos a otros y que dejan de lado, como siempre, las verdaderas causas de tal situación.
Una de las políticas de Estado que la clase dominante ha mantenido hace décadas (cuyo uno de sus iniciales propulsores desde los más altos cargos del Estado fue el actual canciller, Felipe Solá) ha sido el cultivo de soja, principalmente. Con ello se ha producido el desmonte de millones de kilómetros cuadrados de selva y bosque, extensiones del tamaño de países como Francia, por ejemplo. Eso ha provocado un incesante incremento de la migración interna del campo a la ciudad de millones de compatriotas. A diferencia de otras etapas del capitalismo en Argentina, esos millones migran a la ciudad para pasar a formar parte del ejército de trabajadores informales, que viven de changas, trabajos temporarios, con salarios paupérrimos, etc. Este movimiento ha hecho crecer exponencialmente las villas y asentamientos en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires), una superficie de poco más de 13.000 kilómetros cuadrados donde habitan más de 16 millones de personas. Estamos hablando de casi el 40% de la población total del país.
Por supuesto que todo ese crecimiento exponencial no tuvo ni tienen la mínima planificación por parte del Estado y de los gobiernos sucesivos. Así, el hacinamiento y la falta de condiciones de vida mínimas que permitan salubridad e higiene, con falta de agua potable y cloacas, es una cuestión que viene de lejos.
Con el coronavirus, mágicamente, los gobiernos de Nación, ciudad y provincia se “volvieron a enterar” de esta realidad. Veamos que es lo que hicieron.
En la Villa 31, con la muerte de Ramona Medina y otros referentes sociales del lugar, la discusión era quién era el responsable de proveer agua, elemento indispensable para la higiene y la prevención del virus. Que si la ciudad, que si la empresa nacional de agua AYSA; al día de hoy, y ya pasadas semanas, la situación no se ha solucionado.
Cuando comenzó el aislamiento obligatorio, las autoridades manifestaron que en las villas y asentamientos ese aislamiento debería ser comunitario, dadas las condiciones de hacinamiento familiar que se viven en esos barrios. Una vez más el discurso es una cosa y la realidad otra totalmente distinta, dado que para garantizar ese “aislamiento comunitario” hubiera sido necesario que los habitantes de esas barriadas tuvieran las condiciones resueltas para quedarse en sus casas y así poder cuidar su salud.
Nada de eso pasó; las ayudas del Estado, tanto en comida como en ingresos de emergencia han sido paupérrimas. La comida llega poca y mal, los 10.000 pesos del IFE aun no se han cobrado (mientras a las grandes empresas se les otorgó de manera inmediata los ATP para solventar el 50% de la masa salarial), las intendencias y las organizaciones sociales se pelean por ver quién reparte la mercadería, cuando no muchas de ellas son utilizadas como favor político partidario. Y esto pasa en Buenos Aires y en el resto de las provincias argentinas. En esas prácticas, la burguesía no hace distinción de sellos partidarios.
Ahora mismo, mientras cotidianamente se escuchan auto elogios de los funcionarios respecto de la coordinación y las soluciones conjuntas, el gobierno de la ciudad ha decidido no aislar las villas donde se ha detectado el virus, mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Berni a la cabeza, ha resuelto conformar guetos y militarizar las zonas afectadas, cuestión que repudiamos y denunciamos como un intento de disciplinamiento social, muy lejos de preocuparse por la salud y la vida de la población.
En definitiva, lo único que sabe hacer la clase dominante en la Argentina es poner parche sobre parche, sea en emergencia o no, relegando soluciones de fondo. Pasada la pandemia las villas y asentamientos seguirán sin agua, sin cloacas, creciendo anárquicamente. Así es con este tema y con todos los temas que hacen a la salud y la vida del pueblo trabajador.
Ya lo hemos dicho, las medidas que se toman para beneficiar a la gran burguesía monopolista se implementan de inmediato mientras que las masas populares se la tienen que rebuscar como pueden.
En el manejo de la pandemia la burguesía monopolista ha vuelto a demostrar su desprecio por la vida humana, su desinterés total por las millones de víctimas, no del coronavirus sino de la anarquía de un Estado al beneficio exclusivo de los monopolios.
A esta burguesía y a estos gobiernos hay que enfrentarlos en todos los planos; el principal, luchando por enfrentar sus políticas para descargar su crisis sobre los trabajadores y el pueblo mientras simultáneamente construimos desde abajo la unidad efectiva para desarrollar un poder local que tenga como objetivo el desarrollo de una alternativa revolucionaria que confronte con una clase burguesa que, más allá de su propaganda, reafirma que su único proyecto es mantener su dominación a expensas de la vida de millones.
La burguesía no debe seguir gobernando los destinos de nuestro querido país.