Facundo Castro: víctima de la violencia estatal ejercida por las fuerzas represivas

08/07/2020
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Facundo Castro salió de su casa en la localidad de Pedro Luro, sur de la provincia de Buenos Aires, hacia la ciudad de Bahía Blanca el 30 de abril pasado. Ese mismo día tres testigos afirman haberlo visto subir a un patrullero de la policía bonaerense, presuntamente detenido por violar la cuarentena, en la localidad de Mayor Buratovich. Facundo nunca llegó a destino y su teléfono celular no registra actividad desde ese mismo día.

La familia del joven realizó la denuncia y, desde el principio, encontró la frecuente resistencia de la policía por tomar la denuncia primero, y luego por investigar el hecho. Recién el 19 de junio la familia y los abogados de la misma se anotician de que una integrante de la policía había declarado que llevó en su auto a Facundo hacia una localidad a 25 km de Mayor Buratovich, el lugar en el que los testigos lo vieron. Como ya ha pasado en estos casos, las declaraciones de los policías están plagadas de contradicciones y falsedades en el intento por encubrir un hecho que, a todas luces, se trata de otro caso de desaparición como resultado de la violencia estatal. Tan claro es lo que afirmamos que la policía sacó comunicados en los que afirma que se lo había visto al joven vendiendo bolsas en localidades vecinas; al igual que cuando la desaparición de Santiago Maldonado se dejaban correr versiones de que había sido visto en Chile y otras por el estilo.

Hasta finales de junio los tres testigos que lo vieron por última vez expresaron su voluntad de declarar, pero la justicia nunca los llamó.

Recién esta semana el juzgado federal 2 de Bahía Blanca aceptó a la familia como querellante en la causa.

Las dilaciones y mentiras que se han ido sembrando durante todo este tiempo no hacen más que confirmar que Facundo Castro es víctima de la violencia estatal ejercida por las fuerzas represivas federales y provinciales en todo el país en esta etapa de cuarentena. Desde el comienzo de la misma cuarentena, la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) denunció doce casos de gatillo fácil en el país. Sumado a otros casos de desaparición seguida de muerte por parte de la policía, como la de Luis Espinosa en Tucumán.

En este y en todos los casos, las denuncias e investigaciones son promovidas por los familiares de las víctimas con el acompañamiento de los organismos de DDHH al mismo tiempo que se repite el silencio y ocultamiento de las autoridades políticas, tanto provinciales como nacionales, ratificando que el Estado es responsable y, además de los ejecutores, existen responsabilidades políticas que, con el silencio y ocultamiento que intentan, confirman que la violencia de las fuerzas represivas es una política de Estado.

Cabe señalar también que las fuerzas políticas que hasta ayer eran oposición (y utilizaban estos casos para su política partidaria, como el de Santiago Maldonado) hoy en el gobierno son parte del encubrimiento, porque son parte del sistema y de su violencia instituida.

La represión del Estado es una política que todos los gobiernos ejecutan, aun los que se escudan en un compromiso mentiroso con los derechos humanos, como el actual.

Exigimos el esclarecimiento y la aparición con vida de Facundo Castro, junto al castigo de los responsables materiales del hecho como así también de los responsables políticos.

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