El día de hoy se cumplen 3 años de la represión sobre la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut donde la gendarmería asesinó a Santiago Maldonado. Todos recordamos la ola de indignación popular que causó primero su desaparición, negada por el gobierno, quien se dedicó a difamar a Santiago diciendo, por ejemplo, que éste se encontraba de vacaciones en Chile, así como difamando también a toda la comunidad Mapuche a quienes el gobierno argentino como el chileno denunciaban de terroristas. Recordará el lector que, hace escasos tres años, según los medios de comunicación del sistema en la Patagonia se estaban organizando grupos “terroristas mapuches” similares al “ISIS”.
Una vez hallado el cuerpo –en dudosas circunstancias, ya que la zona había sido rastrillada tres veces- producto de los reclamos populares, el Estado embarro toda la causa, tergiversando informes forenses y manipulando la evidencia, para dejar impune a ejecutores y responsables políticos del homicidio.
No nos vamos a detener en la narrativa de los hechos, muy viva todavía en todo el pueblo trabajador, lo que sí queremos remarcar, por sobre todas las cosas, es que el asesinato de Santiago no fue un hecho aislado; tampoco fue producto de la política represiva de un gobierno determinado –aunque la responsabilidad directa de ese acontecimiento la tienen los gobiernos y funcionarios de turno- sino que se trata de una política de Estado. Aquí intervinieron sus principales instituciones: las fuerzas represivas al ejecutar la represión y eliminar la evidencia; el poder ejecutivo al alentar la impunidad ante la represión, atacar y difamar tanto a Santiago como a la comunidad mapuche; y el poder judicial al desviar, embarrar e inventar falsas evidencias para acomodar los hechos a los intereses del capital.
La represión a los pueblos mapuches es histórica, como histórica ha sido la entrega de sus tierras a grandes capitales para la explotación de la tierra o la especulación inmobiliaria. Igual de histórica es la política de impunidad ante los represores: el sistema capitalista debe justamente resguardar a sus fuerzas represivas, darles impunidad, aunque en la prensa hablen de derechos humanos; y debe ser así puesto que ejercito, gendarmería y policía deben sentirse seguros de poder ejecutar las represiones sobre el pueblo, desplegando la fuerza que sea necesaria para la represión, sin temer que el día de mañana puedan ser imputados y condenados. Por eso, de la muerte de Santiago, así como de la de Nahuel Rafael, el culpable es el Estado, y la política represiva es una política de Estado que trasciende a los gobiernos; una política que no puede ser distinta puesto que el Estado capitalista es la herramienta de dominación de la burguesía sobre el proletariado y el pueblo. Para que los grandes capitales mantengan su dominación, necesitan un Estado que pueda reprimir libremente y con total impunidad.
Que esto es una política de Estado lo demuestra el caso actual de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, quien fue detenido por la policía y llevado a la comisaría de Mayor Buratovich el 30 de abril de este año. No solo la policía no quiso tomarle la denuncia a la madre de Facundo, sino tampoco el ministro de seguridad, Sergio Berni. La madre de Facundo también denuncia que el fiscal de la causa, radicada en Bahía Blanca, Ulpiano Martínez, no le atiende el teléfono ni la recibe cuando ella intenta aportar datos, lo que denota su complicidad. A esto se suma la aparición de denuncias falsas sobre el paradero de Facundo, un mecanismo harto utilizado durante la desaparición de Santiago Maldonado para desviar el eje de la investigación y difamar al desaparecido.
La desaparición de Facundo –así como los distintos casos de gatillo fácil que se han dado estos últimos meses- involucra nuevamente a las principales instituciones del Estado: el poder judicial, tanto el fiscal como todo el aparato judicial que tampoco interviene o lo aparta del caso; las fuerzas represivas, como brazo ejecutor y encubridor de la desaparición; el poder ejecutivo, encarnado en la figura del ministro Berni, así como en el silencio estampa de Alberto Fernandez, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y cuánto representantes del oficialismo y/o oposición se nos ocurra nombrar; y por último, los grandes medios de comunicación que callan y ocultan la desaparición de Facundo, demostrando día tras día ser una herramienta al servicio del poder.
La desaparición de Facundo Astudillo Castro repite el accionar estatal encubridor y represivo que tuvo lugar para dejar impune el asesinato de Santiago Maldonado. Es una misma política de Estado, donde muchos que se montaron sobre la desaparición de Santiago para hacer proselitismo hoy se esconden tras los escritorios ministeriales, garantizando que la impunidad de ayer se repita hoy. Pero el silencio vale tanto como las palabras, y lo que hoy el progresismo calla y oculta, solo sirve de abono para que germine y florezca una nueva escalada de protesta social.