El decreto N°783 del primero de octubre autoriza un nuevo aumento de combustibles a partir del día 16. Un aumento del 10% de subas en las tarifas que como bien sabemos seguirán alentando la escalada inflacionaria que sufren todos los productos de primera necesidad.
Estos aumentos que seguirán profundizando el descenso de los salarios junto a todo el paquete de ajuste vienen a ser parte de un plan de “incentivos a la producción petrolera” para “socorrer” a los monopolios de este sector. Plan que no solo está en función del sector petrolero sino también de la minería, el gas, la energía, la agroindustria y el biodiesel, y que en días pasados anuncio el Ministro Guzmán. Es importante comprender que todos estos sectores están concentrados en un puñado de corporaciones monopolistas multinacionales que determinan las políticas de Estado del presente gobierno y de los anteriores.
La ley de solidaridad social y reactivación productiva es el marco jurídico para viabilizar políticamente los grandes beneficios de este plan de “ayudas y ventajas económicas a estos sectores monopolistas. Pero veamos en números concretos en qué consiste el plan: las corporaciones monopolistas petroleras y gasíferas recibirán en forma de incentivos o subsidios del Estado 2.300 millones de dólares. La flexibilidad en la disponibilidad de las divisas para permitir a los accionistas remitir sus ganancias a las casas matrices sin restricciones, la flexibilidad en la liquidación de impuestos, la reducción de retenciones por regalías y la disponibilidad de un tipo de cambio diferenciado, o sea, un dólar más barato. Todo un gran paquete en el que también hay incentivos por ejemplo en la construcción de nuevos gasoductos. Y por el cual ya varias corporaciones multinacionales están en disputa para quedarse con ese gran negocio.
Sin embargo, además de todo ello, el principal de estos “incentivos” es el descenso descomunal de los salarios, producto de las políticas de ajuste, congelamientos paritarios, imposiciones desde las cúpulas sindicales y también las devaluaciones respecto del dólar. Como parte de todo este paquete esta también la renovación de las ATP para estas corporaciones en las áreas mencionadas. Todo un paquete que según los propios términos de la ley son solidarios con el parasitismo de la gran burguesía monopolista. Para ser más categóricos: los incentivos son un conjunto de políticas aplicadas durante este último periodo de cuarentena en cuestiones laborales, en cuestiones financieras y en cuestiones de infraestructura en función del beneficio exclusivo de estas grandes corporaciones.
Sin embargo, la ley de solidaridad social también tiene su aplicación a la producción energética, que no está demás reafirmar que esta enteramente en manos de los monopolios. Según el presupuesto definido por el actual gobierno en 2021 los “subsidios e incentivos” serán por 4.850 millones de dólares. En 2019 -con el macrismo en el gobierno- esos subsidios sumaron de 2.877 millones. Con el actual, la cifra se catapultó a 4.570 millones de dólares. (Datos obtenidos de Eco Journal oilgas, energía y minería). Nunca tan bien caracterizado este gobierno como la continuidad potenciada del macrismo.
Por otra parte, la reducción de regalías que las grandes corporaciones mineras desembolsan como pago por derechos de exportación de metales como oro, cobre, etc. ya se está implementando a partir de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” por medio de la reducción de los derechos de exportación de metales del 12% actual al 8%. O sea, lisa y llanamente, la reducción de impuestos a estas corporaciones que se llevan nuestros recursos prácticamente sin pagar un centavo y cuentan con un Estado y gobiernos de turno totalmente subordinados a sus intereses.
Las corporaciones globales dominan enteramente estos sectores de la producción industrial. Por lo tanto, las ventajas financieras, laborales y políticas mencionadas corren desde ya para el conjunto de estos núcleos, independientemente de las ramas en las que desarrollan sus negocios globales.
Todo este escenario se desarrolla en plena competencia entre las mismas corporaciones. El Capitalismo Monopolista de Estado es el marco de esas agudas disputas por la supremacía en los mercados y por la concentración de riquezas en nuestro país, sus disputas se dejan oír cotidianamente en la realidad política argentina y al mismo tiempo nos muestran cómo se va profundizando la crisis en la superestructura.
“En este escenario el gobierno no es neutral, ni mucho menos. Es el que gestiona hoy el Estado de los monopolios y, por lo tanto, es un gobierno que, al fin, con cada decisión (que tome o que no tome) beneficia a una u otra facción de la oligarquía financiera. Un gobierno que se quiere presentar como “tironeado” por intereses cruzados pero que es representante también de intereses monopolistas. El asunto es que ninguna facción logra disciplinar al resto”. (Nota en nuestra página web del viernes 15 de octubre).
El coloquio de IDEA realizado durante la semana pasada refleja nítidamente esta situación. El discurso A. Fernández ratificando el plan de incentivos y la ley de solidaridad social y reactivación productiva muestra de cuerpo entero a un gobierno subordinado al pleno proceso de disputas por los negocios que desnuda la oligarquía financiera.
Enunciando palabrejas como que “El mejor capitalismo es el solidario” y bla, bla, bla, el presidente trata de salir al ruedo con su acostumbrada verborragia buscando expresar que por este lado está la papa. Con ello ratifica sin disimulo la subordinación del gobierno a la oligarquía.
En este escenario de voraz competencia intermonopolista, éstas son apuestas como cualquier otras, o sea, efímeras y pasajeras, cambiantes, porque la preeminencia de sus negocios son cambiantes. Lo esencial es el parasitismo de estas facciones. Por lo tanto, el marco de crisis estructural y de agudas disputas no solo hacen de la estabilidad y permanencia de los planes una apuesta que acentúa el parasitismo. La mesa de apuestas monopolistas -que es el mundo entero- es tan permanente como las mentiras de los gobernantes de turno que buscan presentar este escenario como una salida a la crisis.
Lo más terrible de todo esto es que la solidaridad es con los monopolios: a unas u otras facciones de la oligarquía la estamos bancando los trabajadores y el pueblo.
Todo lo que padecemos en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra salud, en las carencias de alimentos, viviendas, empleos en nuestra educación y mucho más, es producto de estas “políticas solidarias” que el Estado y el gobierno de turno desarrollan en beneficio exclusivo de esta clase social parasitaria y explotadora que es el capital monopolista.
¡Eh ahí nuestro enemigo declarado! Enfrentarlo desde la unidad de la clase obrera y el pueblo es la única política de clase que permitirá cambiar esta realidad.