Al igual que el triunfo de los trabajadores del frigorífico de Saladillo, en Andalgalá, la masividad de la lucha de los catamarqueños de la mano de la autoconvocatoria , para frenar la explotación de los recursos naturales por parte de la mina «Agua Rica» y la contaminación catastrófica que ésta genera sobre la población, fue contundente.
El juez Cerda con un fallo urgente y categórico suspendió todo tipo de maniobras y explotación en la minera Agua Rica de la pirata multinacional Yamana Gold, alegando en su dictamen que de otra manera se quebraba «la paz social».
Es bueno para entender los hechos y su fundamentación hacer una cronología de los mismos: el 14 de diciembre, en el camino comunal que une el poblado de Chaquiago (a 5 km. de Andalgalá) con la mina de Agua Rica, se instala un campamento de protesta que dura hasta el lunes 15 de febrero.
Ese día, el 15 de febrero, pasa una máquina de la empresa mencionada, Yamana Gold, y se produce un corte total (atrás venían otras maquinarias). A las 12 del mediodía se produce el primer enfrentamiento: la policía provincial reprime con el resultado de dos heridos y 20 detenidos.
A las pocas horas de estos sucesos, se da otro corte a la altura del poblado Algarrobo. A las 18 horas se desata una nueva confrontación con la policía. Mientras tanto unas 200 personas se movilizan a la Comisaría de Andalgalá a exigir la libertad de los detenidos en Choquiaga. A las 20 hs., el intendente José Perea ordena cortar la luz, tras lo cual se desata la represión de la policía y de la gendarmería contra mujeres y niños quienes eran la mayoría de los que allí se encontraban reclamando por la libertad de los detenidos.
Ante semejante hecho -inaceptable por parte del pueblo de Andalgalá- miles de compatriotas se autoconvocan y salen a las calles (cerca de 6.000), atacan las instalaciones del municipio, las oficinas de la empresa minera, el juzgado, la fiscalía, y el supermercado Los Mellizos (propiedad de un proveedor de la mina).
A pesar de la dura represión, el pueblo toma la iniciativa. Los cortes continúan y el Estado de los monopolios en la zona, retrocede. La empresa le comunica al juez que acuerda con su decisión pues «no es oportuno seguir produciendo por el momento en estas condiciones».
La fiscal que ordenó los desalojos se quebró y anda llorando por los medios locales de comunicación, tratando de explicar que se equivocó al ordenar la represión, etc., etc., etc. Mientras tanto, el gobierno de la provincia de Catamarca intenta lavarse las manos, alegando que ellos en ningún momento habían ordenado el desalojo en forma violenta. Por supuesto, nadie le cree.
Agregar algún comentario político estaría de más, la cronología de los hechos es el testimonio más rico y lo suficientemente contundente, plena de contenido sobre el camino que tenemos que seguir todo el pueblo argentino.