En el día de ayer se reunieron los presidentes de Argentina y Uruguay, para comprometerse públicamente a aceptar el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre la pastera Botnia.
Si dos países van a un Tribunal Internacional para resolver un conflicto, lo menos que debería esperarse es que ambos respeten el fallo. Por lo tanto, otro es el problema.
El presidente uruguayo quiere garantizarse que los pobladores de Gualeguaychú respeten el fallo; y la presidente de Argentina hace “como si pudiera” brindar esa garantía; vuelven a la carga, ahora que se acerca la fecha del fallo, luego de innumerables intentos y operaciones de todo tipo sobre la Asamblea.
Más allá de las palabras y los compromisos, el hecho real es que la Asamblea ha demostrado sobradamente que la decisión soberana de la población está por sobre cualquier otro interés. Uno y otro gobierno saben que esa es la verdadera y gran dificultad a resolver.
La verdadera noticia debería ser que dos Estados discuten cómo hacer acatar un fallo internacional al poder autoconvocado del pueblo de Gualeguaychú. Y que, en particular el Estado argentino, poco y nada podrá hacer para torcer la voluntad expresada y mantenida firmemente, durante casi seis años, por un pueblo que ha mostrado que la dignidad y la lucha por la vida no son negociables.