El mes de julio trajo el frío de verdad a nuestro país, y como ocurre todos los años, aparece lo que la burguesía denomina “problemas energéticos”, que no son otra cosa que la falta de gas en los hogares populares. Obviamente, esta situación empeora aún más nuestra calidad de vida, porque se hace imposible hacerle frente a las bajas temperaturas si no se cuenta con este suministro.
Lo primero que hay que decir es que es una inhumanidad total que, en un país como el nuestro, que cuenta con reservas de gas natural, en cada invierno, frente a cada ola de frío, tengamos que estar padeciendo estas calamidades.
Hay muchos “debates” en torno a este tema, pero la cuestión central tiene que ver con una disputa entre sectores monopólicos (las plantas industriales y las distribuidoras y generadoras); unas necesitan como el agua el gas para mantener y aumentar su producción, y las otras que buscan comercializarlo al mejor postor.
La mejor solución que encontró el Gobierno en medio del desabastecimiento, las quejas generalizadas y las protestas que desencadenan esta situación, fue ordenarles a las separadoras que volcaran todo el gas (incluidos el propano y el butano que se usan para las garrafas), a la red troncal que va “a las industrias, a los comercios y a los domicilios”… Es decir, a las industrias; es decir, a salvaguardar los intereses de clase que representa y defiende.
Es enorme (e inexplicable a esta altura) la superficie del territorio natural que no cuenta con red de gas. Por ende, para millones de argentinos el abastecimiento de este suministro depende exclusivamente de las garrafas. Por eso, es una barbaridad que prime “el interés industrial” –como gusta decir el gobierno- por sobre las necesidades de los sectores populares, que necesitamos como el agua, las garrafas para vivir.
Acorde a todo esto, al Programa Garrafa Social que se anunciara se transforma en cartón pintado y sirve sólo para los anuncios en los actos políticos. La realidad cotidiana nada tiene que ver con lo allí expresado y conseguir una garrafa por estos días es un calvario, y para colmo carísimo.
La normalización de la distribución de las garrafas sociales en los barrios y el control de su precio de venta (que en muchos casos triplica el valor fijado por el Gobierno) es una fantasía del más alto nivel.
Cuando llegan a los barrios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pueden costar hasta 40 pesos (cuando deberían costar $16). El resto de los valores oscila entre los 25 y los 50 pesos en Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén y Catamarca, y entre los 22 y los 30 pesos en todo Chaco, aunque en la zona de El Impenetrable pueden llegar a costar hasta 100 pesos por garrafa. Otro problema es conseguirlas. En la provincia de Santa Fe, la falta de garrafas de 10 kg que se observa desde hace dos semanas provocó que miles de usuarios viajen a la capital provincial, desde distritos cercanos, para intentar obtenerlas. También en Rosario hubo problemas.
En todo el país se denuncia no sólo la falta de garrafas sociales, sino también la escasez y el sobreprecio de las garrafas comunes.
Para el gobierno de los monopolios y las administraciones públicas, tanto municipales como provinciales, pareciera que este tema correspondiera a otros. Justamente, Repsol y Total Gas son las dos empresas que concentran la distribución del 90% del mercado. A partir de allí y pensando en los intereses que se defienden, se explican las decisiones que se toman en este y en todos los temas.