Ayer mismo publicamos en este medio el comunicado de prensa de la Asamblea Popular por el Agua, de la provincia de Mendoza. Allí, los asambleístas advierten al nuevo gobernador electo acerca de que debe cumplir con la ley aprobada en esa provincia que prohíbe la megaminería a cielo abierto, ley que fue votada gracias a la permanente movilización popular que se desarrolló en esa provincia, como parte del movimiento nacional que desde hace años viene dando lucha contra las trasnacionales mineras.
No debe resultar extraño ni prematuro que la Asamblea mendocina saque ese comunicado, exigiendo a un gobernador que se atenga a las leyes votadas. Pero como ellos mismos dicen, no sería la primera vez que gobernantes elegidos por el voto popular van en contra de los intereses de las mayorías para favorecer los intereses de los monopolios mineros o de otras actividades.
El diario La Nación del día de hoy, informa que el gobierno nacional no ha cumplido con los plazos para realizar el inventario de identificación de las reservas estratégicas de agua de la cordillera, para preservarlas de la contaminación minera. Dicho inventario no sólo no comenzó sino que el titular de los equipos técnicos encargados de la tarea declaró que “las provincias conflictivas” serán las últimas en ser relevadas. Además del veto presidencial a la Ley de Glaciares, el “cajoneo” de resoluciones termina siendo parte complementaria de la estrategia de las empresas de frenar todo a través de presentaciones judiciales. El Estado y los monopolios (en este caso, mineros) muestran así prácticamente cómo entrelazan intereses con la complicidad de gobernantes, funcionarios, jueces y toda aquella instancia de la que depende la aplicación de las leyes que el pueblo movilizado logró imponer.
Pero precisamente, lo único que no pueden dominar es la movilización popular, donde el ejercicio de la democracia directa de todas las organizaciones que luchan contra este ataque a los pueblos y a la naturaleza, ha sido el antídoto implacable contra el cual las trasnacionales no pueden ni podrán avanzar. Allí no hay espacio para el chantaje, ni la extorsión, ni la corrupción con la “compra” de dirigentes, tal como sí logran hacer con los funcionarios del Estado que ellos manejan a su antojo.
Cuando los gobernantes burgueses nos hablan de patriotismo y de nacionalismo, están intentando disfrazar con palabras los hechos concretos. Incluido, fundamentalmente, el gobierno nacional que se llena la boca de discursos “nacionales y populares” al tiempo que actúa totalmente subordinado a los intereses monopolistas.
Los verdaderos patriotas y defensores del interés nacional son los pueblos en lucha a lo largo de toda la extensión de nuestro país, tanto en la lucha contra la minería como en la defensa de cualquier derecho que los poderosos intentan pisotear.