Bajo el lema “Democratizar a la justicia”, la presidenta Cristina Vda. de Kirchner, remitió un proyecto de reforma para el poder judicial.
En el mismo se prevén seis leyes que comprenden:
• La reforma del Consejo de la Magistratura.
• La ley de ingreso democrático al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y los defensores.
• Ley de publicidad de los actos del Poder Judicial.
• La ley de creación de las Cámaras de Casación.
• La ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado.
• La ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados.
Todas estas medidas son de cantidad y de forma. Qué queremos decir con esto… Que en realidad no se cambia nada de la calidad ni del contenido de justicia.
Para los intereses del pueblo, sólo se trata de sumar más zánganos y cambiar de collar al mismo perro.
Agregando más jueces al Consejo de la Magistratura, cambiando los jueces que hay actualmente, haciendo concursos para el ingreso de los fiscales, defensores y funcionarios oficiales de justicia, creando más cámaras de Casación, publicando declaraciones juradas de los bienes que poseen los funcionarios y, por último, “regulando” medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados, no se arregla absolutamente nada y, menos se democratiza la justicia.
Por el contrario, lo que se busca es una centralización, más absoluta que la actual, sobre los jueces y las decisiones que estos deben tomar a favor de los monopolios para los que gobierna el Estado nacional.
Nada se menciona con relación a las injustas relaciones sociales y políticas que rigen actualmente y que establecen que una persona sin medios económicos más que sus propias manos y cerebro sea considerada un par del dueño de un monopolio financiero en relación al pago de un impuesto a las ganancias. O, por caso, la absurda igualdad jurídica entre el empleador y el empleado, que ha confirmado la nueva ley de ART. O el caso de los jubilados a los que no se les resuelve su situación ante los reclamos del 82% y les llega antes la muerte que la justicia.Y así podemos seguir dando ejemplos.
Sin embargo a la hora de la justicia penal, ambos (el que no tiene nada sólo su posibilidad de trabajar y el que tiene capitales) son totalmente distintos pues, si un trabajador participa en la toma de una fábrica porque lucha por su salario o condiciones de trabajo, es castigado con el rigor de la ley, en cambio el burgués si cierra su fábrica y deja el tendal de obreros con sus familias en la calle sin posibilidades de subsistencia, en el mejor de los casos (lo cual casi nunca ocurre), puede ser “condenado” a pagar una insignificante suma de dinero.
Y así sucesivamente: un ladrón de gallinas es condenado a la cárcel en las peores condiciones de sobrevida mientras que el dueño de un banco que lava dinero del narcotráfico como recientemente se supo respecto del Banco HSBC, es condenado a pagar una multa de 33.000 dólares. Todos sabemos lo que hacen las drogas en los barrios y otros lugares de la sociedad sobre los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes.
Algunos de los más grandes criminales de la última dictadura militar que fueron juzgados y “encarcelados” en sus propias casas con salidas de paseos impunes.
Los funcionarios que, como la presidenta no pueden explicar cómo agrandaron su fortuna que pasó de los declarados $ 3.000.000 a más de $ 70.000.000. O funcionarios que no dudaron en hacer explotar la fábrica de armas de Río Tercero con la muerte de varios pobladores, otros heridos y destrucción de bienes materiales, que afectó a toda una ciudad, están libres y no se les aplicó ninguna justicia.
Los funcionarios y empresarios tratantes de personas como ocurrió con el caso más renombrado de Marita Verón que, por supuesto hay que multiplicar por miles, también están en libertad.
Los barrabravas quienes a diario ejecutan delitos y crímenes de toda naturaleza, están amparados por las empresas monopolistas y el Estado y la AFA que cuenta con la complicidad de los dirigentes de los clubes de fútbol, quienes los usan como fuerza de choque contra las luchas populares, siguen en libertad mientras que la gente del pueblo casi no puede ir a la cancha a ver un partido de fútbol.
Los violadores vestidos de curas que, a pesar de ser juzgados y condenados, no son encarcelados como los casos del fallecido obispo Storni y el “padre” Grassi, sólo por nombrar los más difundidos, burdamente amparados por la Iglesia Católica y por las instituciones del Estado.
Los generadores de deuda pública que han empobrecido al país para hacer negocios particulares a costa de hipotecar, además, el futuro de las generaciones venideras que, por el sólo hecho de nacer, ya deben millones de dólares a la oligarquía financiera internacional. Los bancos que se quedaron con los ahorros de miles y devolvieron moneditas.
Los responsables empresarios y funcionarios de tragedias tales como las inundaciones de La Plata, Buenos Aires, Santa Fe y otras tragedias como las de Once y la de Cromagnon, están sueltos y nos hablan de justicia, democracia y elecciones libres.
Los que disponen de los fondos públicos como si fueran sus dueños ocasionando mayores diferencias sociales, empobrecimiento a las grandes mayorías populares, privaciones a una gran franja de la sociedad, muertes y generalización de enfermedades.
Los que polucionan ríos, aire, tierra, poblaciones enteras, provocando cáncer, malformaciones, muertes, enfermedades varias y contribución al cambio climático.
Los que agotan los recursos naturales (minerales, animales, vegetales) que supuestamente nos pertenecen a todos los argentinos.
Nadie de ellos va a sentir ningún rigor judicial por las modificaciones propuestas por la presidenta. Todo lo contrario, estas leyes van a ser promulgadas para intentar protegerlos más aún. Ver el caso de Chevron en la nota de fecha 03-04-2013 en esta misma página.
En su desesperación por la situación actual, el gobierno y los funcionarios estatales, intentan hacer una jugada para que la “justicia” les garantice la continuidad de sus negocios. No pueden o no quieren reconocer que el acorralamiento que obliga a su aparato de justicia actual a vacilar o a contradecir la voluntad del gobierno y los monopolios poniendo trabas a la realización llana de sus negocios, está producido por la lucha de clases. Por la movilización y la decisión firme del pueblo de pelear por una vida digna.
No ven o no quieren reconocer que las decisiones erráticas del poder judicial no son más que las contradicciones que genera la propia lucha de clases, resultado de la cual varios jueces, funcionarios del Estado y empleados de las instituciones estatales tienen miedo de actuar como deberían hacerlo según los dictados de sus propios mandantes: la oligarquía financiera.
Nunca va a haber democratización de la justicia de la mano de este gobierno ni de ningún gobierno burgués de turno sea cual fuere su bandería política.
Así como la democracia es cosa del pueblo, pues esta sociedad capitalista en su fase monopolista de Estado tiende a la concentración económica y a la reacción política, la posibilidad de justicia, o justicia democrática, sólo dependerá de la lucha, la movilización y la profundización del hostigamiento popular contra el poder de la burguesía monopolista, tal como se viene haciendo en esta situación en que la ofensiva está del lado de las mayorías laboriosas.