Se conoció ayer en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Interior y Transporte que establece el control de algunas líneas concesionadas por parte de empresas estatales, paso previo (según dicen) a una estatización plena de todos los ferrocarriles.
Después de diez años de gobierno kirchnerista, en los que se profundizó el esquema de concesiones a los privados aumentando los subsidios millonarios que quedaban en los bolsillos de empresarios y funcionarios (tragedia de Once de por medio y la resultante del desastre que son hoy los ferrocarriles), el gobierno nacional, a dos años de terminar su mandato, produce un giro a su política en lo que pareciera solamente una maniobra electoralista (que la es), pero que va mucho más allá de eso.
Como lo escribimos cuando la “nacionalización” de YPF, los gobiernos burgueses de todo color echaron mano de las estatizaciones/privatizaciones como un péndulo que va y viene, según convenga a los intereses de esa clase en el poder; “Todo el siglo XX está plagado de ejemplos en los que la burguesía hacía de su propio interés el interés nacional, por lo cual disponía del manejo de los recursos de los países alimentando nacionalizaciones que no eran más que las necesidades propias del desarrollo del sistema. El manejo del petróleo, de las telecomunicaciones, del transporte, del comercio, la industria, era parte inseparable de los procesos de la época en América latina, como lo había sido en Europa y Estados Unidos en el siglo XIX. Luego vinieron etapas en las que el Estado debía deshacerse de las ramas productivas que ya habían sido desarrolladas, por lo que se pasaba a privatizar lo que antes era estatal, para luego llegar a principios del siglo XXI, época en la que los Estados salieron al rescate de empresas que sufrieron quebrantos que solo pudieron ser salvadas con la inyección de ingentes capitales por parte de los Estados.” (De la nota publicada en esta página web: “YPF, capitales trasnacionales y Estado”, 18/04/12).
Después de veinte años de desmanejos y espurios negociados con el ferrocarril, lo que implicó la destrucción de un servicio que llegó a ser ejemplo en toda América Latina, ahora viene la etapa en la que el Estado se hará cargo de las inversiones necesarias para un sistema absolutamente colapsado, que luego será un negocio puesto nuevamente al servicio de los monopolios del transporte.
En la etapa del capitalismo monopolista estatal todas, absolutamente todas las decisiones importantes de ese Estado, responden a los intereses de las facciones monopolistas que hegemonizan ese aparato y utilizan sus resortes para garantizar sus negocios. El ejemplo del desplazamiento de Repsol en YPF y la llegada del acuerdo con Chevron es un ejemplo irrebatible de esto que afirmamos.
Por eso, como también lo dijimos en la nota citada: “El debate de las nacionalizaciones y/o estatizaciones es falso de toda falsedad, y apunta a llevar la lucha obrera y popular detrás de tal o cual facción de la oligarquía. No nos dejemos engañar y que nos quieran confundir debatiendo sus problemas. El debate y la lucha que debemos llevar adelante los revolucionarios es que los recursos que todo el pueblo produce con su trabajo serán verdaderamente de todos cuando saquemos del medio a la burguesía monopolista, cuando el Estado esté en manos de la clase obrera y el pueblo para decidir qué se hace con esos recursos teniendo como guía la realización del ser humano y no la ganancia capitalista”.