Los últimos cambios del gobierno muestran a todas luces las vacilaciones y el resquebrajamiento político de la oligarquía financiera que se le presenta, producto de la tenaz lucha de nuestra clase obrera y el pueblo. Improvisan, dan manotazos de ahogados y pretenden aparecer con renovados bríos intentando dar señales de gobernabilidad para que los planes de los monopolios puedan entrar a navegar en aguas tranquilas, hacer sus negocios y seguir expoliando al pueblo aplicándonos un nuevo y despiadado ajuste.
Pero la confrontación, lejos de darles respiro, los sumerge en más y nuevas crisis y vacilaciones. Están débiles y aparece un momento extraordinario para avanzar y ganar terreno, y así acumular fuerzas y dar pasos cada vez más decididos que nos permitan subir nuevos peldaños para despojar del poder a los monopolios y todas sus lacras.
Así se presenta el marco político donde los trabajadores y el pueblo con miles y miles de pequeñas pero grandes luchas le han ido erosionando el andar a los monopolios, lo cual reafirma que ninguna lucha es chica. Es en dicho contexto, y más allá de los reclamos más sentidos de nuestro pueblo, que resulta intolerante (aunque esto no es nuevo) que mientras se llenan la boca de los derechos humanos de los años del terrorismo de Estado y se apropian de los procesos y encarcelamiento de los asesinos cuando esa es una conquista de nuestro pueblo; o cuando hablan de libertades públicas y democracia; es inconcebible que en nuestro país existan cerca de 6.000 procesados penalmente, personas honestas y trabajadoras de nuestro pueblo que abrazaron la lucha por los más diversos reclamos y reivindicaciones, y entre ellos, un sinnúmero de presos políticos. Juicios y encarcelamientos absolutamente ilegítimos, pues el poder no tiene otra razón ni jurídica, ni política, ni moralmente para que estos miles de compatriotas se encuentren en esa situación, que la de la superexplotación y el sostenimiento del capitalismo.
Pero es más grave aún porque estos pretendidos juicios y procesamientos están amañados con causas inventadas, implementados simplemente desde la impunidad del poder y la sinrazón de la criminalización de la lucha de la clase obrera y el pueblo con el sólo fin de mantener sus privilegios.
Por supuesto que esto no es nuevo cuando la lucha de clases se tensa. Ha pasado a lo largo de la historia en diferentes situaciones, por lo cual no podemos dejar de asumir que la justicia es un instrumento represivo al servicio del Estado de los monopolios; que la policía y demás fuerzas represivas son entes de corrupción, narcotráfico y ámbitos de la mayor degradación humana; que los poderes Ejecutivo y Legislativo y Judicial, cuando no les alcanzan las mentiras, recurren a la represión para cumplir con los deberes que les asignaron los monopolios.
Ahora bien, ¿en quién podemos confiar para resolver la situación de los compatriotas procesados? ¿En esta “justicia”? ¿Bajo estas leyes?, cuando precisamente es el mismo Parlamento y el mismo Ejecutivo que sancionaron la Ley Antiterrorista N° 26.734. No, de ninguna manera. No se puede esconder que es un problema político y no judicial. Y si es así debemos llevar la pulseada a ese terreno, pero desde el reclamo político y desde la lucha política, porque si llevamos a dicho terreno los reclamos de los presos y procesados, unificamos esa lucha al tiempo que condicionaremos las medidas de este tipo en los enfrentamientos que se avecinan donde ningún destacamento de luchadores y revolucionarios sienta que está huérfano y guacho ante el aparato del estado de los monopolios.
No debemos permitir que condenen a cadena perpetua a los trabajadores petroleros de Las Heras; no debemos permitir que los compatriotas de Corral de Bustos continúen presos un minuto más; no debemos permitir que los miles de procesados, donde se incluyen los luchadores contra la megaminería, los trabajadores y desocupados del Chaco, Salta, del conurbano industrial de Buenos Aires, etc., etc., sigan procesados. A esto habría que agregarle el nefasto papel de los medios de toda índole que mientras despliegan toda una propaganda y denuncia por los dos argentinos de Greenpeace detenidos injustamente silencian deliberadamente la situación de la criminalización de la protesta en la Argentina.
Por lo aquí afirmado nuestro Partido considera esencial que salgamos a una lucha nacional por una AMNISTÍA TOTAL Y SIN RESTRICCIONES DE TODOS LOS PRESOS Y PROCESADOS POLÍTICOS por llevar adelante los justos reclamos de nuestro pueblo.
No podemos dejar compartimentado el reclamo de los procesados (más allá de que ya existen serios intentos de unificar esto) porque es confiar en la justicia de este sistema que está, precisamente, creada y entrenada para afrontar la lucha de clases y no para impartir justicia.
Es un problema político y lo debemos exigir políticamente, y no podemos caer en que para una amnistía hay que estar con condena firme o que el fuero éste o que el fuero aquel, y toda una sarta de cosas que tienen que ver con problemas burocráticos y “legales”.
Acá el único problema ilegal es que se está criminalizando la protesta.
Por eso exigimos AMNISTÍA TOTAL Y SIN RESTRICCIONES DE TODOS LOS LUCHADORES PRESOS Y PROCESADOS POR LUCHAR.