En las últimas semanas se llevaron a cabo varias movilizaciones de vecinos, en particular del barrio Los Alamos y demás barrios de la localidad de Glew, en el sur del conurbano bonaerense, por reiterados robos violentos, en toda la zona.
La masividad del reclamo, provocó que las autoridades municipales
y provinciales de la gobernación, tengan que dar respuestas inmediatas. Como puede esperarse de una institución estatal que está al servicio de los negocios capitalistas, donde la inseguridad, también forma parte de un gran negocio respaldado por los políticos de turno y por su puesto la institución policial, que no sólo promueve la venta de droga, si no de alarmas, seguridad privada, puertas blindadas, armas, etc., etc., etc.; la respuesta que salieron a dar frente al reclamo, no fue apuntada a los aguantaderos ni a los conocidos “kioscos” de venta de drogas que todo el barrio conoce, como debería haber sido.
Por el contrario, la medida que tomaron fue la de sacar a las fuerzas de seguridad al barrio a requisar a los vecinos y a parar los colectivos para hacer descender a los hombres y revisarlos.
Con el nombre de “Operativo de interceptación”, fue bautizada esta supuesta medida de seguridad, a cargo de la comisaría 7° de Glew avalada por la municipalidad y el ministerio de seguridad de la provincia, que consiste en hacer descender a todos los pasajeros varones de los colectivos que son detenidos al azar durante su recorrido, someterlos a un cacheo y a la revisión de sus pertenencias en busca de armas o drogas. En el mismo sentido se realizan operativos de cacheo “al boleo” en las paradas del transporte público.
La modalidad implementada al mejor estilo de la dictadura militar, consiste en frenar los colectivos, hacer descender a todos los pasajeros, y luego los colocan de espaldas, con las manos en alto frente al colectivo. De esta manera no sólo intentan proteger los inmundos negocios que promueve la inseguridad, en el que está metido el poder político e institucional, sino también amedrentar a los trabajadores y al pueblo de la zona con medidas represivas.
La burguesía y su gobierno, frente a las crecientes movilizaciones autoconvocadas que cuestionan al poder político y económico y que desnudan la verdadera esencia de las instituciones del Estado como protectores de los intereses de los monopolios, intentan desviar el eje desvinculando la inseguridad y la venta de drogas, al Estado como garante y administrador de quienes se benefician con el negocio de la droga, los robos y la muerte. Por lo tanto, salen descaradamente a afirmar que la delincuencia se terminaría con medidas, como la baja de edad a la imputabilidad, o la de sacar a todas las fuerzas represivas a la calle, o la de volver al servicio militar para adoctrinar a la “juventud perdida” u otras medidas más.
Pero en realidad, lo que intentan ocultar es que mientras exista el capitalismo y un Estado al servicio de los monopolios, la violencia contra la clase obrera y el pueblo, no se detendrá.