Negros nubarrones se ciernen sobre el gobierno y la burguesía en general. Se acerca el pago del aguinaldo y, en vez de constituir un pequeño desahogo para la oligarquía financiera porque los trabajadores tradicionalmente vieron momentáneamente llenos sus bolsillos al percibir el mismo, lo cual históricamente actuó como sedativo social, ahora será un motivo más para el descontento, la bronca y también constituirá un argumento más para nuevas movilizaciones, medidas de lucha y acción directa.
Es que se prevé un descuento que irá desde un 14% a más de 60% del aguinaldo, según el monto de los sueldos, por virtud del impuesto al salario que la burguesía llama impuesto a la ganancia.
En medio del cúmulo de movilizaciones que no cesan a pesar de los despidos, suspensiones y amenazas de cierre invocando la “crisis económica”, la oligarquía financiera se enfrentará con este nuevo problema dentro de dos cortas semanas.
Habiendo aceptado las imposiciones del Club de París para pagar cerca de 10.000 millones de dólares, el Estado argentino pondrá los recursos que varios grupos transnacionales requerían para sus millonarias inversiones programadas que estaban en gateras a la espera del dinero ajeno que requerían para concretarlas (ver nota del 03-06-2014 en esta misma página). Entre dichos grupos se encuentran todos los monopolios que actualmente están llorando miserias, despidiendo, suspendiendo personal y gritando a los cuatro vientos que hay crisis.
Está totalmente expuesta la trama de mentiras que todos los días escupe la presidenta a través de la cadena nacional y queda claro que lo que quieren es bajar la masa salarial, subir ritmos de producción con menos obreros y superexplotar para, con las nuevas inversiones, encarar los próximos negocios en el mercado mundial, incluido el argentino.
Pero la avidez de la oligarquía financiera no se queda allí, también sostienen el impuesto al salario el cual se hace cada vez más expropiador de los ingresos de los trabajadores, ajustan en la recaudación para pagar al Club de París y los bonos de otras deudas que están en danza y que suman más de 200.000.000 millones de dólares, y utilizan todos los mecanismos a su disposición para expropiar diariamente a los trabajadores y pueblo argentino.
Lo que no pueden parar ni con represión (como lo hicieron en Chaco), ni con la violación de las leyes que ellos mismos imponen al pueblo (tal como lo hicieron desconociendo la conciliación obligatoria que el gobierno firmó con los obreros de Gestamp), es la movilización y la lucha obrera y popular que hoy mismo tiene como protagonistas a trabajadores del transporte de colectivos, a recolectores de basura, a bancarios y otros.
Tampoco la fórmula fue retroceder como lo hicieron en el conflicto de Valeo y las autopartistas en Córdoba, o los docentes salteños y el Ingenio San Isidro de la misma provincia.
Los distintos métodos no detienen la arremetida de las masas y la burguesía monopolista y su gobierno antipopular están desconcertados. Están débiles y no saben como actuar.
Por eso es menester atacarlos en todos los frentes –ya sea contra el ajuste de los salarios y contra el ajuste de los recursos para el pueblo- porque en todos los frentes ellos intentan expropiar al pueblo.
En ese marco, la lucha de todos los obreros y trabajadores por cobrar el aguinaldo completo dentro de dos semanas y la eliminación definitiva del impuesto al trabajo debe darse simultáneamente en lo general y en lo particular en cada frente. En lo general, para su eliminación como ley porque afecta a todos los trabajadores en pos de lo cual debemos unificar fuerzas y luchar como un solo puño, y en lo particular para su eliminación de hecho, es decir, que la empresa se haga cargo del mismo, o lo resuelva con el gobierno como sea, pero que no se lo descuenten al trabajador a fin de mes.
No tenemos que permitir que la empresa se encubra en una ley del Estado argumentando que debe cumplirla y sujetarse a la misma, ya que fueron las empresas monopolistas las que decidieron que dicho impuesto les sea descontado a los trabajadores haciendo dictar al gobierno la correspondiente ley.