El 13 de abril quedará inscrito en la historia neuquina como un monstruoso ejemplo más del aberrante funcionamiento del sistema capitalista.
Ese día, la Fiscal González Taboada (la misma que dejó dormir la causa por la desaparición de Sergio Ávalos), en audiencia de juicio seguido contra los integrantes de la Comunidad Winkul Newen, pidió quince años de prisión, imputándoles el delito de “homicidio agravado en grado de tentativa” y “daño agravado”.
No se permitió el ingreso a la audiencia ni siquiera de los medios, dejándose ingresar sólo ocho personas. Los representantes de las petroleras, investidos como jueces, fiscales y demás momias, sólo accedieron a quitar de la carátula el término “alevosía”.
Al finalizar la audiencia, el Juez reconoció lo que todos sabemos: “Hay una corporación detrás”, admitió impunemente. Quienes también funcionaron a favor de las petroleras fueron el SEJUN, el Sindicato Ceramista y la Multisectorial de Neuquén, quienes argumentando defender la “trabajadora” Pelayes, mantienen una actitud de hipócrita ausencia, convalidando con su silencio la injusticia que se comete contra el pueblo.
La actitud de jueces y fiscales, merece nuestro repudio, tanto como juicio y condena popular; pero es coherente con los amos a los que defienden. Pero la actitud de quienes se autodenominan “progresistas” o “de izquierda” de la boca para afuera pero, en los hechos, actúan legitimando la criminalización de la protesta social, merece todo nuestro desprecio.
Quizás haya que recordarles que estos compañeros están siendo procesados por defender su vida y su dignidad. Quizás haya que recordarles que hace cien años los habitantes originarios de nuestra zona fueron vilmente arrastrados hacia el desierto por el genocida Roca (cuyo nombre sigue ostentándose en nuestras calles, dicho sea de paso, para nuestra vergüenza); por que habitaban en la zona de cultivos de manzana, junto al río. Pero claro, estas tierras las necesitaba la burguesía para cultivo.
Ahora que las petroleras necesitan el desierto, lugar donde las comunidades fueron obligados a afincarse tras la masacre –y no conquista- del “desierto”, también son vilmente echados de sus tierras, de su hogar, de todo su medio de vida.
Esta es la situación que originó la parodia de juicio que presenciamos y en la que nuestros compañeros están siendo procesados.
El día 28 de diciembre de 2012, la oficial de justicia Pelayes, actuando en su carácter de represora al servicio del Estado, se presentó en las tierras de la comunidad a fin de notificar el desalojo, que la justicia servil a los monopolios habían decretado, a fin de liberar los campos de sus habitantes y permitir que las petroleras sigan haciendo millonarios negocios con nuestra contaminación y muerte.
Ese mismo día, los integrantes de la comunidad venían del entierro de un recién nacido, muerto por “causas desconocidas”, en la voz de quienes niegan la contaminación.
La Señora Pelayes se presentó ese día con policías, camionetas y una topadora de la empresa “Apache”, dejando en claro para quien prestaba servicios. La Señora Pelayes notificó el desalojo a los miembros de la comunidad, intimándolos a presentar “los papeles de las tierras”, cruda muestra de su servilismo y maldad.
La Señora Pelayes, luego de notificar, hizo avanzar la topadora hacia el hogar de los miembros de la comunidad, hecho que fue heroicamente resistido a piedrazos, como cabe hacer al campo popular, cuando el Estado nos avasalla en nombre de los negocios de un puñado de millonarios.
Una piedra golpeó el rostro de la Señora Pelayes y sobre este hecho, se pretende encarcelar durante quince años a personas de nuestro pueblo que sólo han actuado en defensa de su vida.
Quince años por una piedra en defensa de su vida, quince años al igual que si fueras un niño palestino que apedrea al ejército israelí (¿nefasta coincidencia o simple coincidencia de accionar entre asesinos represores?)
¿Qué haría Ud. ante una petrolera que quiere quitarle su casa, su tierra y sus medios de vida? Esta imputación no es casualidad, esta imputación busca encarcelar a los compañeros para liberarle el campo a las petroleras; pero también esta imputación busca sentar un precedente, una condena ejemplificadora, en la cual, si una manifestación popular es reprimida por la policía, cualquier intento de defensa por parte del pueblo se vería, inmediatamente, comprendido dentro de esta repugnante condena.
La segunda audiencia ha sido fijada para el día 23/04, casualmente –y no tan casualmente-, pocos días antes de celebrarse las elecciones provinciales, lo que, seguramente, pretenden les dé el aire suficiente para consumar la condena, ante la cercanía de los comicios.
Quizás también haya que recordar que en ninguna elección se resuelven los problemas del pueblo, pero que si permitimos que se consolide esta infamia, le estaremos dando al poder estatal más elementos para condenar nuestra justa bronca ante su institucionalización de la miseria, el hambre y la indignidad.