Los directores ejecutivos de los monopolios, comúnmente conocidos por su sigla en inglés (CEO), le han dicho al ministro de trabajo del próximo gobierno, Jorge Triaca, que declare que el impuesto a la ganancia sobre el salario, será descontado del aguinaldo. En medio de un estado de movilización popular, deliberación y bronca, esto parece una declaración de guerra.
Un análisis por fuera de la lucha de clases, tal como lo hacen sectores del reformismo y el populismo, posición que abunda en los medios masivos de comunicación, nos llevaría a la conclusión falsa de que ahora el gobierno va a aplicar mano dura respecto a los salarios y a los derechos laborales y políticos de los trabajadores.
Un análisis basado en posiciones subjetivas que le otorgan, a los discursos del burgués de turno, más importancia que a los hechos que, como clase, se adoptan en determinadas circunstancias.
Desde esa concepción, la voluntad de Fulano o Mengano, se interpone a los intereses de la clase dominante a quien hacen cumplir sus decisiones. Una absurda posición que invierte la realidad y le otorga al personaje o a determinada camarilla política burguesa que usa la sigla de un partido, la potestad de imponer a la oligarquía financiera internacional que tiene el poder en nuestro país, su voluntad.
Sin embargo, como marxistas leninistas, nosotros nos posicionamos en la correlación de fuerzas políticas existentes entre las dos clases antagónicas de esta sociedad capitalista para analizar los movimientos de las mismas y las consecuencias que se derivan de tales acciones.
Desde esta perspectiva, analizamos que el futuro ministro declara lo que los CEO le dijeron que debe declarar. Y desde ese mismo análisis interpretamos que la posición de los representantes de los monopolios que se instalarán en el futuro gobierno, se ven obligados a declarar la guerra a los trabajadores antes de asumir. Pero, ¿es ésta una muestra de poder?
Rotundamente, respondemos que no. Se trata de un gesto desesperado que no mide las consecuencias de la respuesta que los trabajadores y el pueblo tendrán frente a la decisión que supuestamente tomará la oligarquía financiera.
Y decimos supuestamente ya que, desde que la facción monopolista que ganó las elecciones a la otra facción monopolista que estaba en el gobierno, tomó la voz cantante, han cambiado múltiples decisiones políticas y nombramientos de funcionarios, dado el arrinconamiento en el que los había colocado la repulsa social que los mismos provocaban, antes de ser estrenados.
El peligro de la pérdida de porcentajes de ganancia es lo que a la burguesía monopolista la obliga a tomar decisiones políticas que, desde una situación más holgada, no tomarían por el riesgo de azuzar el enfrentamiento con la clase obrera y el pueblo.
La situación de retroceso político no les da margen para moverse y entonces, como el boxeador arrinconado entre las cuerdas, tiran golpes al aire tratando de pegar alguna «piña» con suerte. Todo para no ver disminuida su cuota de ganancia, porque de lo contrario, más tarde se verían obligados a tomar medidas más drásticas todavía que la obligarían a un enfrentamiento mayor con su oponente. Por estas razones, la «declaración de guerra» que acaba de hacer el futuro ministro suena con vos temblorosa.
La burguesía monopolista está en una situación muy incómoda y desprotegida: se vio obligada a desprenderse del velo de funcionarios políticos que no dejaban ver con claridad a los personeros de los monopolios, los CEO.
Ahora, son ellos los que ocuparán los cargos del gobierno y están en la primera línea del enfrentamiento. Claramente aparecen sin posibilidad de esconderse, la lucha de clases está más clara y va a ser más difícil que algún discurso engañador se interponga para confundir a las masas.
Ahora está más claro quién y para qué lo dice. La disyuntiva es de ellos y ellos son los que tienen que tomar las decisiones más incómodas y forzadas para sostener sus ganancias y no rifar porcentajes de la misma en la puja distributiva. El mismo proceder se verán obligados a ejecutar, en los ámbitos de las decisiones políticas de toda índole.
La clase obrera, los trabajadores en general y el pueblo, tendrán la última palabra en estas lides. El fin de este año y los primeros meses del que se avecina, preanuncian una época de intensificación de las luchas por la puja distributiva a las que se sumarán las de tipo político pues el pueblo argentino ya ha manifestado que no quiere seguir viviendo como hasta ahora.