Desde que la oligarquía financiera se instaló en el poder en nuestro país mediante la más sangrienta dictadura que reconoce la historia argentina sometiendo a todos los sectores de la propia burguesía, cerrando las puertas al viejo capitalismo, para ingresar en el estrecho túnel de la era imperialista, comenzó a caminar el tortuoso calvario de la crisis política irreversible que la fue desacreditando ante los ojos del pueblo. El río de sangre que separó al pueblo del Partido Militar, se convertiría en el zanjado que dividiría aguas entre cualquier expresión política de dicho sector y la clase obrera y el pueblo argentino.
La derrota política que obligó al retiro de la dictadura y la vuelta a la democracia no significó pérdida del poder económico en paralelo, sino más bien la continuidad y profundización del proceso de concentración y centralización de la producción en todos sus aspectos, porque esa democracia ya tenía la impronta no de la libre competencia sino del monopolio. La política tiene su asiento en la economía, pero no tiene un grado de dependencia mecánico, sino más bien se van manifestando ambas con cierto grado de independencia.
Los gobiernos de la fase democrática post dictadura, a cuya cabeza estuvieron distintos sectores de los monopolios, siempre en disputa creciente y cada vez más violenta entre sí, no pudieron recomponerse de la crisis política y, por consecuencia, de la divisoria de aguas con la clase obrera y el pueblo. Por el contrario, siguiendo los dictados de los negocios capitalistas, que sólo pueden mantenerse a costa de intentar frenar el desarrollo histórico y de avance de la humanidad, la profundizaron y extendieron como prenda a pagar por el mantenimiento del sistema capitalista que posibilita sus negocios y continúa el proceso de concentración.
Al margen de alguna diferencia de forma, los gobiernos sucesivos aplicaron:
Políticas de reducción salarial y de aumento de productividad, mediante la promulgación de legislaciones restrictivas de los derechos laborales. Léase, leyes de flexibilización laboral, contra la libertad de agremiación, sostenimiento de estructuras sindicales pro patronales y patoteriles como ariete contra la democracia y organización independiente de los trabajadores, proyectos de «pactos sociales» basados en el efectivo control de aumento de salarios, limitación de los derechos y beneficios jubilatorios, apropiación de las cajas de seguridad o la administración de los recursos recaudados para darles otro fin distinto al pago de jubilaciones y pensiones, leyes de control y represión social mediante las fuerzas de seguridad del Estado, aumento de penas y creación de figuras delictivas contra las luchas sociales, eliminación de derechos laborales y democráticos para los trabajadores, creación de impuestos masivos que se pagan fundamentalmente con el consumo de productos de la canasta familiar (ingreso de los trabajadores), destino de subsidios millonarios a empresas transnacionales, aperturas o cierres de mercado según convenga al grupo de monopolios que lidera en ese momento el destino económico del país, pagos de las distintas deudas con organismos financieros de todo tipo (no importa si son instituciones de préstamo, pago de bonos, etc.), permanente devaluación del peso, blanqueos de capitales que fomentan y sostienen no sólo la circulación libre de éstos sino también, los recursos de la droga, la trata de personas y otros negocios espurios que ellos diferencian de los «legales», etc.
No hay gobierno que no haya transitado este camino realizando estas medidas que pueden sintetizarse en: disminución de los ingresos de trabajadores y pueblo en general y aumento de ganancias y concentración en menos manos del mayor capital producido socialmente y apropiado por un puñado de monopolios transnacionales, sostenido por las leyes y dictámenes jurídicos que convergen a tal fin.
Lo que venimos diciendo es lo que realiza el gobierno actual cuyas primeras medidas ha comenzado a llevar adelante.
Esto quiere decir, y reafirma con total seguridad, que mientras se mantenga el sistema capitalista de producción, el gobierno de turno que surja de la propuesta de cualquier partido del sistema, aplicará esa política. No hay margen para otra opción, pues ésa es la condición en la que se mueve el capitalismo imperialista en el mundo entero. Todo discurso que salga de los labios de cualquier burgués criticando la aplicación de esas políticas no es más que mentira flagrante e intento electoralista de engaño al pueblo. Las usinas de dicha mentiras tendrán eco en el oportunismo y el reformismo camuflados entre los sectores populares, siempre dispuestos a acompañar las políticas de la oligarquía financiera.
Cuando hablamos de la necesidad de la revolución, estamos diciendo que este sistema no da más y que la prueba de tal circunstancia está en lo que decimos más arriba. La única alternativa que tenemos como pueblo para cambiar el rumbo y terminar con la aplicación de estas políticas es la continuidad de las luchas y el enfrentamiento a la oligarquía financiera (ver nuestra propuesta táctica publicada en fechas 05 y 07 de enero pasados) hacia la conquista del poder y la destrucción del aparato del Estado de esa burguesía monopolista para erigir el Estado revolucionario que realice la revolución socialista.
Esta revolución no es una quimera que pueda compararse con otra idea salida de una canasta llena de buena intenciones entre las que pudiéramos elegir cualquiera. Se trata de avanzar sobre las bases creadas por el mismo sistema capitalista revolucionándolo. Es decir, que al conquistar el poder, el proletariado y el pueblo, adueñándose de los medios de producción existentes están en capacidad y necesidad de darle al esfuerzo de toda la potencia laboral de la sociedad, el destino de satisfacción de las necesidades que el ser humano demanda para una vida digna y proporcionar también los recursos para la satisfacción, en forma escalonada y ascendente, de las aspiraciones de desarrollo de las potencialidades infinitas que como seres humanos podemos alcanzar.