El fallo de ayer de la Corte Suprema acerca del derecho de huelga es una confirmación de cómo la burguesía intenta “curarse en salud”, cuando ya el virus de la rebeldía se alojó en sus entrañas.
No sirve de nada entrar en consideraciones leguleyas cuando el fallo es esencialmente político, dado que el mismo apunta a encorsetar en la legalidad burguesa la acción independiente de las masas trabajadoras. Ese es el único fin que persigue esta resolución que le da exclusividad a las organizaciones sindicales para ejercer la huelga.
Este fallo es una respuesta tardía a un proceso que se viene macerando y solidificando desde los más profundo de los intereses obreros; la organización independiente para la lucha, que privilegia la acción directa de los trabajadores por sobre cualquier institución que quiera frenarla, es una experiencia que no tiene vuelta atrás y que hace inaplicable lo resuelto ayer por la Corte. Simplemente porque la acción independiente de los trabajadores tiene el carácter de clase que, precisamente, choca de frente con el objetivo del fallo. Es una resolución que viene a querer impartir “orden y legalidad” burguesa cuando la misma ha sido desbordada por el accionar y la decisión de la clase obrera y trabajadores en general de avanzar en la conquista de sus derechos políticos, lo que incluye utilizar todas la herramientas, las que la burguesía considere legales y las que no, para ese fin. Se pone así de manifiesto la confrontación clasista de fondo que existe en el seno de la lucha de clases en nuestro país, a la que la Corte Suprema “blanquea” con esta resolución.
Así lo manifiesta parte de los argumentos del fallo cuando invoca expresamente: «El desarrollo de la huelga provoca una evidente tensión con el ejercicio de los derechos del empleador (libertad de comerciar, de ejercer toda industria lícita, etc.) así como también con derechos de terceros o de la sociedad (de transitar, de enseñar y aprender, a la protección de la salud, a la adquisición de bienes para una adecuada alimentación y vestimenta, a que se asegure la calidad y eficiencia de los servicios públicos, etc.) que también cuentan con protección constitucional». Este párrafo por sí mismo está confirmando que la decisión es coartar los alcances de la huelga política de los trabajadores, al invocar no sólo el daño que produce al empleador directo sino al resto de la sociedad. Evidencia claramente que, sea o no un sindicato reconocido el que lleve adelante la medida, la intención de la burguesía monopolista es legislar sobre el fondo de la cuestión referida al derecho de huelga. Esto es si la acción de los trabajadores traspasa los límites de la lucha meramente económica para convertirse en una abierta lucha política contra la clase en el poder.
Esta resolución judicial busca ser una herramienta para que la burguesía logre disciplinar al conjunto de los trabajadores, intento que viene siendo desbordado, una y otra vez, por la acción de las masas obreras. Es la forma que toma en nuestro país el embate que la oligarquía financiera mundial viene desarrollando internacionalmente en contra de los derechos económicos, políticos y sociales de la clase obrera.
Por eso decimos que llega tarde; está más que demostrado, en la experiencia de nuestra clase obrera y de la clase obrera en el mundo, que el derecho burgués no actúa de límite alguno a la acción revolucionaria de las masas. Viene a querer “ordenar” con leyes lo que ya la lucha de clases “desordenó” con acciones, que son leyes en sí mismas aunque no estén escritas en resolución judicial alguna.