En consonancia con las administraciones burguesas que le precedieron, el gobierno de Cambiemos, integrado en gran medida por funcionarios del mundo empresarial, viene realizando una tarea impecable: todas las medidas económicas apuntan a un objetivo central, que no es otro que el de transferir los recursos que le corresponden al pueblo trabajador hacia los sectores más concentrados de la economía. El ejemplo gráfico y simbólico más elocuente transcurrió el 6 de abril: el paro general, de enorme acatamiento e impulsado por la presión de las bases populares y trabajadoras, fue el día elegido por el presidente Macri para organizar su mini Davos. Claro mensaje de la burguesía, que no piensa en ceder ni un ápice en la defensa de sus intereses, expresado con el cinismo más pueril que se concentra en la figuras payasesca del presidente títere: «acá estamos, trabajando», declaró al inaugurar el evento, mostrando su desprecio a una decisión reclamada desde hace tiempo por el conjunto de los trabajadores, esos mismos que este gobierno de la burguesía desprecia, esos mismos que son quienes producen todo lo que se consume y se exporta, para beneficio de la clase dominante.
Lo cierto es que los planes de la burguesía son serios y avanzan. Así se evidencia a ojos vista cuando contemplamos el aumento de la productividad y la reducción del costo empresario. Despidos, suspensiones, flexibilización laboral, para acumular más y más riqueza en pocas manos: son las arcas de los monopolios. Tan serios son eso planes que el gobierno, representante de esos intereses de clase, arremete con fuerza en contra de las manifestaciones populares, las marchas y los cortes de calle, avasallando el derecho a la protesta, usando su aparato represivo y amedrentando a la población con amenazas de todo tipo, llegando al extremo de proponer la idea de imponer prisión para enfrentar esas manifestaciones, argumentando que la violencia amenaza con tomar las calles. Falaz declaración, que avasalla un derecho constitucional amparado en los artículos 14, 14 bis y 19 de la Constitución Nacional. Queda claro que aún utilizando las herramientas de las instituciones de la burguesía, el pensamiento del gobierno se derrumba. Pero más encuentra su ruina y su despropósito ese pensamiento, si meditamos en el hecho de que es la burguesía, envalentonada gracias a las medidas que lleva adelante el gobierno de los monopolios, la que genera violencia y promueve el movimiento popular. Sus planes de ajuste conducen a la reducción de puestos de trabajo, al aumento de la indigencia y de la pobreza, al aumento de la productividad a costa del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores en los centros fabriles, a la angustia de miles y miles de familias que no alcanzan a cubrir sus necesidades más elementales, al constante cierre de Pymes y capida del salario real.
Que lo tengan presente: el pueblo trabajador no va a ceder en esta lucha por la dignidad. Así quedó demostrado claramente durante el mes de marzo, rico en manifestaciones populares que dejaron en claro que el pueblo va a ganar la calle, y cada vez con más perseverancia frente al avance dictatorial de una burguesía en retroceso. Este gobierno tiene miedo porque se siente desbordado frente a la respuesta popular. Por eso, recurre a la represión y al amedrentamiento, hostigando a la clase trabajadora. En la democracia burguesa, los planes de ajuste no cierran si no es con represión. Ahí muestra la hilacha la clase dominante, y se evidencia la falacia de la democracia representativa, que no duda en avasallar los derechos individuales y colectivos cuando se trata de defender sus intereses económicos y de dominación.