En la nota publicada ayer en esta misma página, mencionamos la iniciativa de la cúpula de la Iglesia Católica en la Argentina acerca de la “reconciliación” entre los verdugos de la dictadura fascista instaurada en 1976 y las víctimas de la misma.
En el mismo día de ayer se conoció la resolución de la Corte Suprema de Justicia que le concede el beneficio del “2×1” en el caso del represor Luis Muiña. Más allá del aspecto jurídico de la decisión, dado que se trata de delitos de lesa humanidad y por lo tanto no pueden tratarse como delitos comunes, como lo sostuvieron dos integrantes del tribunal que votaron en contra de la decisión mayoritaria, existe un costado político e ideológico (el más importante) que es el que queremos analizar.
Como primer punto, remarcamos el aspecto ideológico del fallo en consonancia con la iniciativa de la cúpula eclesiástica; la postura de conciliar intereses de clases irreconciliables que sostiene la institución religiosa se lleva de la mano con el fallo del alto tribunal que “empareja” delitos comunes con delitos de lesa humanidad.
¿Qué dirán ahora los que se desgañitan cuando los jueces corruptos liberan antes de tiempo a asesinos y violadores? ¿Se pueden pedir perpetua para este tipo de criminales y no para criminales de lesa humanidad?
Evidentemente, la Corte falla en pos de convencer a la sociedad que los criminales de la dictadura fascista son iguales a los demás criminales y, por lo tanto, los crímenes cometidos en contra del pueblo argentino desde el aparato del Estado, con un plan sistemático de exterminio, como quedó demostrado en el juicio a las Juntas, deben ser considerados delitos comunes.
De allí a querer reinstalar que hubo “excesos” en la represión de la dictadura, hay sólo un paso. Tanto el pronunciamiento de la institución Iglesia como de la institución Corte Suprema apuntan a dar por superada la lucha del pueblo argentino que logró el juicio y encarcelamiento a los genocidas para, de esa manera, dar por enterrada la lucha de clases y, en consecuencia, aislarnos a los revolucionarios que sostenemos que la lucha de clases existe y que la misma se enfrenta desde políticas revolucionarias de lucha por el poder para la clase obrera y el pueblo derrotando a la burguesía.
El otro aspecto del fallo, el político, tiene más que ver con necesidades más inmediatas de la burguesía monopolista y su gobierno. El querer “lavarle la cara” a los criminales de la dictadura busca enviar un mensaje directo al núcleo “duro” de los votantes del gobierno macrista.
Allí persiguen consolidar esa base electoral para las legislativas de octubre, en las que el gobierno nacional ya descuenta con que no podrá llegar a las mismas con mejoras en la economía palpables para la población y, por lo tanto, se recuestan sobre cuestiones políticas que son vendidas como mejoras de la “institucionalidad”, de las formas “republicanas”, la “división de poderes” y demás sarta de mentiras a las que recurren para tapar y/o reemplazar la falta de buenas noticias en la economía.
Los propios voceros burgueses anuncian que la economía no arranca ni arrancará y que la recesión se acentuará con el correr de los meses. Por lo tanto, Macri y sus asesores intentan tener contenta a su principal base de sustentación electoral, dado que fallos judiciales de estas características son del beneplácito de los sectores más reaccionarios y retrógrados de la sociedad argentina.
Al mismo tiempo, hay una clara intencionalidad de suavizar lo que fue la represión de la dictadura para legitimar las futuras represiones que sean necesarias ante los enfrentamientos políticos que los trabajadores y el pueblo presentarán a la clase dominante.
La burguesía monopolista sabe perfectamente que la lucha de clases existe, aun cuando se la quiera disfrazar o hacer pasar como muerta, y entonces prepara en el campo ideológico el sustento de futuras represiones; y no nos referimos a desalojar con gases y balas de goma las calles o rutas solamente, sino al despliegue de una política represiva (y contrarevolucionaria) en todos los planos, lo que necesita para sostenerse sin el aval político de un sector importante de la población.
Hoy, esa intención es inviable políticamente. Pero la burguesía no cesa ni cesará en volver una y mil veces sobre el punto porque allí radica la esencia reaccionaria de su carácter explotador que conoce a ciencia cierta la necesidad de la represión abierta cuando sus intereses de clase se vean cuestionados por la lucha revolucionaria del pueblo.
No se trata de agitar la represión. Sí se trata de no confundirnos con el enemigo de clase y saber que la política del garrote y la zanahoria es la misma política que la burguesía lleva adelante en sus varios siglos de existencia.
Querer legitimar las instituciones burguesas (aun las represivas), cuando las mismas sufren un cuestionamiento generalizado, es una cuestión estratégica a la que la burguesía nunca renunció ni renunciará.
Con el fallo de la Corte y la iniciativa de “reconciliación” la burguesía monopolista tira líneas a fondo en el mar de la inevitable profundización lucha de clases que sus planes habrán de provocar.