El Terrorismo de Estado llevado a cabo por la última dictadura militar, constituyó la metodología aplicada por la herramienta del sector más concentrado de la burguesía en nuestro país: la oligarquía financiera.
Los crímenes de lesa humanidad por los que fueron juzgados algunos de los terroristas genocidas fueron crímenes políticos sociales y, como tales, responden a la voluntad de la clase dominante. La dictadura genocida fue el punto más álgido de esos crímenes contra la vida social del pueblo. Pero, diariamente, esos crímenes sociales se continúan, mediante otras metodologías, con cada medida que achica y disminuye la calidad de vida de quienes somos los que producimos todo lo existente.
El hambre, la miseria, la falta de salud, la inseguridad, la destrucción de una educación científica y liberadora para el pueblo, la falta de horizonte de un cambio de vida para mejorar, son todas consecuencias de la explotación del trabajo asalariado por la burguesía y, fundamentalmente por la oligarquía financiera, en una búsqueda insaciable de ganancias y privilegios. He ahí el fin con el que instauraron el terrorismo de Estado y hoy sostienen el poder.
Las consecuencias atroces de la dictadura no tienen que taparnos el objetivo por el cual fue instaurada y cuál es el sector de clase que la pergeñó.
Los avatares de las correlaciones de fuerzas entre los explotados y oprimidos por los monopolistas son las causas que hacen variar las formas de gobierno y las características que adquiere el Estado al servicio de la gran burguesía. La encarnizada lucha de clases se profundiza y ésa fue la motivación que no casualmente, como frutilla del postre de una fuerte campaña que durante meses se llevó a cabo a través de los medios tratando de poner como víctimas a los ejecutores armados del terrorismo de Estado, desembocó en el llamado a la reconciliación de la cúpula eclesiástica y la resolución de la Corte Suprema de aplicar el 2 x 1 a un genocida dejando la puerta abierta a la liberación de todos los asesinos antihumanos encarcelados.
Porque así como los crímenes se siguen cometiendo contra el pueblo laborioso, tratando de reducir bruscamente sus ingresos salariales e intensificar la productividad revisando todos los convenios laborales, con todo el sufrimiento que ello significa por la disminución de sus condiciones de vida, la clase obrera y pueblo en general intensifican su rebeldía desde lo más profundo de las bases y avanzan decididos, a pie firme, hacia formas de organización independiente de toda institución corrompida por el aparato de dominación de la burguesía monopolista.
La revolución es una necesidad para la conquista de una vida digna. Hay un enemigo declarado que estando en el poder, volverá una y mil veces a tratar de lavar la cara de sus esbirros porque los necesita para las futuras contiendas que la lucha de clases les plantea en el horizonte. Luego, que puedan o no recurrir al servicio de los mismos para llevar adelante sus dictados, eso también lo determinará la correlación de fuerzas dada en el enfrentamiento.
Nadie puede creer que la votación de estos tres jueces, hoy cómplices declarados del genocidio, se haya resuelto en soledad y en forma trasnochada obedeciendo a un impulso de conciencia individual. Se trata de profesionales del derecho burgués quienes saben perfectamente que este tipo de pronunciamientos tiene consecuencias sociales inevitables y, por ende, es evidente que su voto, que excede y vulnera todo fundamento jurídico burgués, ha sido de carácter netamente político con el aval de un sector de la oligarquía financiera que ante la respuesta popular, dio marcha atrás dejándolos solos y desprotegidos, tal como hicieron con los militares y fuerzas de seguridad remanentes de los años de plomo.
La movilización de mañana contra la fallida jugada de la burguesía hará retroceder aún más los vanos intentos de resucitar y blanquear políticamente las herramientas represivas. Y la persecución popular a estos tres delincuentes de toga para que sean destituidos y juzgados se emparenta a la persecución popular a los ejecutores militares del terrorismo de Estado de la oligarquía financiera. Sólo habrá justicia completa cuando la clase obrera y el pueblo nos liberemos de los verdaderos motivos que hacen que existan estos personajes y podamos juzgar a los integrantes de la oligarquía financiera y todos los miembros de sus aparatos institucionales que obraron a su servicio. Ésa tarea la iremos realizando en el camino de la lucha y la unidad popular por nuestras conquistas y hacia la revolución socialista.
No tenemos expectativas en la justicia burguesa ni pensamos que la destitución y juzgamiento de estos tres jueces sean solución alguna. Pero sí sabemos que obligar a la propia burguesía monopolista a juzgar a los ejecutores de sus políticas de clase, los debilita, les genera contradicciones, corroe voluntades de sus colaboradores a sueldo, agujerea escasos vestigios sólidos de sus conciencias y pone al descubierto sus objetivos de sostener el sistema que les da ganancias a costa de las grandes mayorías, a la vez que fortalece y encumbra las luchas de la clase obrera y el pueblo contra su enemigo irreconciliable.