Es habitual que las empresas para abaratar costos, tercericen algunos trabajos con empresas «fantasmas» disfrazadas de «cooperativas». También es habitual que los trabajadores de esas cooperativas tengan un salario muy inferior al que tendrían si fueran empleados de la empresa contratante y, además, están expuestos a cualquier tipo de abuso por parte de ambas patronales: la contratante y la contratada. Esto, que de por sí es grave, lo es más aún cuando el que contrata es el Estado, ya que, de acuerdo a la Constitución Nacional, es el que debería garantizar condiciones dignas de trabajo.
Esto sucedió con los trabajadores de la cooperativa Litoral Clean, radicada en la provincia de Santa Fe. Dicha empresa trucha, integrada por militantes de la agrupación La Cámpora, ganó la licitación para realizar la limpieza de la sede que la UNCo (Universidad Nacional del Comahue) tiene en Gral. Roca. Para ganar dicha licitación, presentó un presupuesto muy bajo, casi irrisorio.
En septiembre de 2015 iniciaron los trabajadores sus tareas, cobrando un salario de $3.500 por seis horas de labor diaria. La primer irregularidad fue que nunca conocieron a su empleador, ya que se comunicaban con el dueño de la empresa por vía telefónica.
En el mes de octubre, comenzaron a faltar los insumos para realizar las tareas de limpieza y, ante el reclamo de los trabajadores, recibieron como única respuesta que “si había agua podían seguir trabajando”.
La situación continuó deteriorándose y no cobraron el salario de noviembre y diciembre. En ese último mes, viajaron a Neuquén, donde se encuentra el rectorado, para pedir que se regularice su situación. Recién entonces apareció un socio de la cooperativa, quien argumentó que lo que cobraban por el servicio era insuficiente y le solicitó a la universidad una actualización del presupuesto, pedido que fue aceptado.
Con el dinero recibido, la cooperativa le pagó a los trabajadores la insignificante suma de $2.000. Siguieron trabajando hasta que, el 8 de enero de 2016 recibieron el telegrama de despido. A partir de allí, se abrió un conflicto que actualmente continúa.
Antes de finalizar enero, la empresa contrató nuevos empleados, quienes, al ser informados por los despedidos de su situación y del accionar fraudulento de la patronal, renunciaron inmediatamente. A partir del mes siguiente, la Universidad se hizo cargo de la deuda de la empresa y les pagó a cuenta gotas y en negro, parte del dinero, debiéndoles aún hoy diez días de trabajo.
Posteriormente y, con el fin de conservar la fuente laboral, los trabajadores le propusieron a la Universidad continuar el contrato, utilizando la personería de la cooperativa Mariano Moreno de Bs. As. y, reiniciaron sus labores el día 9 de marzo. El contrato venció el 30 de septiembre del año pasad, pero el rector ofreció extenderlo. Esto ocurrió hasta que, el 11 de abril del corriente año, decidió rescindirlo unilateralmente, dejando a los trabajadores en la calle.
Desde entonces, éstos mantienen ocupada la sede de Gral. Roca, acción que fue rechazada por la universidad, a través de su rector, Crisafulli, quien no dudó en iniciarles acciones legales para desalojarlos y enviarles a la policía para amedrentarlos. Por este hostigamiento, decidieron ocupar también el Rectorado y exigirle a las autoridades que los contraten como personal no docente de la universidad, y así, dejar de ser trabajadores precarios.
La semana pasada, se organizó una marcha reclamando que sean respetados los derechos de los compañeros; la misma tuvo el apoyo de los estudiantes y de la mayoría del personal docente y no docente de la Universidad.
Al mismo tiempo, un sector del denominado progresismo, como las corrientes kirchneristas La Cámpora y el Movimiento Evita, fracción política a la que pertenece Crisafulli, y la APDH de Neuquén, realizaron una marcha paralela en defensa de la universidad o, lo que es lo mismo, en contra de los derechos de los trabajadores.
Este conflicto deja en evidencia varios aspectos:
1.- Que los que detentan el poder y el gobierno, no respetan ni su propia legalidad, incumpliendo hasta los preceptos más elementales de la Constitución y, como consecuencia de eso, se demuestra el nivel de degradación política de la clase dominante.
2.- Que cuando las instituciones del sistema son cooptadas por los partidos de esa clase, se las utiliza siempre para defender los privilegios de los ricos y poderos en detrimento de los derechos de la clase obrera y el pueblo empobreció.
3.- También quedó en evidencia el límite del tan mentado «progresismo», que cuando necesita votos utiliza un lenguaje combativo y pseudo revolucionario, pero cuando tiene que definirse, lo hace para el lado de la clase dominante.
De esta y de todas las luchas que los trabajadores llevamos a diario, con el propósito de alcanzar una vida digna para nosotros y nuestros hijos, se desprende cuál es la tarea que nos urge. La misma no es otra que organizar, unificar y masificar todas esas luchas para golpear con más fuerza a nuestros enemigos. Y para eso, deberemos construir una organización de y para los trabajadores, democrática e independiente de las empresas, el Estado y los partidos.
Reportaje en «La Chispa» – Radio Cuyum – Mendoza