La desaparición forzada de Santiago Maldonado, se ha convertido, por arte y virtud de la falsedad comunicacional mercenaria, en el “caso Maldonado”. Los intentos de tapar el sol con un dedo, por parte de los medios masivos de difusión al servicio del poder burgués, sólo encuentran paridad con la actitud de los funcionarios del Estado por querer limpiar la imagen de las fuerzas de seguridad, no sólo de gendarmería sino de las policías federal y provinciales.
Estas fuerzas permanentes del Estado son sumamente necesarias para el sostenimiento del poder de la clase dominante y por lo tanto deben ser protegidas por los gobiernos de turno, a pesar que, desde lo más profundo del interior de las mismas, el pus fluye como cataratas abarcando a cada una de las personas que la integran. Porque es imposible concebir que el ingreso y permanencia a una institución delincuencial, corrupta, patotera, etc., pueda realizarse sin pasar por las “necesarias” puestas a prueba de silencios obligados, participación en las aventuras delictivas y subordinaciones a los mandatos jerárquicos de obtención de botines varios para conseguir mayores bienestares de sus miembros.
Toda aquella persona que ingresa debe ser moldeada a imagen y semejanza de la institución y su permanencia en la misma es el certificado de garantía de que, el pus no sólo la ha bañado sino que ha penetrado en lo más recóndito de sus células. Sólo así puede ser reconocida como par de los miembros que la integran. Ésa es la condición.
Conclusión, las instituciones armadas de seguridad del Estado son idénticas a la clase burguesa que detenta el poder y a las instituciones que alargan su existencia como clase dominante contra el pueblo trabajador.
En vistas a la necesidad de disciplinamiento de la clase obrera y trabajadores en general para la aplicación de los planes de superexplotación (disminución de personal y aceleración de los ritmos de trabajo, intensificación de la productividad, baja de la masa salarial, apropiación acelerada de territorios para establecer fuentes de extracción de riquezas, etc.,) la burguesía requiere del servicio de esas fuerzas de seguridad. Pero, para ello, y dado que no quiere tocar sus ganancias para el mantenimiento de las mismas, les permite el recurso del botín propio. Es decir, adueñarse del delito en todo el territorio nacional, dejando que las bandas hagan lo suyo mientras que entreguen a la fuerza armada del Estado el correspondiente pago de derechos para delinquir. El problema de esto es que, por este camino, se llega al descontrol y la fuerza de seguridad desarrolla un recorrido propio por fuera de la subordinación a sus mandos políticos.
Esta contradicción ha sido históricamente insalvable para la burguesía, y más hoy con el estado de putrefacción que tiene el poder, porque esta lógica que describimos para las fuerzas de seguridad es la misma que transita las venas y neuronas del poder político a sueldo de los monopolios.
Allí vemos a la ministra Patricia Bullrich colgada de un hilo tratando, desde origen, de defender a la gendarmería, tradicional instigadora de delitos contra las vidas e integridad de las personas del pueblo y sus bienes, cuya cara había intentado limpiar el gobierno anterior. Dada la respuesta popular frente a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, varios miembros del gobierno le soltaron la mano y sectores de lo más concentrado del capital le dieron vuelta la cara sin agradecerle sus servicios prestados hasta la fecha. Total, “ya se llevó bastante” y, además “aceptó el puesto sabiendo a lo que se exponía” piensan sin sonrojarse, los dueños del capital.
Mientras, el ministro de gobierno de la Provincia de Santa Fe, Pablo Farías, advierte al poder judicial que no debe detener en masa a los policías involucrados en la detención, y posterior asesinato de Franco Castro, ni a las decenas de policías que participaron en la persecución, fusilamiento y encubrimiento de dos jóvenes vecinos de la ciudad de Rosario, David Campos y Emanuel Medina, argumentando que eso “desprestigia a toda la institución”. En este momento hay cincuenta policías detenidos por ambas causas incluyendo jefes y médicos que extendieron certificados truchos para tapar el crimen, a los que se suman otros cuarenta que están siendo investigados por defraudación a la Administración pública, falsificación de documentos y mal desempeño de sus funciones por graves irregularidades respecto de las horas extras o adicionales de la fuerza policial. Por lo pronto, la “Justicia” suspendió la audiencia imputativa, haciendo coro con el poder político cómplice, encubridor y protector.
El pueblo que sufre el hostigamiento y los delitos descritos cometidos por esas fuerzas al servicio del poder burgués, no cree en lágrimas de cocodrilo pues es la víctima principal de sus tropelías como lo es del saqueo de riquezas, dignidad y futuro a que lo somete la burguesía.
La brecha entre la clase burguesa, su Estado, gobierno de turno y todas las instituciones corruptas defendidas por sus infectadas y malolientes fuerzas de seguridad se amplía, se profundiza y sólo podrá ser subsanada si la clase obrera y el pueblo llevan el cuchillo hasta el fondo separando bien las veredas opuestas luchando y venciendo a los de enfrente.