Como es de conocimiento público, la Cámara Federal ordenó la detención del ex ministro de Planificación Federal del régimen kirchnerista y actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Julio De Vido.
Se le imputa, entre otras causas, por la presunta defraudación al Estado Nacional en torno de la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, por la módica cifra de $264.935.123. Cabe señalar que el diputado es, además, Presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación. Un caso más de la corrupción a la que nos tiene acostumbrados esta falsa democracia, que privilegia los intereses de los grupos económicos concentrados y de los funcionarios que, se dice, representan al pueblo, pero que en realidad le dan la espalda cada vez que se trata de velar por los intereses de aquél.
Como cualquiera puede advertir, los costos de la corrupción los paga el pueblo trabajador, a través del aumento constante de las tarifas de los servicios públicos, los ajustes salariales y el deterioro general de la calidad de vida de millones de argentinos. Pero estos negocios “ilegales” no son excepción, sino que son la regla de este sistema.
La corrupción es inseparable de los negocios que los grandes capitales operan a través del Estado. El diputado De Vido es un botón de muestra de la podrida corrupción que corroe al sistema capitalista y a su envoltura formal, la democracia llamada representativa. La burguesía se las ingenia muy bien para disimular y justificar esas pérfidas acciones. En este caso, lo de De Vido es una expresión de la puja intermonopólica –cada vez más aguda- por el poder del Estado. Y de paso nos venden que los sufrimientos del pueblo se deben a la “corrupción” de algunos, y no a la política de ajuste para aumentar la productividad que sostienen gobierno y empresas.
Ahora bien, el recurso legal del que dispone el señor De Vido es el de recurrir a sus fueros parlamentarios, amparado en el artículo 69 de la constitución. Como se ve, la clase dominante recurre a cuanto artilugio puede para proteger a sus funcionarios. Ellos, que se dicen representantes del pueblo. Al funcionario involucrado se lo puede investigar y procesar, avanzar en el caso, pero no se puede -por ejemplo- allanar su domicilio ni mucho menos detenerlo, a menos que los dos tercios de la cámara vote a favor del desafuero. Si ello ocurriera, perdería su inmunidad parlamentaria y quedaría de inmediato a disposición de la justicia si se decide detenerlo, cosa que ya fue ordenada por la Cámara Federal.
Al señor De Vido le soltaron la mano, y le tocó caer dentro de la lucha entre capitales, es lo propio de las vetustas y corrompidas instituciones de la democracia burguesa. Nada podemos esperar los trabajadores de una justicia puesta al servicio de los monopolios y sus agentes locales: esto resulta hoy mucho más evidente, ya que el gobierno no disimula el hecho de que son los propios empresarios los que ocupan los lugares centrales del poder. Es solo más evidente, nada más.
¿Cómo se cambia esta realidad indeseada? Con la participación decidida del pueblo trabajador. La organización por abajo, que se viene percibiendo en muchos organismos estatales y lugares de trabajo, nos indica el camino. Llegará el día a partir del cual, y para referirnos al tema de la nota, seremos los trabajadores los que hagamos justicia con estas lacras que viven a costillas de nuestra explotación. Ese será el día para el cual ya habrán madurado las herramientas revolucionarias, la democracia directa, la asamblea soberana, la participación plena que nos hará artífices de nuestro destino, que ya se encuentra en marcha.