De la mano de la mentada “reforma laboral” viene un ataque contra todo tipo de derechos políticos y económicos sobre la clase obrera y el pueblo en general. Ataque que ya hemos acusado bajo el asedio del aumento en los ritmos de producción, en conjunto con el despido o suspensión de compañeros y la acuciante baja salarial mediante el mecanismo inflacionario. Ataque en lo político que vemos por el avance que intentan perpetrar sobre todo tipo de derechos conquistados por nuestro pueblo: desde el 2×1, el aumento de la impunidad policial, la desmovilización general y el boicot por parte de las burocracias sindicales de “izquierdas y derechas” a las iniciativas de las bases, hasta el ataque al derecho a huelga mediante el descuento por días de paro.
Pero la iniciativa de la oligarquía financiera de avanzar en estas cuestiones choca permanentemente con las ansias de nuestro pueblo de mejorar la calidad de vida -que de calidad ya le queda poco- y de elevar la lucha en la búsqueda de mayores libertades políticas.
De un lado el ataque generalizado al pueblo trabajador y a las organizaciones de base, y del otro lado una creciente aspiración a la obtención de mayores libertades democráticas. En aquellas empresas donde la falta de libertades políticas es tan grande que, a la primer insinuación de protesta, al primer intento de organización, al “primero que asome la cabeza” sindicato y empresa en seguida lo señalan y lo despiden del establecimiento; allí el creciente espíritu de rebeldía recorre los sectores de trabajo, multiplicando los enfrentamientos. El fascismo de las clásicas burocracias sindicales se encuentra cuestionado y condicionado permanentemente por los trabajadores, como parte de una búsqueda para quebrar ese estado de opresión.
En las empresas donde la legalidad política ha sido conquistada ya, aunque sea en parte; donde la lucha de los trabajadores organizados ya no se centra en la posibilidad del despido inmediato, sino en consolidar y fortalecer la organización de los trabajadores dentro del establecimiento, de involucrar del primer al último compañero del sector de trabajo en la discusión, ejecución y toma de decisiones; de fortalecer la masividad y el compromiso de la inmensa mayoría de los trabajadores en las asambleas de sector y las asambleas generales. En esas empresas también reina el espíritu de rebeldía de las más amplias masas, pero que se expresa en la construcción de organizaciones cada vez más amplias y democráticas, donde las decisiones no sean tomadas por un pequeño puñado de hombres y aceptadas “de arriba hacia abajo” como algo impuesto. Allí, la lucha se manifiesta principalmente sobre las expresiones del populismo y el reformismo.
Por estos motivos haríamos muy mal en detener la lucha por las libertades políticas de la clase obrera en su primer escalón: conquistar la legalidad en la fábrica. A este primer escalón le sigue toda una escalera ascendente en la profundización de dichas libertades. El reconocimiento de las asambleas de sector, y de las asambleas generales como los máximos órganos de decisión de la clase obrera no recae únicamente en su reconocimiento formal, de discurso, sino que es todo un proceso donde efectivamente las discusiones recorren todo lo ancho y profundo de los puestos de trabajo. Ese reconocimiento efectivo se lo da únicamente la masividad en la participación en todas sus instancias (discusión, toma de decisiones y ejecución), por eso, la conquista de las asambleas como instituciones de la clase obrera implica necesariamente la lucha permanente por construir esa masividad.
La independencia política de la clase obrera no se da, tampoco, sin la independencia total con respecto al Estado. En ese camino donde pesa la asamblea, donde pesa la participación de lo más amplio de las masas, las leyes sindicales atentan contra su libre desarrollo. No puede ser que la cantidad de delegados en toda la fábrica sea determinada por lo que marca la ley del Estado burgués, mediante el ministerio de trabajo, dictaminando quienes son los “habilitados” para “luchar” y quienes para trabajar. No puede ser que cada sector de trabajo no pueda elegir su delegado, solo porque “así lo marca la ley”. La cantidad de delegados, su elección, así como su deposición, debe ser determinada por los propios trabajadores, y no por la ley burguesa. Toda la edificación de la organización sindical debe ser fruto de la decisión de los trabajadores, y no de la ley impuesta por el Estado, ya sea a través del ministerio de trabajo o a través de las centrales sindicales. Ello incluye desde el manejo de la caja sindical hasta las formas particulares de la organización.
Pero no tratamos aquí de enumerar simplemente tres elementos esenciales en la lucha por las libertades políticas de la clase obrera, sino de aportar para comprender su significación actual ante el problema de la reforma laboral. En ese sentido, no podemos quedarnos en la mera defensa del salario, sino que hay que avanzar en la conquista de más derechos políticos. No puede haber reglamento fabril, determinación del ministerio de trabajo u orden del sindicato que pase por encima de la voluntad de la masa de trabajadores. Justamente, la participación y movilización desde abajo, desde las bases, es la jugada de jaque a la que la burguesía quiere escapar. Y eso debemos empezar a implementarlo ya, con las herramientas que haya, hacer de cada pequeño reclamo, de cada pequeña acción, una causa para fortalecer la organización colectiva de la sección de trabajo.
Para allanar este camino es que necesitamos la construcción de un sindicalismo revolucionario, capaz de contemplar desde las empresas más grandes hasta el taller más recóndito; desde la experiencia más desarrollada hasta la más incipiente. Un movimiento revolucionario que trascienda los caudillismos políticos y que coloque en lo más alto de sus objetivos la independencia política de la clase obrera.