El asesinato de Maldonado, la desaparición de 44 tripulantes del Submarino ARA San Juan, y el asesinato por parte de las fuerzas de prefectura perpetrado contra Rafael Nahuel son un hilo conductor común que pone de relieve el papel de las instituciones represivas del Estado.
Cuestión de principios.
La primera consideración a tomar en cuenta es una cuestión de principios. El Estado Argentino es un Estado que le pertenece a la clase burguesa, es un Estado que no está por encima de las clases sociales como pretende imponernos el “sentido común” que impera en la sociedad. El Estado es una herramienta que le sirve a la clase dominante para reprimir a los explotados y oprimidos o sea a la gran mayoría del pueblo. Represión en el más amplio sentido, político, ideológico y específicamente represivo en el sentido literal de la palabra. En momentos como los actuales de gran confusión, de extrema crisis política, aferrarse a los principios permite no perder la brújula para profundizar en las políticas que ayuden a elevar el plano del enfrentamiento con la burguesía en el camino de la lucha por el poder y la construcción de un Estado de la clase obrera y el pueblo.
Bajo estas cuestiones fundamentales la clase burguesa en nuestro país y fundamentalmente con la caída de la dictadura en el ‘83 bajo la intensa lucha de nuestro pueblo entendió que sus instituciones represivas, bases fundamentales del Estado estaban cuestionadas. Las tres armas debieron replegarse paso a paso a pesar que varios intentos por rescatarlas dentro de los marcos de la democracia burguesa lo intentaron. Las fuerzas armadas, por su historia, no son toleradas por la población. Diferentes leyes le adjudicaron una ubicación “dentro de los cuarteles” o intentan adjudicarles tareas de defensa de la población entendida como rescate de inundados, participación en incendios forestales, evacuaciones causadas por diferentes cuestiones, etc. Esos intentos también fueron rechazados por la población.
En el plano político e ideológico la clase en el poder, de hecho, optó por cortarse un dedo y no perder toda la mano. Los intereses de clase exigieron a los diferentes gobiernos burgueses encontrar nuevas fórmulas para fortalecer las instituciones represivas capaces de reprimir a las clases explotadas y oprimidas.
Ese principio no se alteró y por el contrario se fogonearon nuevas alternativas para maquillar la presencia represiva cuando sus intereses están en juego. En ese camino por esquivar el problema político que ocasionaba la presencia de las fuerzas armadas, Ejército, Marina, Fuerza aérea, el Estado burgués comenzó un largo y sinuoso camino por reemplazar esas tradicionales fuerzas de defensa del Estado y comenzó por instalar un nuevo papel a fuerzas dependientes del ministerio de seguridad para asegurar el principio básico de un Estado burgués. Así la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y 24 policías provinciales más la policía aeroportuaria iban a robustecer su presencia como verdaderas “guardias pretorianas” del sistema.
Siempre estas presencias fueron dibujadas por la necesidad de afianzar la seguridad al pueblo, el discurso apuntó contra el narcotráfico, la delincuencia y para ello a la Gendarmería se la trasladó a los centros urbanos y productivos, se hizo lo propio con el resto de las fuerzas en tareas nada acordes con el origen con el que fueron creadas.
Sin embargo y a pesar de todo la crisis política en este tema y como en tantos otros no da respiro a la clase dominante. Nuestro pueblo tiene muy asimilado que estas fuerzas represivas como las anteriores están a disposición del poder burgués y su presencia concreta es para reprimir una fábrica tomada, un barrio bajo protesta, una escuela o facultad yendo por lo suyo, o simplemente para proteger extensos territorios de nuestro país copados por las multinacionales mineras, agro-industria, textiles, fruti-hortícolas, petroleras, etc.
El papel del actual gobierno.
Coherente con su papel político en un tema estratégico el gobierno de Macri elevó el presupuesto de seguridad en 476%. No ha habido antes, ni lo hay ahora un abandono a un principio de defensa del sistema capitalista y eso se refleja en hechos concretos:
1) entre el 2016 y 2017 el presupuesto alcanza los $1500 millones en equipamiento y capacitación de las fuerzas.
2) $1.585.110.193 para comunicaciones, salarios, medios de transporte y equipamiento en seguridad.
3) Se invirtió en la adquisición de un moderno centro técnico de control en “frontera” en las localidades de La Quiaca, Salvador Masa, Aguas Blancas y Puerto Iguazú. En esos lugares se instalaron radares estratégicos y tácticos de producción israelí, drones, cámaras y un sistema de transmisión de imágenes en vivo de esos lugares desde el Ministerio de Seguridad situado en la Capital. Para la puesta en marcha de estos centros se capacitó a 600 agentes de diversas fuerzas de seguridad. No casualmente fuertes movilizaciones en ingenios y de producciones estratégicas provocaron crisis políticas provinciales y nacionales.
4) en 2016 se compraron 18.000 chalecos antibalas para las fuerzas de seguridad, de los cuales 4100 eran para mujeres. Por otra parte se compraron armas reglamentarias con diferentes niveles de sofisticación, un helicóptero italiano Augusta para la Gendarmería, otro helicóptero Airbus 145 para la Policía Federal, 12 lanchas para Prefectura de producción nacional y otras cuatro lanchas israelíes para controlar los centros de frontera.
5) con los 1.500 millones de pesos destinados para el presupuesto de este año el Ministerio de Seguridad desarrollará un sistema de control en la puerta de los estadios, en rutas y en localidades del Conurbano que permitirá a la policía verificar por medio de un teléfono con huella dactilar los antecedentes penales de cualquier persona. Habrá unos 500 teléfonos de última generación para este programa. Llámese control directo de la población.
6) Con la intención de instruir a los uniformados de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria, el Gobierno desarrolló el Instituto Conjunto de Estrategia que capacitará a los jefes de las 24 policías provinciales y a los cuatro jefes de las fuerzas de seguridad. Allí se dictarán cursos de fuerzas de seguridad de Estados Unidos, España, México y Brasil, entre otros. Todos estos serán financiados en gran medida con fondos del BID.
A ello hay que agregar la permanente renovación del parque automotor de dichas fuerzas.
Al igual que otros gobiernos, el de Macri atraviesa una coyuntura difícil en el tema, fortalecimiento de las fuerzas represivas comandadas desde el ministerio de seguridad y extinción, en el concepto clásico, de Fuerzas Armadas de defensa de las fronteras. Estrategias militares globalizadas que deben garantizar la seguridad interna de la defensa de los intereses de las multinacionales a cargo de las dependientes del ministerio de seguridad en contra de los intereses populares y por otro lado transferir recursos técnicos, de adiestramiento, allí en donde hay que hacerlo. En el mientras tanto, esa extinción se produce contra una fuerza conjunta de más de cien mil hombres y de ellos 19 % cobra salarios por debajo de los niveles de pobreza. La defensa estratégica del Estado burgués nunca se abandonó, el capitalismo monopolista de Estado, la globalización, requieren hacer el acento en los asuntos internos con fuerzas que deterioradas en lo político frente al pueblo aún cumplen su papel represivo inviable para las tres armas.
Estos tres hechos que conmueven a la población profundizarán la crisis política para implementar un Estado represivo, necesario para llevar adelante las reformas en marcha y la defensa de los intereses estratégicos de las multinacionales. La respuesta de nuestro pueblo será robusta, masiva y la movilización permanente en cada hecho erosionará cada medida represiva contra el pueblo. Las aspiraciones democráticas de nuestro pueblo van en sentido contrario a las aspiraciones de la clase burguesa que aspira a una mayor centralización política.