Las jornadas de diciembre expresaron el rotundo rechazo del pueblo a todas las políticas de saqueo que, con sustento en la necesidad de sostener la tasa de ganancia de la oligarquía financiera, impulsa este gobierno; de la misma forma que el resto de los gobiernos capitalistas del mundo, lo que deja blanco sobre negro y evidencia, como nunca antes, que los estados nacionales son propiedad de la burguesía monopolista y funcionan bajo su mandato.
La reforma previsional, que implicó el despojo a sectores de trabajadores, que luego de una vida de trabajo ven hoy reducidas sus condiciones de vida a una situación miserable, fue aprobada en un Congreso, custodiado por vallas y por perros guardianes uniformados, ¡¡al resguardo del profundo rechazo del pueblo al que dicen representar!!, y negociando con los gobiernos provinciales para que disciplinen a sus diputados a someterse a la voluntad de la oligarquía monopolista, contra todo el pronunciamiento popular. Aquí se hace necesario aclarar que la eventual resistencia de los estados provinciales a la ley de reforma previsional estaba ligada a la resistencia a perder el negocio que para ellos significan las cajas previsionales provinciales.
Ahora los monopolios quieren la reforma laboral. Y saben que se enfrentan a un pueblo organizado, a un pueblo que no está dispuesto a consentir que se le robe. Saben que, si ya se encuentran sumidos en una crisis de ingobernabilidad, la pretensión de mayor ajuste será amplia y violentamente rechazada por el pueblo, en consonancia con la propia violencia que emana del sistema al que nos someten.
Entonces, para tratar de “preparar el terreno”, van cerrando con los sindicatos los acuerdos por arriba para cerrar el ajuste y el robo contra el pueblo trabajador, en franca oposición a la voluntad de las mayorías populares.
Como en el caso de la reforma previsional, cualquier rechazo de los jerarcas sindicales que, ya sabemos, funcionan al servicio de la burguesía de la que forman parte, está ligado a la afectación de sus propios negocios, y no porque les importe el oprobio que esa ley significa para nuestras condiciones de vida.
Entre otros puntos, que afectan directamente a nuestros ingresos y a nuestra vida de forma ignominiosa, borrando de un plumazo todas las conquistas laborales logradas con la lucha y la sangre de compañeros; la reforma laboral implicará la desaparición de 800 sindicatos, generando un gerenciamiento monopólico del sindicalismo en manos de la CGT, que, claro está saldrá ganando y, además, servirá como fuerza de choque contra nuestros reclamos y nuestra organización; como asimismo, afectará la disposición discrecional que antes hacían los sindicatos de los fondos que aportamos a las obras sociales, pasando a ser utilizados, también discrecionalmente, por el gobierno nacional y al servicio de la oligarquía financiera. Es válido aclarar que en uno u otro caso nosotros perdemos.
Otro punto también de peso, es que ante la descarada traición a la clase que dicen representar, que significa la reforma laboral, queda claro que la aprobación de esta reforma con la venia de los sindicatos implicará una desafiliación masiva que mermará los ingresos sindicales, de los cuales disponen sus jerarcas para sostener sus negocios personales y sus grupos de matones a sueldo que se utilizan contra los trabajadores; como asimismo un mayor descreimiento, ya casi inexistente, por parte de las bases que sostienen “representar”.
En ese contexto, el gobierno nacional y los provinciales, todos alineados detrás de los negocios de la oligarquía, buscan que los sindicatos “díscolos”, que por negocios o por simple miedo resisten la reforma laboral o intentan negociar condiciones que los beneficien, se disciplinen al ritmo del saqueo que llevan adelante.
Es en ese marco que debe entenderse el allanamiento al sindicato de petroleros de Pereyra o al de Moyano.
También en ese marco, debe entenderse el oprobioso “pacto” firmado por Quintriqueo y Marillan, Secretario General y Adjunto respectivamente de ATE Neuquén, en diciembre del año pasado, el que significó una total derrota, de espaldas al pueblo trabajador y a la lucha que éste viene desplegando; borrando de un plumazo el paro por tiempo indeterminado y la lucha que se venía desplegando, al calor de la rabia de los trabajadores.
Ante las medidas de ajuste del gobierno nacional (reforma previsional, laboral, etc), y el vaciamiento de los hospitales públicos neuquinos, el cierre de las guardias de pediatría, el colapso que sufre la salud y, en general, las condiciones de vida de los trabajadores en la Provincia de Neuquén, los trabajadores del estado neuquino y otros sectores populares se expresaron en varias jornadas de lucha, en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Estas jornadas sostuvieron una lucha de franco enfrentamiento de clase, en consonancia con las de otros lugares del país, con el mismo despliegue represivo que se diera en el resto del país.
En esa situación, el gobierno de Gutiérrez, avalado por la estructura eclesiástica, llamó a “pacificar” en una reunión que se efectuó en el obispado neuquino, con la venia del Obispo Fernando Croxatto y el Defensor del Pueblo Ricardo Riva. En la misma se firmó un “convenio” oprobioso, en el cual los “representantes” de los trabajadores renunciaron a la lucha, aceptaron el descuento de los días de paro, se comprometieron al inicio del ciclo lectivo 2018 y el gobierno continuará adelante con los sumarios administrativos y causas penales iniciadas.
¡Todo esto, claramente de espaldas al pueblo trabajador!
Hoy los trabajadores denuncian que los descuentos en sus haberes llegan hasta $16.000!! Implicando un claro enfrentamiento del gobierno a los trabajadores, tratando de aleccionarlos! A ello se suma la intención de perseguir a los compañeros estatales que han iniciado causas judiciales al Estado neuquino para el cobro de diferencias salariales.
Esta situación, que alinea a los sindicatos, por las buenas o por las malas, detrás de las políticas de hambre que impulsan los monopolios, conjuntamente con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y que los “disciplina”, subordinándolos mansamente al saqueo contra el pueblo trabajador, nos obliga a los trabajadores a ampliar el marco de lucha por fuera de sus carriles legales, los que ya han demostrado ampliamente que no nos sirven, ni aun si fueran “honestos”.
Entonces, lo que debemos hacer, es ampliar la organización desde abajo, con la más amplia unidad, sin “representantes”, sino con democracia directa, sosteniendo la asamblea como órgano máximo de dirección, y con asambleas por sector que garantizan la resolución de nuestros problemas y no asambleas fuera del lugar de trabajo, donde, cuando llegamos, ya está todo cocinado. Si tenemos dirigentes, éstos no son permanentes ni rentados, trabajan y pueden ser removidos por el voto de la asamblea. Todo ello con la más absoluta independencia política de los trabajadores.
Esta es la tarea, esto es lo que debemos construir, en esta situación, si no queremos someternos a las políticas de hambre y saqueo que impulsan los monopolios, sus gobiernos, nacional y provinciales y las dirigencias sindicales.