Con el título “Desburocratización y simplificación” el gobierno nacional publicó un Decreto de “Necesidad y Urgencia” que comenzó a regir desde el 11-01-2018.
El mismo tiene una serie de considerandos que nada tienen que ver con las necesidades y aspiraciones de las grandes mayorías laboriosas. Todos ellos apuntan a facilitar y economizar recursos para los negocios de la gran burguesía monopolista, aunque los mismos –como ocurre en cada iniciativa estatal- lesionen derechos y garantías constitucionales para los intereses populares, y condiciones de vida haciéndola más pobre y más riesgosa. La envoltura mentirosa y enredada con la que se presenta el “regalito”, no alcanza a tapar el objetivo real, manifiesto en el siguiente párrafo de dicho decreto: “…la CONSTITUCIÓN NACIONAL sostiene y preserva la libertad de comercio como principio de carácter permanente de la organización social y económica de la República, siendo las normas que la restringen necesariamente transitorias y de aplicación limitada estrictamente al período durante el cual su eficacia es incuestionable.”
Lo que es igual a decir: Si la constitución pone traba a los negocios, hay que hacer estos decretos para saltar esas trabas. O, lo que es lo mismo, parafraseando al recordado actor cómico Groucho Marx: “si no le gustan mis principios, aquí tengo otros”. Todo vale en función de los negocios monopolistas y si la Constitución Nacional actúa como barrera, peor para ella y sus defensores.
El decreto es enorme en extensión, mucho más que varias leyes, y modifica gran cantidad de las mismas, muchas de las cuales, quedan así sin efecto. Es multipropósito, pues abarca 22 temas disímiles, entre ellos: control de la sanidad animal, sociedades, fondos fiduciarios para el capital de inversión, actividades portuarias, tránsito fluvial, aviación civil, tránsito y seguridad vial, sistema métrico legal, marcas y patentes, fondos de garantía, sociedades de garantías recíprocas, firma electrónica, energía, comercio de obras de arte, legislación laboral, administración de bienes del Estado, administración de fondos del ANSES, licitaciones de obras públicas, industria automotriz, eliminación de seguros de vida para el personal estatal, mayores controles de la UIF para el pueblo, fondos fiduciarios de capital social.
Todas, absolutamente todas, las reformas concebidas en este decreto, perjudican al pueblo y favorecen impunemente los negocios monopolistas.
Ejemplo de ello: las cuentas sueldos se pueden embargar; se elimina el seguro de vida obligatorio para los empleados estatales; se incrementan los controles de la UIF sobre la renta nacida del trabajo propio a favor de la renta apropiada del trabajo ajeno, facilitando la expropiación monopolista; se autoriza a que los fondos del ANSES se inviertan sin límite en el mercado financiero; se facilita el tráfico (ingreso y egreso) de obras de arte; se liberaliza y se otorgan fondos para marcas y patentes a grandes empresas en desmedro de las pequeñas; se consignan fondos, que antes se destinaban sólo a PYMES, a grandes monopolios; se autoriza el tránsito de bitrenes (vehículos con 30 mts. de largo), haciendo aún más peligroso el tránsito vehicular por las deficientes rutas del país, y podríamos seguir enumerando las medidas promonopolistas contenidas en el decreto.
Es evidente, que este decreto es una vuelta de tuerca más en el sinceramiento político de que ni la Constitución Nacional, ni la organización republicana dividida en tres poderes, les son útiles a los monopolios. El poder Ejecutivo, una vez más, se atribuye poderes superiores y remplaza al poder Legislativo (parlamento), y hace a un lado los derechos y garantías constitucionales para el pueblo, como un objeto que estorba.
La Democracia Burguesa, no le sirve ni siquiera a la burguesía monopolista. Bajo el imperio del Estado al servicio de los monopolios ha devenido en dictadura del gran capital, sometiendo bajo su dictado a todo el pueblo laborioso, e incluso, a sectores periféricos de la propia burguesía (aunque estos se nieguen a aceptarlo en nombre de la defensa del sistema).
En medio de esta realidad, no es tarea de la clase obrera y el pueblo, intentar reinstalar el funcionamiento de la ajada y pisoteada Democracia Burguesa, que fue arrojada por la propia burguesía monopolista al fondo de la historia.
Nuestro pueblo debe enfrentar con decisión, blandiendo fuertemente la criatura que ha parido en la movilización, las luchas, y la organización desde las bases mismas de cada industria, lugar de trabajo, de estudio o barrio: la democracia directa, la democracia proletaria y popular que viene practicando desde años y que debe generalizar, cultivar y hacer crecer, para darle un marco organizativo de unidad nacional como alternativa política a la malversación de las vidas de las mayorías laboriosas que ejerce el poder monopolista con sus gobiernos de turno.
La Democracia Burguesa demuestra día a día ser un engaño y un obstáculo para los intereses y aspiraciones del pueblo, ni siquiera sirve a los intereses monopolistas que han decretado su muerte de hecho aunque se llenen la boca asegurando que la defienden, e intenten refugiarse en el respeto a la misma cuando el pueblo avanza contra sus negocios e infrahumanas condiciones de vida impuestas por ellos. En manos de los burgueses monopolistas no existe democracia de ningún tipo… El decreto ómnibus reafirma esta verdad dictatorial.
El sistema capitalista hace agua, su hipócrita democracia burguesa está moribunda y el propio capital monopolista ayuda a conducirla en su camino a la muerte definitiva…
Se reafirma y se abre aún más la ancha senda de la democracia proletaria y popular, basada en la movilización, la lucha y las decisiones directas del pueblo, única garantía de que a través de ella podremos imponer nuestros intereses y construir un futuro digno para nuestro país.