Mucho se escucha despotricar contra la llamada “industria del juicio” cuando los analistas y todo el concierto político del Estado se refieren a las leyes que permiten a trabajadores, jubilados y pensionados hacer juicios contra empresas y Estado que no les paga lo que legalmente corresponde.
Esos voceros se quejan amargamente de que las empresas no pueden despedir a obreros y empleados sin asumir un costo por tal acción, o que los jubilados y pensionados a quienes se abona un haber por debajo de lo que marca la ley hagan presentaciones judiciales al Estado para llevar su ingreso al monto que la ley indica.
Como en el caso de otros derechos que tienen los sectores populares, éste que tienen trabajadores, jubilados y pensionados, pretende ser barrido. De esta forma, la impunidad que hoy tienen las empresas y el Estado para bajar aún más los ingresos del pueblo, además sería legal. Con ello, empresas y Estado se sacarían el molesto zumbido que puede transformarse en ruido molesto frente a un juicio laboral o previsional perdido, con las consecuencias políticas y económicas que ello tiene.
Con el famoso mote de “industria del juicio” intentan que la idea de la defensa de los trabajadores, jubilados y pensionados contra las arbitrariedades de empresas y Estado, penetre en la conciencia social en forma natural como algo malo que hay que combatir porque es nocivo y costoso para el país.
Veamos otros juicios que hay que respetar y que no son denunciados ni estigmatizados por los mismos voceros. Juicios que se compran como las mercancías. Juicios internacionales llevados adelante por “respetables” jueces, fiscales y abogados del mundo que merecen toda la consideración social y que, por lo tanto, hay que acatar como ley suprema no sólo del funcionamiento de nuestro país sino de todo el mundo… capitalista, claro está.
La semana pasada salió a la luz que el fondo de inversión “Bulford Capital” había comprado los derechos a litigar por 3.000 millones de dólares en las causas contra nuestro país que inició el grupo Petersen de la familia Eskenazi por la estatización de YPF llevada a cabo en 2012.
Hace un par de años atrás ocurrió algo parecido con los llamados “fondos buitres” respecto de unos papeles de deuda que habían sido incluidos en un acuerdo con acreedores para cancelarlos a un costo inferior con tal de no llegar a juicio. Sin embargo los tenedores de parte de esos papeles los vendieron a esos fondos buitres quienes hicieron juicio y no sólo cobraron el capital que se les debía sino también intereses y multas que terminarán cobrando por un monto de unos 15.000 millones de dólares.
Tales “juicios” importan al Estado argentino una erogación miles de veces millonarias en dólares. Son una verdadera sangría que cae sobre las espaldas de los trabajadores porque la burguesía y los gobiernos de turno nos la hacen pagar, en su propio beneficio, a nosotros, los que trabajamos.
Así funciona la “justicia” burguesa que se vende y se compra. Es una verdadera “industria”. El capitalista que se siente menoscabado en sus derechos vende los mismos al mejor postor y éste, que no tiene nada que ver en la disputa y cuyos “derechos” nunca se vulneraron ni se siente ofendido por parte alguna, con su título en mano se atribula la virtud de “resarcirse” (¿resarcirse de qué?) en remplazo del supuesto perjudicado.
Moraleja: La “justicia” burguesa sirve a quien tiene dinero para comprarla. La corrupción real no es, como nos quieren hacer creer, que fulano o mengano se lleve las cometas o haga negocios con familiares o amigos a quienes beneficia. Esa corrupción es de poca monta. La figura del gobernante honesto o del juez incorruptible es tan falsa como un dólar con la cara de Napoleón. La corrupción más grande radica en que la justicia, los mecanismos de funcionamiento del propio Estado y el sostenimiento de todas sus instituciones se basan en negocios para los grandes capitales en desmedro de las mayorías laboriosas, al pie de los cuales se derrumban y despedazan todos los aspectos morales, ideológicos y sociales.
Por el contrario, para quienes no tienen nada más que su fuerza de trabajo para vender o sus magros haberes previsionales para subsistir, sus derechos a iniciar juicio a empresas y Estado para que percibir lo que la ley determina, deben ser eliminados porque supuestamente son perjudiciales y costosos para la sociedad.
La “justicia” burguesa se compra y se vende como cualquier mercancía, por lo cual no es justicia y sí, negocio. Hay otra justicia que se cimenta en los intereses de trabajadores y pueblo oprimidos que se expresa en la conquista de los derechos políticos que hoy quieren ser eliminados. A través de la lucha de clases entre los intereses de las grandes mayorías laboriosas contra la burguesía monopolista y sus gobiernos de turno es como se irá abriendo camino forjando uno de los pilares sobre los que se erigirá la nueva sociedad que es necesario construir.