El Estado argentino está subordinado al capital monopolista. Devaluaciones y reducción de salarios, ajustes y tarifazos, la inflación, los endeudamientos descomunales, los subsidios millonarios a grandes corporaciones monopolistas, despidos, destrucción de la salud y educación pública… todas ellas son innegablemente políticas de Estado que expresan en su esencia misma, la justificación de la superexplotación, el saqueo y la rapiña, el hambre y la pobreza de millones. Todo para sostener y ampliar las ganancias del capital monopolista.
En el conjunto de su accionar, los poderes “supuestamente independientes”, los ministerios, las secretarías, los entes financieros, las fuerzas represivas, demuestran a diario que las políticas de Estado que cada gobierno de turno implementa expresan claramente el carácter de clase del mismo por estar subordinados al capital monopolista.
El carácter de clase del Estado es un hecho histórico. La clase que detenta el poder sobre los medios de producción, de intercambio y distribución, detenta también el poder del Estado. Si el capital monopolista -en el afán de las ganancias- expone su despotismo, su rapiña, sus estafas, su inhumanidad… es decir, todas sus vilezas como conducta de clase, el carácter de las políticas de Estado no pueden ser otras. Son un reflejo tácito e inapelable de las mismas, no escapan a estas características propias de una clase putrefacta.
De esta forma, la democracia burguesa y el sistema representativo que avala este régimen social, no representa otra cosa que los intereses de la clase dominante. Es decir, los de una minoría parasitaria. Por ende, los funcionarios del Estado, los tres poderes y demás instituciones burguesas son una mala metáfora de lo que aparentan ser en realidad.
Si la historia de los últimos 35 años tiene esta impronta, en el tránsito de estos últimos meses todo ello queda centuplicado y sumamente evidenciado y expuesto en grado superlativo. En este periodo se desnuda como nunca antes el grado de putrefacción al que la clase dominante ha llegado de la mano de una crisis política y económica que es impotente de sobrellevar.
Para muestra solo hace falta un botón. “La Ley Nº 24.076 prevé que «las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladados a la tarifa final al usuario, de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista bajo el mecanismo, en los plazos y con la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitación«. Nada más a la mano para los mismos monopolios que han generado toda esta situación de deterioro extremo de las condiciones de vida de millones de personas, que echar mano al Estado, al gobierno de Macri, a sus funcionarios, a las leyes que estos crearon en su beneficio para justificar otro tarifazos. Esta vez, pagadero en 24 cuotas a partir del primero de enero del 2019.
Todo ello además va agregado a los aumentos de tarifas que ya vienen subiendo mes a mes. Con esta nueva medida para las tarifas de gas, el pueblo les debe “compensar” a los monopolios “las perdidas” que han sufrido o sea las ganancias que no obtuvieron por la devaluación, que no es lo mismo que decir que no tuvieron ganancias.
Sus propias cifras dicen lo contrario. Con este siniestro regalito de fin de año se echa por tierra todas las mentiras sobre la estabilidad financiera, la lucha contra la inflación, el déficit cero, los beneficios del préstamo de FMI, etc., etc..Ya que esta ley es tan flexible que permite trasladar a las tarifas, las variaciones de precios, lo que significa que los cambios para “arriba” en el dólar y la inflación serán una variación dispuesta a tener en cuenta para más aumentos. Se deja así la puerta abierta para ampliar el marco de ajustes a los demás servicios en manos de los monopolios, que auguran con estas medidas, más inestabilidad e incertidumbre.
Por ello si el ajuste es una gran estafa que se cierne sobre el pueblo argentino como un torniquete, los que implementan, decretan, reglamentan e impulsan los descomunales ajustes son grandes estafadores, hechos a imagen y semejanza del poder monopolista.
Es el envilecimiento material de la dominación del capital monopolista con el Estado a su servicio. Muestra con toda claridad -en un deterioro constante y sin retorno- cada etapa de su descomposición.
En las antípodas de las necesidades sociales de millones de trabajadores, el carácter despótico y destructivo de sus medidas hecha más lodo a la democracia burguesa, desnudando que el Estado de los monopolios es una maquinaria de sofocación, de miseria y explotación exacerbada, que es necesario extirpar por medios revolucionarios.
Avanzar a esa instancia de lucha implica el ataque permanente a sus medidas reaccionarias desde la acción y la movilización política organizada desde las bases, desarrollando el ejercicio de la democracia directa y construyendo el poder local. Frente a sus desmedidos ataques es necesario contraatacar desde la mayor amplitud y no dejarlos gobernar.
Todo ello desde la perspectiva ineludible que es necesario tomar el poder para cambiar definitivamente este régimen oprobioso por un sistema social basado en la propiedad social de los medios de producción, con un Estado organizado a partir del propio protagonismo de los trabajadores y el pueblo, según sus necesidades.