Los automóviles camionetas y utilitarios eléctricos son la nueva panacea de la producción industrial a escala global. La reciente fusión entre Volkswagen y Ford tiene esta premisa. La producción y comercialización de estos vehículos, y el marco de fusiones y concentraciones que se están dando en el ámbito de las mineras y autopartes, como así también la apropiación de recursos naturales en nuestro continente y en África, más el marco de reconversiones de la propia industria automotriz adaptándola técnica y laboralmente a nuevas condiciones de productividad (robótica), habla a las claras del escenario que se predispone para la realización de este negocio del capital.
Las grandes corporaciones automotrices, los fabricantes de autopartes/baterías y las corporaciones mineras integrados a la banca mundial, han delineado inversiones por más de 300.000 mil millones de dólares para la realización de este gran negocio global.
No sólo es una apuesta que hace algún tiempo comenzó a desarrollarse, sino que se ha transformado en una decisión política mundial de la oligarquía financiera, que centraliza una decisión que implica una vuelta de tuerca en la subordinación del Estado y de los gobiernos de turno, impulsada por la reducción de costos y por el intento de quebrar la reducción de la tasa de ganancia.
Estamos hablando de cifras que equivalen al PBI de países como Hong Kong, Sudáfrica e Israel, de inversiones como las de Volkswagen que rondan los 100.000 millones dólares y que equivalen al PBI de Marruecos y Ucrania, por ejemplo, pero que tranquilamente pueden compararse con el PBI de más de una decena de países.
Si bien la industria automotriz y la órbita de las autopartes están ampliamente socializadas en las cadenas de producción, distribución y comercialización a escala planetaria -y es parte del andamiaje de la estructura productiva en la que están montados los negocios del capital- esta nueva «panacea» se apoya en las políticas de achatamiento salarial, que desde los Estados monopolistas se impulsa en contra del proletariado mundial y en la abierta entrega de recursos naturales que estos obsequian a la voracidad del capital monopolista.
Sin embargo, aunque parezca paradójico todo este andamiaje, las especulaciones y proyecciones que ventilan los diarios burgueses, las cifras y las mentiras de un mundo mejor que por añadidura viene de contrabando con todo esto, están sujetas a la producción de una materia prima. Junto con ella también se desnudan las propias condiciones en las que todo el ropaje del fetiche del auto eléctrico queda expuesto en su mayor crudeza.
Estas condiciones objetivas en la que se desenvuelven sus planes de ganancias solo pueden realizarse por medio del litio. Alcanzar los volúmenes de producción de vehículos eléctricos (más de 20 millones entre autos, camionetas, utilitarios y camiones) requiere no sólo que las condiciones objetivas expresadas más arriba se mantengan (la lucha de clases dispone) sino que el componente fundamental de las baterías de los autos eléctricos -la producción de litio- tenga un flujo sostenido y sin interrupción hacia los centros de producción.
Un auto híbrido necesita al menos 5 kilogramos de litio y uno totalmente eléctrico, entre 40 y 80 kilos. Las baterías de vehículos más grandes como camiones o colectivos eléctricos pueden utilizar hasta 200 kilos. La demanda de este metal ha crecido en forma exponencial. Por consecuencia, los precios se han incrementado estrepitosamente de 4.000 dólares la tonelada hace 10 años, a 14.000 dólares en el 2018, con lo cual sobre este montaje productivo también se alza consecuentemente todo un espectro especulativo tan propio e indisoluble del capital monopolista.
El triángulo del litio esta conformado por el norte de Chile, el sur de Bolivia y el noroeste argentino (Salta, Catamarca, Jujuy). En esta zona, en los grandes salares, se concentra el 85% de las reservas de litio a nivel mundial.“Ahí abajo (en el salar El Rincón) tenemos recursos para producir 100.000 toneladas anuales durante 80 años” dice el gerente de Energi Group. O sea, 8 millones de toneladas.
Si bien desde hace casi una década se viene realizando el proceso de extracción carbonato de litio, su producción ha ido aumentando considerablemente en la medida de los planes monopolistas. Según medios internacionales, “la proyección es que la capacidad instalada de Chile será de 142.000 toneladas de carbonato de litio en 2019 y de 251.500 toneladas en 2022. Argentina, a su vez, alcanzará una capacidad de 95.500 toneladas en 2019 y 331.000 toneladas en 2022. Para lograr esas cifras, las inversiones proyectadas al Este de los Andes suman 4.000 millones de dólares.”
Las visitas de directivos de VW, Toyota, Mitsubishi, Posco de Corea, Peugeot, como así también corporaciones mineras y corporaciones de fabricación de baterías instaladas en China, Australia, Europa, a estas regiones, se han incrementado a lo largo de 2018, estableciendo favorables convenios de extracción y explotación de esos recursos.
El proceso de extracción del carbonato de litio -según ingenieros mineros y economistas- es la industria minera de más bajo costo que existe actualmente. Se realiza en parte por medios naturales (evaporación controlada de la salmuera natural de las salinas). Pero está lejos de no generar impacto ambiental y contaminación, como nos quieren hacer creer. Puesto que está comprobado que este proceso de inyección de agua para hacer subir la salmuera saliniza las napas de agua dulce de los alrededores; es decir, deja sin este importante medio de vida a los poblados y los trabajadores que están en las salinas.
En nuestro país hay 10 salares en explotación. Las proyecciones del negocio para dentro de tres años es triplicar los volúmenes de producción. Imagínese el lector el significado de todo esto para el medio ambiente y para las condiciones laborales de los trabajadores.
Las garantías políticas y jurídicas que el gobernador de Salta, Urtubey, y el gobernador Morales de Jujuy han ofrecido a estas corporaciones son laborales (puesto que la fuerza de trabajo para estas labores, por la altura y por la fuerza física no puede ser de otro lado que de esas regiones), políticas y logísticas, además de los bajos dividendos que pagan los monopolios por el usufructo de este recurso (las provincias tienen permitido cobrar un máximo de 3% de las ventas como derechos de extracción).
Todo esto seguido de la seguridad a los inversores (flujo continuo de la producción sin interrupción, que es lo primero que estas corporaciones han demandado) y que el gobierno de Macri les ofrece a los monopolios.
Estamos ante un cuadro de saqueos sin precedentes a la altura de lo acordado en Vaca Muerta. Con la diferencia que los costos que estos recursos representan para los planes del gran capital son infinitamente más baratos, tanto con respecto la fuerza de trabajo, como a las fuentes naturales de los mismos.
Mientras que los monopolios gozan de las ventajas de un negocio planetario y con grandilocuencia hacen lucir sus progresos técnicos, mientras hablan de inversiones de cientos de millones, la realidad es que esos costos los pagan nuestros pueblos con el empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo.
Por un lado, el despilfarro de cientos de millones para construir vehículos y por otro, pueblos enteros sumergidos en la explotación y el saqueo, en la vorágine de los intereses ajenos.
La pobreza brota de la misma abundancia. Parafraseando al gerente de la multinacional, 80 años más de saqueos es mucho tiempo. Debemos hacer pesar -con la lucha y el enfrentamiento- los intereses como trabajadores y como pueblo. Única y verdadera opción para comenzar a cambiar este siniestro destino.