La lucha docente en la Ciudad de Buenos Aires no tiene respiro. A lo largo de todo el 2018 hemos contemplado -sin sorpresa pero con profunda preocupación- los atropellos de una administración empeñada en dañar a la comunidad y avanzar sobre los derechos del pueblo trabajador.
El punto de arranque, si se quiere, lo podemos situar en noviembre de 2017, cuando el gobierno de Cambiemos, fiel a los designios de los organismos internacionales de crédito asociados a los cómplices locales (políticos, periodistas, sindicalistas y empresarios) lanzó su proyecto UNICABA con el firme propósito de barrer con los profesorados docentes en la Ciudad. Luego, aparecen los otros ataques al conjunto de la comunidad educativa: la amenaza de cierre a 5 Institutos de Formación Técnica Superior, el propósito de trasladar el Instituto Superior de Educación Física Romero Brest, el proyecto de traslado de la Escuela del Cerámica Número 1, la “Secundaria del Futuro” (que se empieza a implementar este año), a lo que se le suma la flexibilización laboral mediante las plataformas digitales (en lugar de atender 30 alumnos, un docente pasará a atender a 200 alumnos) y la Resolución que cerraba las escuelas secundarias nocturnas (sobre la cual dieron marcha atrás, resolviendo dejarla sin efecto).
Todos estos conflictos continúan abiertos, más allá de que en algunos de ellos se hayan logrado victorias parciales.
Porque la burguesía no descansa, y el proyecto en materia educativa en la Ciudad es claro: barrer con la educación pública y gratuita, transferir matrícula hacia el sector privado (para el cual la educación es un negocio y estás lejos de constituirse en tarea primaria) y acordar con los sindicatos traidores que declaman para la prensa mucho más de lo que hacen realmente para defender a trabajadoras y trabajadores. No son sólo negocios; es además un claro intento de deshacerse de los “gastos” por parte del Estado destinados a la educación pública, y todo lo que eso conlleva en el terreno ideológico.
Citamos como ejemplo el hecho de que el Gobierno de la Ciudad, a través de la Ministra Soledad Acuña, Ministra de Educación que no es docente y no entiende absolutamente nada del tema, lleva adelante la apertura de al menos tres terciarios técnicos nuevos. Entonces, recapacitamos y nos preguntamos: ¿por qué venimos diciendo que el gobierno cierra escuelas cuando en realidad aquí parece realizar lo contrario?
La posible ingenuidad no dura mucho: la apertura de esos Institutos Técnicos de Formación Superior es real, pero, amigo lector, se trata de convenios realizados con sindicatos amigos (Luz y Fuerza, UOCRA), que abrirán carreras afines colocando a sus docentes, con planes de estudio afines ideológicamente a la posición política del gobierno de turno, con directores seguidistas y alcahuetes (como ya los hay en los Institutos que están funcionando) que van a hacer todo lo posible para mantener la “paz social” en el ámbito académico. Y otra vez: deshacerse de los “gastos” por parte del Estado destinados a la educación pública.
Además de ello, que no es poco, se les garantiza a los sindicatos abultada matrícula conseguida a través de la publicidad, partida presupuestaria generosa, a cambio de esa “paz” acorde a la gran mayoría de los sindicatos, e incluyendo por supuesto a la propia Confederación General del Trabajo, afín a los intereses de los poderosos, y partícipe de la entente con el gobierno y los empresarios.
La comunidad educativa en la Ciudad no se queda quieta. Desde el inicio de estos ataques a la educación pública se ha organizado para sostener la lucha en diferentes ámbitos y con modalidades variadas. Así, se han sucedido y vienen llevándose a cabo asambleas en los diferentes sectores involucrados en los conflictos.
Se han realizado innumerables marchas, movilizaciones al Ministerio y a la Legislatura porteña, clases públicas, escraches, abrazos a las instituciones, juntada de firmas. Un fenómeno para destacar desde el punto de vista político es el de la creciente tendencia a la unidad: se vienen planteando actividades que involucran la participación de diferentes actores que se movilizan en defensa de la posición de estudiantes y docentes en diferentes frentes.
Asistimos de este modo a una elevación en el nivel de conciencia del pueblo trabajador que, unido a los intereses de la comunidad, encuentra en este proceso nuevas herramientas para enfrentar a una administración que sólo piensa en llevar adelante sus planes de ajuste y de achique de estructuras que apuntan a transformar a la educación pública en una nueva fuente de ingresos.
Es interesante señalar que el estado de ánimo de estudiantes, docentes, vecinos y vecinas de las comunas es el de un creciente descontento que invita a la lucha: en este aspecto, resulta clave llevar adelante un proceso de organización que, como dijimos, conduce a la unidad para enfrentar a un enemigo que se muestra poderoso pero presenta signos de debilidad.
En esta lucha, la defensa de las libertades políticas se transforma en tarea esencial a llevar adelante en cada establecimiento educativo.