El próximo equipo gubernamental de la burguesía monopolista, Fernández – Fernández, viene insistiendo con un “acuerdo de partes” para la implementación de la gobernabilidad social.
De las tres partes convocadas: empresarios, sindicalistas y gobierno, los primeros ya han mostrado más que las uñas para la supuesta negociación.
Las declaraciones de Madanes Quintanilla, CEO de Aluar, se empardan con las de los representantes de las cuatro entidades del agro (Soc. Rural, CRA, CONINAGRO Y Federación Agraria); Acevedo, Presidente de la UIA; Ratazzi, CEO de Fiat Auto; Julio Crivelli, presidente de la Cámara de la Construcción; Di Si, presidente para América Latina de Volkswagen; y otros, en el sentido de que critican al gobierno de Macri por no haber completado lo que había iniciado, es decir, una mayor baja generalizada de salarios, reducción del déficit fiscal y reforma previsional. Con ello, los empresarios muestran claramente cuál es su vocación en la llamada negociación del pacto social.
El primero de los nombrados, fue más allá y afirmó que la continuidad de la política actual, es decir, sin ir a fondo con los tres ejes arriba mencionados, va a generar un país en el que sobre el 50% de la población. Le faltó aclarar que se refería a más de veinte millones de proletarios, pues, en los marcos del sistema capitalista, nunca sobran los burgueses.
Si a ello le sumamos las declaraciones de Trump sobre la imposición de mayores aranceles a la importación yanqui de aceros y aluminio de Argentina y Brasil, tendremos un panorama muy claro, que las políticas de gobiernos y Estados, incluido uno tan poderoso como Estado Unidos, dependen de los intereses supremos de la oligarquía financiera transnacional que compite denodadamente por la obtención y por la apropiación de plusvalía y no de supuestos grupos políticos que pelean entre sí para encaramarse en los puestos gubernamentales y gozar así de las mieles del privilegio de pertenecer a la clase dominante.
Por eso, los únicos dispuestos a “ceder” en el llamado pacto social o acuerdo nacional o como le quieran llamar, sin duda, serán los sindicalistas, aquellos a quienes bien llamamos sindicalistas empresariales, prestos a achicar para los trabajadores todo tipo de ingresos y condiciones de trabajo a fin de garantizar la ganancia monopolista.
El engaño y el intento de subordinar todo rumbo social a los duros intereses de los monopolios continúa su camino hacia la nueva fase que se abre el 10 de diciembre en nuestro país.
Pero el camino, único camino que la burguesía puede e intenta recorrer para poder sostener sus márgenes de ganancia y al sistema mismo, es sumamente escarpado y ya tiene disonancias en el ámbito del bandidaje político a cargo de instrumentarlo. Los corcoveos de “dirigentes” son el eco no sólo de sus propias apetencias sino, fundamentalmente, del cúmulo de aspiraciones y expectativas de una vida mejor que anida en las grandes mayorías compuestas por obreros, trabajadores en general, pequeños empresarios y pueblo laborioso.
La presión que se manifiesta en planteos tales como bonos de fin de año, reapertura de paritarias, vigencia de la cláusula gatillo que se deja oír en varios puntos geográficos del país, con la cual se presiona a empresarios y Estado, es parte de algunos síntomas elocuentes de lo que la burguesía y su gobierno deberán enfrentar.
El caldo social sudamericano no pierde temperatura y, por el contrario, se recalienta con el rigor de la influencia que significa para los trabajadores y pueblo argentino, quienes en realidad fueron los gestores de cada una de las modalidades que hoy pululan generalizadas en cada lucha de esos pueblos hermanos: autoconvocatoria, democracia directa y búsqueda independiente de cualquier institución del sistema, para la solución de los problemas que aquejan a los pueblos.