“Plan estratégico automotor con acuerdo social y productivo”. Tan pomposo nombre bien podría ser una iniciativa presentada por el nuevo gobierno; o por alguna entidad que nuclea a cámaras empresarias. Pero no, la iniciativa fue promovida por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en su propia sede gremial con la concurrencia de empresarios, gobernadores, embajadores, otros popes sindicales y hasta el propio presidente Alberto Fernández.
El plan está diseñado para afrontar los cambios en la industria automotriz a nivel planetario. Así es definido en el documento presentado y allí se proponen políticas de competitividad, tributarias, laborales y de infraestructura.
Es este el primer acto del denominado pacto social. El mismo busca no solamente sellar acuerdos en los que los trabajadores acepten postergar las demandas salariales; el mecanismo a implementar busca pactar los cambios en la organización de la producción (la llamada reforma laboral) desde los propios sindicatos, como parte de las políticas que los monopolios necesitan para afrontar la competitividad mundial.
Tal como sucedió con el gremio petrolero durante el gobierno macrista cuando se acordaron nuevas formas de flexibilización de las condiciones laborales en Vaca Muerta, el gobierno nacional y popular junto a los sindicatos que abiertamente se presentan como garantes e impulsores repiten la fórmula. Nada más que adornada con la fraseología populista, algo más edulcorada que la fraseología “neoliberal”, pero en la que ambas coinciden: poner las fuerzas del trabajo al servicio de las nuevas necesidades del capital monopolista mundial.
El disfraz de la explotación bajo las ropas de la colaboración es un traje que le sienta a medida a la burguesía monopolista, que necesita como el agua flexibilizar las normas laborales para afrontar la crisis estructural capitalista, cuyo uno de sus factores principales es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, la que intenta ser amortiguada con una baja sostenida de la masa salarial a nivel mundial. El ideal de la clase dominante sería una baja generalizada de salarios lisa y llana que, al no ser posible implementar políticamente, es aplicada mediante un aumento sensible de la productividad, lo que es lo mismo que decir un aumento de la superexplotación que redunde en obtener mayor masa de plusvalía, lo que es igual a rebajar salarios pero por otra vía.
La masa de trabajadores es convidada de piedra en todo este asunto. Las “representaciones” sindicales hablan y actúan por ellas, al mismo tiempo que en la base despliegan con toda su artillería sus argumentos que, en esencia, redoblan la apuesta con la política de conciliación de clases. Una política en la que los trabajadores acordarían las condiciones de explotación “más favorables” a los fines de que las empresas crezcan y, en consecuencia, ese crecimiento beneficie a todos. Mientras tanto los sindicalistas, que hace rato no pisan una fábrica para trabajar, seguirán viendo acrecentar sus fortunas desde sus confortables sillones.
Allí radica el principal escollo político que el proletariado argentino debe afrontar. Sacarse de encima estas cúpulas sindicales que en su papel de representantes de los intereses burgueses, además de elaborar y presentar planes a su medida, trabajan y militan en aplastar toda posibilidad de organización independiente de la clase con el objetivo de disciplinar la fuerza laboral, ya no sólo para que no luche por sus intereses inmediatos sino, y fundamentalmente, para retrasar la ruptura política e ideológica con la clase dominante y erigirse en una clase con una política independiente de la misma.
Este problema político de nuestra clase debemos debatirlo en profundidad en su seno, aun cuando hoy todavía no se vean los efectos de las políticas en marcha. Hay numerosos núcleos de activismo obrero que se viene organizando para enfrentar esta realidad y desde allí hay un punto de partida muy importante para transitar el camino necesario de derribar a estas dirigencias pro monopolistas y avanzar hacia una política propia de los trabajadores que permita enfrentar los planes de la burguesía en todos los planos de la lucha: económica, política e ideológica.
Una vez más quieren entregar de pies y manos a los trabajadores. Y no hay que permitirlo.