En épocas del poder monopolista, la democracia burguesa o representativa, no le sirve ni a la propia burguesía, que sólo la utiliza de nombre para confundir, intentar engañar y encubrir las decisiones políticas autocráticas que responden a los negocios del gran capital.
Las dictaduras militares han aplicado la suma del poder público sin tapujos, a través de la prepotencia militar, la más atroz represión y los crímenes generalizados contra trabajadores y pueblo en general.
Desde la conquista de la democracia, cuando Alfonsín, acorralado por las demandas populares, decretó la “economía de guerra”, asumiendo la suma del poder público mediante los decretos de “necesidad y urgencia”, todos los gobiernos posteriores, sin excepción, han recurrido a la suma del poder público en forma creciente, a medida que las contradicciones entre el trabajo asalariado y el capital, o sea entre la producción cada vez más social y la concentración y centralización económica se profundizan haciendo insoportable la continuidad del sistema capitalista.
En todo este período no hubo fuerza política que,durante las campañas electorales en las que prometiera el oro y el moro, no reivindicara también la “democracia”. Sin embargo, al momento de asumir el gobierno, el primer acto fue el de meter en el parlamento (nacional, provincial y, a veces, hasta en los concejos municipales) un paquetazo de medidas llamadas de “necesidad y urgencia” que no son otra cosa que la suma del poder público y el cese de la discusión parlamentaria sobre lo que cada uno de ellos consideraba que son los puntos centrales que obedecen al poder monopolista.No porque el parlamento pueda poner freno a las apetencias del capital monopolista sino por la simple razón del entorpecimiento a la velocidad, expeditividad y uniformidad que requieren los negocios actuales. Recuérdese que el gobierno de Menem llegó incluso a cuestionar la validez y continuidad del parlamento.
Es que cualquier gobierno de los monopolios, sea del signo político con el que se disfrace, necesita la centralización política para avanzar sobre los ejes fundamentales que hacen a la vida del sistema, que no apuntan a otra cosa más que a la realización de sus ganancias sobre las espaldas del pueblo trabajador, y eso es imposible hacerlo con efectividad mediante el juego de la “democracia” aunque ésta sea burguesa o formal.
Para la aprobación parlamentaria de esos paquetes, cada gobierno instrumentó un sistema de pagos y “comisiones” que se hicieron ampliamente conocidos por el gran público, durante el gobierno de De la Rúa, gestión Flamarique, con la aprobación de la ley de flexibilización laboral mediante el soborno a legisladores oficialistas y de la supuesta oposición, quienes cerraron filas mediante el pago de jugosas partidas. Por eso se la llamó ley Banelco debido a que los depósitos de las coimas se hacían, se dijo, a través de dicha tarjeta.
Si bien habían existido profusos antecedentes de tales prácticas entre legisladores y gobiernos, el escándalo mencionado lo hizo de dominio público generalizado.
La democracia representativa o democracia burguesa no sólo es inoperante para el pueblo y el propio sistema, sino que, además, es un nido de alojamiento de corrupción y reproducción de la misma que lleva el sello propio de la descomposición del sistema capitalista en su fase decadente y moribunda, convirtiéndola en tapón de desarrollo de las potencialidades de la sociedad trabajadora.
Democracia burguesa, corrupción y contaminación para negocio de unos pocos, van de la mano y son inseparables.
La aprobación de la ley 9209 por el parlamento de Mendoza es un ejemplo más de dicha corrupción generada y fomentada por el interés monopolista de la explotación de la megaminería en contra de los intereses de los más amplios sectores del pueblo mendocino, y del país todo, ya que se trata de la destrucción del agua como fuente de vida para su conversión en líquido destructor de la misma con el solo fin de obtener acumulación capitalista que a nuestro pueblo no le sirve de nada, y por el contrario, lo destruye.
Acá no está apuntado sólo el gobierno del corrupto y antihumano gobernador Suárez. También están involucrados legisladores provinciales de uno y otro bando (de Cambiemos, peronistas, etc.), el propio presidente Fernández quien el 18-12 ante empresarios aseguró que ya se había saltado el obstáculo que frenaba la actividad minera en Mendoza para que los grandes monopolios mundiales clavaran sus garras en el suelo de dicha provincia a fin de extraer los frutos de la piedra y el subsuelo. También el “renegado” ministro de medio ambiente Cabandié se hizo el desentendido al afirmar que el problema de la minería era de la provincia, desconociendo que los ríos, el territorio y el medio ambiente en general se envenenan afectando a todo el país y la región de esta parte del planeta.
Democracia burguesa en los papeles, autocracia en los hechos, sostenimiento del sistema corrupto en su extrema descomposición para el enriquecimiento de los monopolios a costa de las vidas de los pueblos, son las lacras que como trabajadores deberemos enfrentar hasta la eliminación del poder de esta clase burguesa destructora de vida. El pueblo de Mendoza nos muestra el camino movilizado en la calle, con unidad, democracia directa, organizando fuerzas, protegiendo las fuentes de agua, el medio ambiente, defendiendo la vida y combatiendo a la muerte que traen estos monopolios y sus gobiernos.