En un programa periodístico de un canal de cable, un funcionario del gobierno nacional opinaba sobre el aumento de los precios de la canasta familiar; en sus comentarios afirmaba que es necesario volver a las épocas en las que había una empresa láctea en cada provincia, para así ir en contra de los monopolios de la leche que fijan los precios a su antojo.
Podríamos decir que sorprende la candidez del funcionario. Sus deseos de volver atrás la rueda de la concentración y centralización de capitales es propio de una opinión de un ciudadano en la mesa de un café, más que la de un político que conoce, sin lugar a dudas, el funcionamiento de la economía y el papel que juegan las empresas monopolistas en la formación de los precios y, por ende, en el aumento de la inflación.
Así que dicha candidez es una pantalla. El funcionario es parte del discurso que el gobierno nacional elabora para convencer que con “buena voluntad”; con “acuerdos entre caballeros”; con “pactos sociales” conversados en una larga mesa en la que confluyen gobiernos, empresas y sindicatos, se podrá disciplinar a la burguesía monopolista que tiene el poder del Estado en la Argentina. Y a la que el funcionario pertenece.
Está quedando más que claro que los únicos que están dispuestos a respetar esos acuerdos son los jerarcas sindicales, que cotidianamente militan a través de las estructuras de los sindicatos la política del “esfuerzo compartido”, intentando convencer a los trabajadores para que posterguen sus demandas salariales en un escenario en el que los ingresos de las familias siguen siendo devorados por los aumentos, las deudas acumuladas y las pérdidas sufridas durante los años anteriores.
Es que ese es el corazón del plan de la burguesía monopolista y su gobierno. Disfrazar de esfuerzo compartido al único esfuerzo que le quieren imponer al pueblo trabajador, sin ceder un ápice la rentabilidad de sus negocios.
Todo lo demás es cartón pintado. Es discurso populista que por un lado pregona equidad mientras por el otro todos los días firma resoluciones para garantizar a los poseedores del capital ventajas que al resto del pueblo se le niegan.
Por ejemplo: el “cepo solidario” que grava con el 30% la compra de dólares para ahorro sólo alcanza a los particulares. Las empresas de todas las ramas de la economía tienen garantizados precios convenientes para importar y exportar productos y, además, se les garantiza la libre disponibilidad de las divisas para girarlas a sus casas matrices.
Ayer miércoles, se firmó el acuerdo que suspende los despidos y suspensiones en los yacimientos de Vaca Muerta. Eso fue posible porque el propio presidente Fernández prometió a las empresas una nueva ley para fomentar la actividad (léase, nuevas concesiones y prebendas); las petroleras aceptaron el acuerdo, pero además consiguieron que mientras se trate y apruebe la ley el gobierno condone el pago de las cargas sociales “como un gesto ante este período de crisis”.
El gobierno arma su discurso acuerdista; las empresas dicen acordar pero apenas traspasan las puertas de los despachos aumentan precios, suspenden y despiden trabajadores (lo que al mismo tiempo utilizan para conseguir más concesiones); y los sindicalistas “garantizan” la paz social.
Así funciona el pacto social, ni más ni menos.
Mientras tanto los funcionarios en televisión afirman sin ponerse colorados que hay que volver a las épocas en las que no había monopolios.
Hay que desnudar este libreto en el seno de las masas trabajadoras, que ya comienzan a palpar que las heladeras siguen vacías mientras las cuentas bancarias de los monopolios no sufren disminución alguna. Al contrario, continúan aumentando.
Y simultáneo a desnudar el libreto hay que seguir preparando las fuerzas desde abajo, hoy con los sectores más decididos y dispuestos a sumar voluntades para quebrar este pacto con la única fuerza capaz de hacerlo: la organización y lucha con una política de clase independiente de todas las políticas de la burguesía monopolista y las estructuras a su servicio.