El tema de la deuda con los acreedores “externos” ocupa el centro entre todos los temas que se tratan y discuten en los niveles más altos de la política nacional. El mismo, le sirve al gobierno de turno para ocultar y ensombrecer el problema central que sufrimos las masas trabajadoras de obreros, pueblo y sectores marginales, cual es el ingreso individual que percibimos y los recursos que el Estado destina a lo que se llama comúnmente “gasto social”: jubilaciones, salud, educación, vivienda, “ayudas sociales”, etc.
Ante cada reclamo del pueblo se pone como escudo el tema de la deuda. Nos dicen, debemos pagar la deuda y es por ello que no se pueden aumentar salarios, jubilaciones, los remedios deben pagarse más caros, hay carencias en hospitales, etc.
Lo que no nos dicen es que la deuda es un mecanismo, deliberadamente puesto en funcionamiento, para apropiarse de una cantidad enorme de plusvalía que, de otra manera, hubiera sido un procedimiento mucho más lento.
Lo que no nos dicen es que el Estado, a través del gobierno de Macri, fue el que acordó, con los sectores más concentrados del capitalismo financiero mundial, este mecanismo disfrazado de préstamo para cobrarse unos porcentajes de ganancias enormes que tan pronto como ingresaron a las arcas del Estado argentino, salieron por la puerta de atrás y hoy están en manos de los mismos sectores financieros que facilitaron tal cosa a través del FMI.
No es menor el rechazo de las grandes mayorías al ajuste (aumento de tarifas, baja de salarios, etc.) elemento que profundiza la ingobernabilidad de la burguesía y profundiza sus contradicciones.
Lo que no nos dicen es que el Estado, a través del gobierno de los Fernández, es el que convalida la continuidad del saqueo pagando una supuesta deuda por un préstamo que nunca se utilizó para otra cosa más que para satisfacer las apetencias de esos sectores monopolistas. ¡Ningún medio dólar fue destinado a nada que pudiera beneficiar al pueblo laborioso! Pero, sin embargo, se convalida el saqueo que pretende prolongarse en el tiempo bajo el rigor de una espada de Damocles que pende sobre las cabezas del pueblo, bajo el nombre de deuda.
Nunca hubo necesidad de parte del pueblo que hubiese impulsado un tal préstamo. La prueba está en que, de los 57.000 millones de dólares que “acordó” el FMI enviar a la Argentina, 44.000 millones fueron dados al Estado nacional y, así como llegaron, pasaron a manos de los fondos y grupos de inversión que hoy son quienes tienen en sus manos, además de esos dólares frescos, los papeles (promesas de pago en forma de bonos o documentos) que son las herramientas a través de las cuales se pretenderá seguir cobrando no sólo el capital nominal impreso en dichos bonos, sino también, los intereses que devengan con el paso del tiempo.
Lo que no nos dicen es que el gobierno anterior ejecutando el mecanismo de saqueo descrito, y el gobierno actual, convalidándolo, están disponiendo de todo el esfuerzo de una sociedad trabajadora al servicio de lo más concentrado del gran capital financiero internacional.
Lo que no nos dicen es que ésta es una forma súper acelerada de lograr enormes ganancias y que esos monopolios, con la inestimable “ayuda” del Estado, (ponemos ayuda entre comillas ya que se trata de la función fundamental del Estado al servicio de esos monopolios: aprobar y ejecutar las políticas que garanticen el sostenimiento y aumento de sus ganancias) han dado una vuelta más de tuerca en la superexplotación de la fuerza de trabajo de todo el país, y que también han supeditado a los capitales más débiles a “contribuir” compulsivamente al aporte de sus ganancias a costa de condiciones más paupérrimas de vida, estableciendo así un nuevo nivel de ejecución de los negocios en Argentina.
Lo que no nos dicen es que las luchas por el apoderamiento de plusvalía entre los distintos grupos financieros, se incrementa, y se profundizan, en consecuencia, las disputas políticas entre ellos mismos haciendo más débil sus posibilidades de gobernabilidad.
Lo que no nos dicen es que los grupos monopolistas más fuerte que actúan en nuestro país, son parte de ese capital financiero internacional que hoy “negocia” con el gobierno las condiciones del pago de la deuda y que, a través de sus negocios que pueden ser la industria petrolera, minera, cerealera, automotriz, siderúrgica, famacéutica, ganadera, etc., no resignarán ni un mínimo porcentaje de sus ganancias para el “pago” de dicha deuda y que, en consecuencia, los recursos se sacarán del llamado gasto social según lo definimos más arriba, y de los ingresos de trabajadores y pueblo en general.
Lo que no nos dicen es que ningún organismo e institución estatal investigará este fraude organizado contra el pueblo trabajador y que los responsables de tal descalabro y crimen organizado seguirán siendo “respetables funcionarios y hombres o mujeres de negocios”.
Pero lo que podemos decir y anticipar nosotros es que la lucha de clases entre los interese monopolistas descritos y los intereses de la clase obrera y pueblo trabajador se profundiza con todo esto y se inflama hasta niveles que conducirán a grandes enfrentamientos y que nuestro pueblo sabe cómo tratar esta infamia y a sus responsables… El tiempo dirá.