Las noticias de muertes evitables de niños de la comunidad wichí en la provincia de Salta conmueven hasta las lágrimas y rebelan la sangre.
Pero hay algunos que lloran lágrimas de cocodrilo.
El actual gobernador, Gustavo Sáenz, declaró que “siente vergüenza” y que “la ausencia del Estado es muy grande”. Ni una palabra sobre las afirmaciones de una de sus ministras que dijo que las muertes son comunes en esta época del año. Cuentan los muertos como un problema estacional.
Sáenz dice que la ausencia del Estado es muy grande. Y miente. Grandes son los intereses de las corporaciones (que incluyen a los políticos que les sirven) y, por lo tanto, el Estado de los monopolios dice presente en cada medida que adopta y que provoca semejante calamidad.
Sólo entre 2004 y 2015 un millón de hectáreas fueron deforestadas en el chaco salteño. Se calcula que en años anteriores fueron otro millón de hectáreas que sufrieron la deforestación. Todo para permitir negocios madereros, ganaderos y agrícolas. A la falta de agua propia del ecosistema de la región, se le suma que la misma es contaminada con agroquímicos. Las regiones agroganaderas aumentan su valor si demuestran disponibilidad de agua, por lo que se desprende que además de la deforestación la apropiación del agua es parte de la apropiación de los territorios.
Todo esto es posible porque el Estado en manos de los monopolios y los gobiernos que responden a esos intereses garantizan, legal e ilegalmente, el avance de la frontera agropecuaria en desmedro de las poblaciones del lugar, que se ven acorraladas y dejadas en el abandono absoluto. Cientos de proyectos de “reivindicación” de los derechos de los pueblos originarios y criollos fueron aprobados (lo mismo ocurre en otras provincias como Chaco, Santiago del Estero, Formosa) pero sólo sirven para propaganda de los gobiernos y para obtener suculentos presupuestos que van a parar a los bolsillos de funcionarios.
Porque la realidad es incontrastable: año tras año las muertes se siguen produciendo y, al mismo tiempo, el desmonte sigue avanzando.
El gobernador oculta esta situación, por lo que cualquier medida que no vaya contra los intereses de los monopolios no tendrá efecto ninguno para las poblaciones. Se sigue vendiendo que la explotación irracional de los recursos naturales traerá desarrollo y las pruebas son que en todas estas décadas, gobierne quien gobierne, lo único que se logró fue que los monopolios obtuvieran nuevos negocios y mayores ganancias a costa de la vida de los pobladores.
Es en otro orden lo que también pasa con la minería a cielo abierto y el fracking. Todos los gobiernos impulsan esas explotaciones para beneficio de las corporaciones monopolistas.
Y el Estado es la herramienta fundamental con la que cuentan para que ello sea posible.
De allí que el problema no es la ausencia del Estado, sino la presencia de los monopolios que son los dueños del Estado y planifican la explotación contaminante e irracional. Planifican la muerte, ni más ni menos.
El Estado en poder de los monopolios es la causa. No hubo, no hay ni habrá gobierno (nacional, provincial o municipal) que frene esto pues todos les responden sin fisuras.
Es en definitiva el Estado de la burguesía monopolista, no es nuestro Estado.
Por el contrario está contra todos nosotros y por eso hay que luchar para destruirlo y reemplazarlo por un Estado de la clase obrera y el pueblo, que privilegie al ser humano y la naturaleza como factores esenciales que nos permitan construir una nueva sociedad.