En todos los medios de “información” se resaltó el asesinato número 40 en lo que va del año en la ciudad de Rosario. Coincidentemente, fueron 40 disparos ejecutados en una barriada de Villa Gobernador Gálvez estremeciendo a una zona que cotidianamente es testigo de balaceras del mismo tenor.
Mucho se insiste desde la crónica diaria que dichos enfrentamientos y muertes, cada vez más asiduos, son producto de la disputa del narcotráfico, en un marco en el que la facturación se estima, según cifras oficiales, en un millón de pesos diarios por cada fin de semana que comienza el jueves. En ese ensordecedor diversionismo de la prensa amarillista, de crímenes cotidianos y de negocios muchos más grandes que se esconden detrás del narcotráfico, se machaca la ausencia del Estado o sencillamente, “¿por qué el Estado no hace nada?”.
En esa misma pregunta está la trampa.
Mucho se habla, y no deja de ser cierto, de la corrupción de funcionarios en la trama criminal del negocio. No sólo son las series televisivas que desnudan esta realidad, y que es la comidilla consabida de la población, gracias al entramado que vemos y vivimos todos los argentinos cuando las casas operativas de estas mafias son apañadas y protegidas por la policía.
Pero la trampa es estructural.
El aspecto central es que el Estado, en el tema que estamos tratando, está bien presente; y es el que está dirimiendo entre la diversidad de bandas que disputan el terreno palmo a palmo. No se trata solo de funcionarios del Estado embretados en el negocio. Se trata fundamentalmente de que el Estado, como instrumento de la burguesía monopolista ocupa un lugar de privilegio en esa disputa por centralizar y apropiar los capitales del narcotráfico. Y es dentro del propio Estado en el que se disputan las distintas facciones de poder.
Hablar de que el Estado está ausente es minimizar el verdadero papel del mismo y pedirle que el zorro dentro del gallinero se llame a sosiego.
Cabe recordar que los orígenes de muchas mafias internacionales fueron generadas desde el Estado. Nacieron y se consolidaron desde esa matriz. Las disputas dentro de los Estados, y ya no sólo por el narcotráfico sino también por la trata, el juego, la venta de órganos, el lavado de dinero, etc., no podrían desplegarse como se despliegan sin la presencia de los Estados y sus instituciones.
Sin embargo el Estado actual, bajo cualquiera de las administraciones que existan, está sometido también a las mayores aspiraciones de justicia que provoca un sistema cada vez más injusto. Este funcionamiento criminal del Estado está siendo sometido a una creciente movilización de miles y miles que salen a reclamar justicia. No es casual que, tanto Rosario como en Santa Fe, sean baluartes de estos reclamos. Cada vez más aparecen en las noticias amarillistas cómo en las barriadas se queman casas de criminales y a la vez se ejerce una justicia directa por parte de víctimas de tales situaciones límites.
Alentamos esas movidas que desnudan al Estado como partícipe directo y entrelazado con los negocios y disputas mafiosas. Un Estado que, como pasa en el propio Rosario, alcanza entre otros a los monopolios de la carne, cuyas fuerzas de choque son el sindicato, también entrelazado con las barras de los clubes locales. El papel represivo contra los trabajadores lo ejerce el monopolio que controla el Estado, y que al mismo tiempo utiliza las fuerzas lúmpenes que dice combatir.
Sólo la movilización extendida desde abajo para reclamar justicia organizando a la vez, paralelamente al Estado, para crear un poder que neutralice primero y luego quiebre el poder estatal embretado en el negocio mafioso, es la forma de enfrentar con las masas toda esta situación.