El viernes pasado (21 de febrero) Alberto Fernandez llamaba a “dar vuelta la página” en relación a las fuerzas represivas, en un afán mas de la burguesía por reconstituír la desecha imagen que todos los cuerpos represivos tienen en nuestro país, desde la policía hasta el ejército. El lunes (24 de febrero) el presidente salió –al mejor estilo Macri- a “pedir perdón” por sus dichos. El martes (25 de febrero) la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a apoyar los dichos negacionistas del presidente y a reprocharle la reculada “(Alberto) no debería haber pedido perdón”. Este miércoles (26 de febrero) Hebe de Bonafini también salió a apoyar a Fernández declarando, entre otras cosas, que “el ejército tiene que salir a la calle para ayudar en los barrios, el gobierno no puede hacer todo”.
No queremos detenernos en lo aberrante de toda esta sarta de declaraciones negacionistas, que buscan salvar la podrida institución del ejército y darle algo de credibilidad ante los ojos de millones de argentinos que sabemos, porque lo vivimos a diario, que el papel de las fuerzas represivas no se limita a su accionar durante la década del 70’ sino que tiene correlato directo en su relación con el narcotráfico, con la trata de personas, con el gatillo fácil, y la defensa en general del gran capital frente a cualquier conflicto político o sindical (desde los territorios aborígenes y públicos, hasta la represión gremial).
Pero los espadachines del progresismo se pasan de obvios. El día de ayer los obreros de Cresta Roja realizaron un corte en la entrada de la planta II, en Esteban de Echeverría, cuando las fuerzas represivas (G.A.P., Infantería y policía bonaerense) desataron la represión. Una represión donde los trabajadores, a pesar de no estar preparados para el enfrentamiento, supieron dar respuesta con lo que tenían a mano.
El caso de Cresta Roja es paradigmático: el conflicto arranca en el 2015, todavía gobierno de Cristina Kirchner, donde por cierto no faltó la represión. Como parte de su campaña electoral, Macri prometió dar soluciones a los obreros despedidos y, una vez asumido el poder, lo único que recibieron los obreros fueron más palos y más despidos. Ya para el 2019, conflictos como el de Cresta Roja también fueron centro de la campaña electoral del Frente de Todos, si el mismo Alberto Fernandez hace pocos días nada más (19 de febrero) llegó a decirle a los trabajadores “No me olvido de ustedes, compañeros (¡sic!)” ¡Y vaya si no se olvidó! ¡Bien presente que lo tenía! Ante la falta de respuestas, los despedidos fueron a bloquear un portón, y la respuesta fue represión. Si hay algo en común que mantuvieron los últimos tres gobiernos nacionales fue justamente su accionar represivo frente a los conflictos obreros: esa es la verdadera política de Estado de Cristina, de Macri y de Alberto.
El sistema con su aparato represivo no da puntada sin hilo: la intentona del presidente de reivindicar a las Fuerzas Armadas y de las titulares de organismos de derechos humanos dándole aire al discurso negacionista y llamando literalmente a los milicos a la calle, demuestra a las claras cómo todas las instituciones del Estado Capitalista se encuadran y se alinean para defender los intereses de las grandes empresas. El secreto es que para pagar la deuda externa y para otorgar las dádivas prometidas a las grandes multinacionales (que son los verdaderos patrones de Fernández) es necesario continuar el ajuste al pueblo trabajador, y para poder continuar dicho ajuste, hay que tener a las fuerzas represivas en la calle. Ese es el verdadero plan político y económico del gobierno nacional.