Dos hechos en los que aparece, nuevamente, involucrada alguna fuerza de seguridad del aparato represivo del Estado. Dos hechos que recortamos de una innumerable lista de acciones violentas que se replican en peligrosa escalada en estos tiempos de cuarentena en el AMBA.
Uno de ellos aconteció en Berazategui, en el sur del Gran Buenos Aires. Es el caso de Diego Arzamendia, que fue acribillado frente a la estación del tren. Según el fiscal del caso, se trató de “legítima defensa”, porque la víctima portaba un cuchillo y estaba, según la versión policial, involucrado en otro caso, el de Augusto Iturralde, acontecido el 14 de junio, que fue acribillado a tiros por un agente de la policía de la Ciudad, en una supuesta situación de robo. Iturralde, de 25 años, recibió 9 (sí, nueve) disparos. También fue en Berazategui.
El otro caso es el de Facundo Scalzo. Dos tiros por la espalda efectuados por personal de Gendarmería en el Barrio Rivadavia, al lado de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. La fuerza habla de un tiroteo, pero las versiones de los vecinos indican que en realidad se trató de una ejecución. Hay tres gendarmes detenidos por este hecho de violencia institucional.
Como señaláramos, podríamos extendernos en el relato de episodios similares que no muestran otra cosa que la exacerbación de la violencia policial y de otras fuerzas de seguridad en los barrios. Violencia institucional que se multiplica.
Podrían ser cientos los ejemplos. Baleados, golpizas por parte de policías, apremios ilegales, detenciones arbitrarias. Entretanto, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se pasea armado en un operativo en Zárate, blandiendo un arma de grueso calibre, “poniendo el ejemplo” para las fuerzas de seguridad. El mensaje es claro: mano dura, continuidad de la “Doctrina Chocobar”, con lo cual se torna evidente que las supuestas diferencias entre la administración de Cambiemos y la del Frente de Todos son inexistentes. Hay más bien una continuidad que apunta a reforzar el control social, el amedrentamiento de la población y la represión lisa y llana, con el claro propósito de mantener a raya a un pueblo acosado por la miseria, la explotación, el abandono y el hambre. El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado que, a través de sus aparatos represivos, dirige su violencia “legal” contra el pueblo, y eso está avalado por la gran Constitución burguesa, que protege los intereses de la clase dominante.
Berni, con el subfusil recorriendo las calles de Zárate, da el ejemplo. Adoctrina a los uniformados, les muestra cómo deben actuar. El “cuidado” por la seguridad, el “flagelo” de la delincuencia, son y han sido históricamente el argumento de la burguesía para militarizar los barrios y, de ese modo, contener la protesta social y el descontento generalizado que muchas veces se expresa con violencia, en respuesta a la violencia del Estado represivo, que hambrea, despoja y asesina al pueblo.
No importa la jurisdicción ni la orientación política: en eso, están todos de acuerdo. La Ministra Frederic, en la misma sintonía, dijo públicamente que las fuerzas a su cargo hacen ciberpatrullaje en las redes sociales para “detectar el humor social”. Traducción: se trata de controlar a la población, amedrentar la libertad de expresión, generar una suerte de autovigilancia que va en desmedro del ejercicio de esa libertad.
En suma, advertimos que el Estado aprovecha la situación generada por la pandemia para aumentar el control sobre la población a través de diferentes modos de vigilancia (en las redes, en la calle) que atentan seriamente contra las libertades políticas.
Debemos denunciar y luchar contra estas prácticas que la burguesía justifica de diferentes modos, cono lo ha hecho históricamente: hoy, la presencia policial multiplicada en los barrios resulta necesaria, nos dicen, para controlar el distanciamiento social y el cumplimiento de la cuarentena. Se trata de un nuevo engaño: van introduciendo una práctica con la clara intención de naturalizarla, para que aceptemos esa vigilancia y ese control.
La burguesía atraviesa una crisis política de envergadura y es por ello que se prepara, ante la seria posibilidad de desbordes sociales y enfrentamientos en un contexto de empobrecimiento, falta de trabajo y severo deterioro en las condiciones de vida.
Defendamos nuestro derecho a expresarnos y repudiemos con hechos el ataque del Estado a nuestras libertades políticas. Es hora de profundizar la organización en los barrios y en los ámbitos laborales para enfrentar a este poder que se nos opone a la clase trabajadora y al pueblo.